Vivir y dormir en la calle

Fuente:   El Diario Vasco

Por   Manuel Lezertua Rodríguez

Ararteko

17/05/2025

 

La presencia de personas viviendo en las calles de los pueblos y las ciudades vascas se ha convertido en imagen habitual. Proliferan noticias sobre desalojos en asentamientos improvisados o pabellones abandonados, que afectan a personas sin red de apoyo comunitario. Los recuentos censales nocturnos realizados reflejan una preocupante tendencia al alza en el número de personas que duermen en la calle, y es alarmante el aumento de mujeres en esta situación. Este fenómeno no es exclusivo de Euskadi sino una realidad compartida con toda la UE. La Encuesta sobre Personas sin Hogar elaborada por Eustat revela un incremento del 15,2% de los recursos destinados a centros de atención respecto a 2020. El aumento del sinhogarismo genera una preocupación creciente pero la respuesta a esta patología social es insuficiente.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017 aborda las necesidades de las personas sin hogar, y exige para ellas alojamiento y servicios adecuados para promover su inclusión social. La Declaración de Lisboa acordada en la Conferencia de Alto Nivel en 2021, reforzó este compromiso, a través de la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, que insta a erradicar el sinhogarismo antes de 2030 de manera que nadie duerma a la intemperie por falta de un alojamiento de emergencia accesible, seguro y apropiado. Por otro lado, la Carta Social Europea (revisada) obliga a adoptar políticas públicas efectivas que prevengan la exclusión residencial. La infravivienda o el chabolismo incumplen las obligaciones derivadas de la adhesión a este instrumento jurídico europeo.

En la misma línea, la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible recoge la necesidad de erradicar la pobreza en todas sus formas, así como la garantía de acceso universal a viviendas adecuadas y seguras. De hecho, Euskadi, en concreto Bilbao, es sede de la Coalición Local 2030 de las Naciones Unidas, lo que implica un mayor compromiso aún a la hora de garantizar el cumplimiento, en el ámbito vasco, de estos Objetivos, estrechamente vinculados al disfrute de derechos básicos de la persona y a su inherente dignidad. Los sistemas de protección social, las políticas contra la pobreza, el acceso a vivienda seguras y asequibles o la posibilidad universal de espacios públicos, seguros, inclusivos y accesibles son metas irrenunciables a alcanzarlos.

En este contexto, el cumplimiento de la II Estrategia Vasca contra la exclusión residencial grave 2024-2028, impulsada por el Gobierno vasco, debe convertirse en una prioridad. Según esta Estrategia, todas las personas sin hogar en Euskadi deberían disponer para 2028 de una alternativa habitacional, acompañada de apoyos suficientes para desarrollar una vida autónoma. Este objetivo ineludible requiere compromisos firmes y recursos suficientes, mediante la puesta en práctica de las medidas ya previstas para su consecución. El enfoque multidimensional de esta Estrategia Vasca, basado en la cooperación interdepartamental e interinstitucional, y en la gobernanza participativa, resulta plenamente coherente con los estándares europeos e internacionales.

El Ararteko sigue recibiendo quejas reiteradas sobre necesidades perentorias de alojamiento y dificultades de acceso a la vivienda. Se trata de un problema estructural, que desborda las capacidades de los servicios sociales municipales. Sus profesionales se enfrentan a la falta de soluciones habitacionales duraderas. Sin acceso a una vivienda digna, es difícil o imposible, articular una intervención social eficaz, capaz de revertir la marginación y el aislamiento social. Las capitales y ciudades de mayor población concentran el mayor número de plazas y servicios, Por ello, es a ellas donde acude el mayor número de personas en busca de atención social, agravando así la carencia de plazas disponibles en los recursos sociales municipales, convirtiéndola en insuficiencia crónica.

Por todo ello el Ararteko hace suyo el llamamiento de las instituciones: nadie debe dormir en la calle, ni en asentamientos informales o chabolas. Para conseguir ese objetivo será preciso promover un cambio de enfoque: el sin hogarismo no puede seguir siendo abordado desde una lógica de emergencia o meramente asistencial. Requiere de una respuesta estructural y consensuada, en clave de derechos humanos; atendiendo específicamente a las situaciones de exclusión y vulnerabilidad, mediante políticas públicas estables que impliquen a los diferentes departamentos y niveles institucionales. Esto es, una auténtica respuesta de país. Una sociedad europea avanzada, como la vasca, no puede permitir que haya personas que vivan sin derecho a la dignidad. El tiempo de los diagnósticos y las declaraciones ha pasado. Contamos con datos, normativa y estrategias. Ahora toca hacerlas efectivas.