martes, 9 de abril de 2024

La iniciativa legislativa por la regularización de migrantes se enfrenta a una votación incierta

A las tres de la tarde, el pleno del Congreso decide si toma o no en consideración la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización extraordinaria de personas migrantes, sin que esté claro aún la postura del PSOE y el PP.

Fuente:   Noticias Obreras

Por   José Luis Palacios

9 abril 2024

 

La iniciativa ciudadana impulsada por entidades de migrantes con el apoyo de la plataforma Esenciales y la fundación Por Causa, ha recabado más de 600.000 firmas y el respaldo de unas 900 organizaciones sociales.

La Iglesia española, desde el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a organizaciones de atención social como Cáritas o Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), pasando por las congregaciones religiosas (CONFER), Justicia y Paz o la propia HOAC, avalan la propuesta ciudadana.

Argüello, en la red social antes conocida como Twitter, ha expresado que “un primer paso de salud ética y democrática es admitir a trámite el debate de la ILP”. En su opinión, se trata de una cuestión de “regeneración de nuestra democracia”, dada “la acogida de una iniciativa del pueblo que planeta, además una ética basada en la dignidad sagrada de toda vida humana, imprescindible para que el Estado no se reduzca a una “banda de ladrones”.

También, defiende la regularización extraordinaria por razones evidentes: “la situación de casi 500.000 personas que ya viven —malviven entre nosotros— trabajan y participan de nuestra sociedad”, por lo que, defiende “regularizar es hacer normal en el Estado lo que ya es normal, aunque con las limitaciones de la ilegalidad, en nuestra sociedad”.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española llama a superar “una polarización provocada por intereses politiqueros y abordar conjuntamente cuestione nucleares para el bien común desde la escucha de todos, el diálogo y el pacto que asegure el respeto a la dignidad humana y el acercamiento al bien común nacional y global”.

Desde 1996, se han promovido nueves regularizaciones extraordinarias indistintamente por gobiernos del Partido Popular y del PSOE.

 

Tramitación no asegurada

Pero de momento, la ILP no tiene asegurada su tramitación fundamentalmente por la postura de PSOE y PP, los partidos con más diputados y diputadas. El primero, por boca de sus portavoces en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, defiende modificaciones parciales al reglamento de extranjería escudándose en el reciente pacto europeo de migraciones y control de fronteras. El segundo alega que ahora no es el momento dada la llegada de migrantes a las costas españolas.

Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el grupo socialista podría variar su posición, ante la presión de la sociedad civil, mientras que el PP, al menos, parece no rechazar de plano abrir el debate.

Los grupos de Sumar, Podemos, ERC, IU, el PNV y EH Bildu ya anunciaron su voto favorable, también Junts, aunque ahora ha optado por esconder  su decisión final. Vox, apegada a la doctrina ultraderechista del reemplazo, mantiene su total oposición.

Desde 1996, se han promovido 9 regularizaciones extraordinarias indistintamente por gobiernos del Partido Popular y del PSOE. Algunas de ellas, contaron con la negociación y el acuerdo de CCOO y UGT, que en esta ocasión han mantenido un clamoroso silencio, a pesar de sus críticas al mal funcionamiento de la Administración en asuntos de extranjería o las modificaciones unilaterales en esta materia, sin contar con el diálogo social, que aplica el Gobierno.

En cualquier caso, la votación de hoy determinará si se la propuesta ciudadana tendrá un recorrido en el Congreso y en el Senado que permita el debate sobre el modelo migratorio y la presentación de las mociones necesarias para ajustarse al marco legislativo y abrir vías de solución a la situación de las personas migrantes que ya están en nuestro país, algunas de ellas, condenadas a trabajar en la economía sumergida y carecer de los derechos de ciudadanía reconocidos para las personas nacidas en España.

 

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