Los obispos de Washington presentaron el jueves una demanda impugnando una nueva ley estatal que exige a los sacerdotes violar el secreto de confesión si sospechan de abuso de menores.
Fuente: The Pillar
Por Michelle La Rosa
29/05/2025
Un confesionario católico. Crédito: Angela Marie vía Flickr. (CC BY SA 2.0)
La demanda del 29 de mayo argumenta que la nueva ley viola las protecciones a la libertad religiosa de la Primera Enmienda, así como la Cláusula de Igual Protección de la 14ª enmienda y la Constitución de Washington.
“La confesión ofrece a los fieles un espacio confidencial para buscar la misericordia y la guía de Dios. Esta confianza es sagrada, y cualquier ley que la ponga en peligro corre el riesgo de desanimar a quienes reconocen el daño que han causado al buscar guía moral”, declaró Jean Hill, directora ejecutiva de la Conferencia Católica de Washington.
La demanda sostiene que la ley constituye discriminación religiosa, porque exige que los sacerdotes violen las normas de la Iglesia Católica para cumplir con los requisitos de presentación de informes, mientras que al mismo tiempo exime explícitamente a muchos otros grupos de esos requisitos.
Se acusa a la nueva legislación de “poner al clero a elegir entre el castigo penal temporal y la condenación eterna, interferir en el gobierno interno y la disciplina de la Iglesia Católica y apuntar a la religión para la abrogación de todos los privilegios”.
Según la demanda, las tres diócesis católicas de Washington tienen políticas de denuncia de abusos que “van más allá de lo que exige la ley de Washington”, con la única excepción de la información obtenida en el sacramento de la confesión”.
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El gobernador de Washington, Robert Ferguson, firmó una ley el 2 de mayo que obliga a los clérigos a denunciar cualquier sospecha de abuso infantil. La ley no permite una exención si el conocimiento de la sospecha de abuso surge a través del sacramento de la confesión.
La legislación fue aprobada por 64 votos a favor y 31 en contra en la Cámara de Representantes y 28 en contra en el Senado. Entra en vigor en julio.
Varios intentos anteriores de aprobar una legislación similar habían fracasado en el estado de Washington debido a preocupaciones sobre la libertad religiosa en relación con la falta de exención de la información obtenida en la confesión.
En la Iglesia Católica, los sacerdotes no pueden divulgar nada revelado en el sacramento de la confesión, por ningún motivo; y si lo hacen, sufren la pena canónica de excomunión, una sanción grave en la Iglesia.
El derecho canónico establece que: “El secreto sacramental es inviolable; por lo tanto, es un delito que un confesor traicione de cualquier manera a un penitente con palabras o de cualquier otra manera o por cualquier motivo… Un confesor que viola directamente el secreto de confesión incurre en una excomunión automática (latae sententiae) reservada a la Sede Apostólica”.
Los obispos de las tres diócesis de Washington se han unido en su oposición a la legislación, enfatizando que los sacerdotes no pueden y no querrán seguir sus demandas.
El arzobispo Paul Etienne de Seattle dijo en una declaración a principios de este mes que los obispos de Washington habían solicitado una reunión con Ferguson para discutir sus preocupaciones, pero que el gobernador no respondió a su solicitud.
La demanda del jueves fue presentada en nombre de los obispos de las tres diócesis de Washington, así como de varios sacerdotes del estado, por el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, la organización sin fines de lucro First Liberty Institute y el bufete de abogados WilmerHale.
La Arquidiócesis de Seattle y las Diócesis de Yakima y Spokane han adoptado “políticas que van más allá en la protección de los niños que los requisitos actuales de la ley de Washington sobre la denuncia del abuso y la negligencia infantil”, dice la demanda.
Estas políticas incluyen requisitos de presentación de informes tanto para el clero como para los empleados laicos que tengan motivos razonables para sospechar abuso o negligencia infantil.
“La única excepción a este requisito autoimpuesto de informar, basado en más de 2.000 años de doctrina de la Iglesia, es la información obtenida por un sacerdote únicamente en el confesionario y, por lo tanto, protegida por el secreto confesional sacramental”, argumenta la demanda.
Al mismo tiempo, el estado ha mantenido e incluso ampliado las exenciones a los requisitos de informes obligatorios para ciertos miembros no clérigos, dice la demanda, incluidos abogados y cónyuges.
Se hace referencia al lenguaje de la ley que especifica: “Excepto los miembros del clero, nadie estará obligado a informar en virtud de esta sección cuando obtenga la información únicamente como resultado de una comunicación privilegiada”.
Los supervisores no religiosos siguen recibiendo exenciones cuando se tiene conocimiento de abuso y negligencia infantil a través de comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente, cónyuge, pareja de hecho u otras. Esto incluye a los supervisores no religiosos de organizaciones deportivas juveniles, organizaciones de scouts juveniles y cualquier otra organización que tenga contacto regular con menores, añade la demanda.
Esas exenciones dejan claro que la nueva ley ataca la religión de manera inconstitucional, argumenta la demanda.
Muchos estados de EE. UU. incluyen a los miembros del clero entre los informantes obligatorios, pero casi todos los demás estados eximen la información revelada en la confesión.
En 2016, la Corte Suprema de Luisiana dictaminó que los sacerdotes no podían ser obligados por ley a violar el secreto de confesión para denunciar presuntos abusos.
El 5 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que estaba iniciando una investigación sobre “el aparente conflicto entre la nueva ley del estado de Washington y el libre ejercicio de la religión bajo la Primera Enmienda, una piedra angular de la Constitución de los Estados Unidos”.
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