PRESENTACIÓN DEL KOLEKTIBO 47

ETXEBIZITZA DENONTZAT

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

Nota de Prensa – Prentsaurrekoa

 

Fuente:  kolektibo47.org

 

Artículo 47

(euskeraz)

    Todas las personas del Estado Español tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

    La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

 

    Este artículo de la Constitución española establece el mismo derecho ya reconocido previamente en la declaración universal de los derechos humanos y en otros tratados internacionales.

    Desde hace muchos años Euskadi ha sido referente en el Estado en materia de política de suelo y de vivienda. Fuimos la primera Comunidad Autónoma en todo el Estado

1.      en fijar legalmente las reservas de suelo para vivienda protegida en los desarrollos urbanísticos y en establecer la obligación en determinados municipios de utilizar el suelo de equipamiento para destinarlos a alquiler asequible bajo la figura de los alojamientos dotacionales (1994 y luego desarrollado en 2006)

2.     en establecer la calificación permanente de la vivienda protegida (2003) lo que ha permitido que a día de hoy Euskadi cuente con 60.000 viviendas que están  excluidas de la lógica especulativa del mercado,

3.     en reconocer por ley el derecho subjetivo de acceso a la vivienda de las personas, empezando por las personas más vulnerables (2008 y luego extendido en la ley de vivienda  del 2015)

4.    en tomarnos en serio la necesidad de disponer de un parque de vivienda en régimen de alquiler a precios asequibles, multiplicando por tres la dotación presupuestaria. Había en 2001 un parque de viviendas de alquiler de apenas 3.500 viviendas y en 8 años llegó a 15.000 viviendas (cuando EZKER BATUA-IU estuvo en el gobierno: 2001-2009).

    En este sentido, el Estado siempre ha ido a remolque de los impulsos de la política vasca en materia de vivienda. Y no olvidemos que fuimos las fuerzas progresistas las que hicimos posible en el Congreso de los Diputados que se aprobaran la legislación básica en materia de suelo (2007) para poder pinchar la burbuja inmobiliaria, a la que ha seguido la más reciente en materia por el derecho a la vivienda (2023).

    Constatamos ahora la falta de iniciativa y de voluntad política de las Instituciones Vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y la mayoría de Ayuntamientos) en la puesta en marcha de medidas efectivas en orden a resolver el problema de la vivienda. Observamos con gran preocupación la falta de liderazgo, el estancamiento, cuando no la involución, de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco en estos últimos años. Este ejecutivo ha reducido drásticamente su compromiso de construcción de vivienda pública respecto al momento en el que EZKER BATUA-IU estaba en el gobierno (2001-2009).

    El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las funestas políticas de austeridad quizás pudieran haber explicado, en parte, el estancamiento de la acción pública del Gobierno Vasco, pero esta etapa se ha superado con creces. El mercado de la vivienda vuelve a estar en precios máximos históricos y desde las instituciones públicas no se están tomando las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.

    La última iniciativa anunciada (reducir el % de reserva de suelo para vivienda protegida del 75% al 60%) demuestra la falta de compromiso del actual GV con el principal problema que afecta a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables, y su negativa a asumirlo como un problema público que requiere respuestas e intervención desde el sector público. La solución, como se puede constatar, no llegará del mercado e iniciativa privada.

    En materia de vivienda, el Gobierno Vasco ha caído en la autocomplacencia; cuando no en la absoluta desidia o incluso, lo que es más grave, en la desobediencia de leyes propias y ajenas. Resulta muy lamentable que haya sido el propio Gobierno Vasco el que haya recurrido al Tribunal Constitucional, bajo la excusa de una supuesta invasión competencial, los avances sociales exigidos en el derecho a la vivienda por la ley estatal de 2023. Nos genera perplejidad y sonrojo el torpedeo constante del PNV a que la ley estatal por el derecho a la vivienda despliegue sus efectos en materias tan importantes como, por ejemplo, los límites a las rentas de alquiler. Todo ello con el silencio, cómplice, del Partido Socialista. ¿Alguien ha oído decir al Consejero Denis Itxaso cómo piensa cumplir desde Euskadi la obligación, a la que se opone el PNV, de destinar parte de la reserva de vivienda protegida con destino a alquiler asequible?

    A diferencia de la enseñanza pública o la sanidad pública, que se desarrollaron en un terreno desocupado excluido de la lógica especulativa del mercado, el suelo para vivienda está completamente ocupado por el capital privado, que lo ha convertido en uno de los principales medios de acumulación de capital, desde los años 60 del siglo pasado. Incorporar la vivienda al catálogo de servicios públicos universales es imprescindible para garantizar la posibilidad de materializar los proyectos personales y familiares del conjunto de la población vasca.

    El acceso a la vivienda es hoy una de las preocupaciones principales de la ciudadanía de Euskadi.  A la vista de la gravedad de la situación es necesario una participación firme de la sociedad civil para exigir una decidida acción pública institucional que siente las bases de la resolución del problema de la vivienda y que impulse finalmente un gran parque público de alquiler asequible para hacer posible, real y efectivo el derecho a la vivienda.

 

    En este sentido, desde el KOLEKTIBO 47 abogamos por:

1.      Reclamar sin demoras ni excusas el despliegue en Euskadi de la Ley 20/2023, por el derecho a la vivienda, validada en la casi totalidad de su texto por el Tribunal Constitucional. 

2.     Disponer con urgencia de un parque público de suelo para su destino a vivienda protegida en alquiler y a alojamientos dotacionales, que nos permita en Euskadi superar las reservas legales mínimas. En este sentido, exigimos el control de los patrimonios públicos de suelo y de la legislación que los regula, así como la intervención pública de los suelos que estén destinados a vivienda protegida y permanezcan vacantes. Hay que poner de manifiesto que la gran mayoría de ayuntamientos están “estafando” a la población, dedicando a otro tipo de actuaciones municipales lo que por ley tienen que dedicar a vivienda.

3.     Exigir al Gobierno Vasco que se dote de los instrumentos de planificación de vivienda que sean adecuados para no tener que depender de los recursos municipales en el desarrollo de una política propia de vivienda. Las Zonas de Mercado Residencial Tensionado deberán ser objeto de atención prioritaria para el despliegue de estas políticas públicas de vivienda.

4.    Impulsar que el derecho subjetivo de acceso a la vivienda sea real y efectivo en base a la disposición de un parque público o concertado (BIZIGUNE) de vivienda o bien de alojamientos dotacionales.

5.     Para revertir esta situación proponemos un plan de movilización del 2,5% de los ingresos de las Administraciones Vascas para levantar y adquirir, en el plazo de 10 años, 60.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. El dinero público hay que dedicarlo a generar servicios públicos en forma de nuevas viviendas públicas; no al enriquecimiento privado, construyendo viviendas privatizables. Reclamamos que en los próximos presupuestos del Gobierno Vasco al menos el 1% del PIB se destine a inversión en materia de vivienda pública en alquiler. Ello supone duplicar la inversión en política de vivienda.

6.    Reclamar que el destino del suelo de titularidad municipal con destino a vivienda protegida se destine íntegramente a alquiler asequible, tal como ya reclama en la actualidad la Ley 3/2015, vasca de Vivienda.

7.     Intervenir desde las instituciones públicas el mercado de la vivienda en situación de tensionamiento o de desequilibrio, estableciendo en la regulación prohibiciones (por ejemplo, dar uso turístico a viviendas) y regulando el alquiler de habitaciones para evitar situaciones de sobreexplotación y/o discriminación residencial. Para ello será de utilidad el despliegue de una línea específica en materia de Consumo para velar por el derecho a la vivienda en el mercado y atajar las prácticas fraudulentas de algunas agencias inmobiliarias.

8.    Orientar la política fiscal para poder exigir el cumplimiento de la función social de la vivienda en materia de cumplimiento de los deberes de ocupación legal efectiva y de rehabilitación a las personas propietarias.

9.    Establecer por ley obligaciones ciertas de prestación de servicio público a grandes tenedores de vivienda (por ejemplo, titularidad de más de 10 viviendas) utilizando la política fiscal para incentivar y superar estas obligaciones mínimas. Se contemplará la posibilidad de expropiación de uso de las viviendas vacías si no se aceptan las medidas de fomento o, en su caso, de disuasión (canon, ejecución subsidiaria, etc.) para su puesta en alquiler.

10.       Priorizar desde el Gobierno Vasco las políticas de regeneración urbana desde una visión integral urbanística, económica y social. Profundizar al mismo tiempo en las políticas de rehabilitación de viviendas y edificios de vivienda desplegando una red pública de acercamiento de ayudas e incentivos a comunidades de propietarios.

11.  Facilitar a la ciudadanía otras formas de vivir en clave de mutua ayuda y cooperación bajo fórmulas de cesión de uso (cohousing…) evitando todo tipo de especulación en el mercado inmobiliario.

47. artikulua

Pertsona guztiek dute etxebizitza duina eta egokia izateko eskubidea. Botere publikoek eskubide hori gauzatzeko beharrezkoak diren baldintzak sustatuko dituzte eta arau egokiak ezarriko dituzte, lurzoruaren erabilera interes orokorraren arabera arautuz, espekulazioa eragozteko.

Erkidegoak erakunde publikoen hirigintza-ekintzak sortzen dituen gainbalioetan parte hartuko du.

   Espainiako Konstituzioaren artikulu horrek, giza eskubideen adierazpen unibertsalean eta nazioarteko beste itun batzuetan aitortua dagoen eskubide bera ezartzen du.

   Duela urte askotatik, Euskadi erreferente izan da Estatuan lurzoru- eta etxebizitza-politikaren arloan. Estatu osoko lehen Autonomia Erkidegoa izan ginen

1)    hirigintza-garapenetan etxebizitza babestuetarako lurzoru-erreserbak legez finkatzean eta udalerri jakin batzuetan ekipamendu-lurzorua alokairu eskuragarrirako erabiltzeko betebeharra ezartzean, zuzkidura-bizitokien irudiaren pean (1994 eta gero 2006an garatu zen).

2)    etxebizitza babestuaren kalifikazio iraunkorra ezartzean (2003), eta horri esker, gaur egun Euskadin 60.000 etxebizitza daude merkatuaren logika espekulatibotik kanpo.

3)    Legez aitortzea pertsonek etxebizitza eskuratzeko duten eskubide subjektiboa, pertsona ahulenetatik hasita (2008 eta gero hedatuta 2015eko etxebizitzaren legean)

4)    Alokairuko etxebizitza-parke bat arrazoizko prezioetan izateko premia serioski hartzea, aurrekontu-zuzkidura hiru aldiz biderkatuz. 2001ean 3.500 etxebizitza besterik ez zeuden alokatzeko, eta 8 urteetan 15.000 etxebizitzatara heldu ginen (EZKER BATUA-IU gobernuan zegoen garaian 2001-2009).

   Ildo horretan, Estatua beti joan da euskal politikaren bultzaden atzetik etxebizitzaren arloan. Eta ez dezagun ahaztu indar aurrerakoiak izan ginela Diputatuen Kongresuan posible egin genuenak lurzoruaren arloko oinarrizko legeria onartzea (2007) higiezinen burbuila zulatu ahal izateko, eta horren atzetik etorri da etxebizitzarako eskubidearen arloko azken legeria (2023).

   Orain ikusten dugu euskal erakundeek (Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udal gehienek) ez dutela ekimenik eta borondate politikorik etxebizitzaren arazoa konpontzeko neurri eraginkorrak abian jartzeko. Kezka handiz ikusten dugu Eusko Jaurlaritzaren azken urteotako etxebizitza-politiken lidergorik eza, geldialdia eta inboluzioa. Eusko Jaurlaritzak izugarri murriztu du etxebizitza publikoak eraikitzeko konpromisoa, EZKER BATUA-IU gobernuan zegoen garaian (2001-2009).

   Agian higiezinen burbuilaren ziztadak eta austeritate-politika kaltegarriek azal zezaketen, hein batean, Eusko Jaurlaritzaren ekintza publikoaren geldialdia, baina etapa hori aise gainditu da. Etxebizitzaren merkatua gehieneko prezio historikoetan dago berriro, eta erakunde publikoak ez dira egoera horri aurre egiteko beharrezko neurriak hartzen ari.

   Iragarritako azken ekimenak (etxebizitza babestuetarako lurzoru-erreserbaren ehunekoa % 75etik % 60ra jaistea) agerian uzten du egungo Eusko Jaurlaritzak ez duela konpromisorik herritarrei eragiten dien arazo nagusiarekin, bereziki sektore ahulenei, eta ez duela onartzen sektore publikoaren erantzunak eta esku-hartzea eskatzen dituen arazo publiko gisa. Konponbidea, egiazta daitekeenez, ez da merkatu eta ekimen pribatutik etorriko.

Etxebizitzaren arloan, Eusko Jaurlaritza autokonplazentzian erori da; ez ordea erabateko utzikerian edo, are larriagoa dena, norberaren eta besteen legeak ez betetzean. Oso tamalgarria da Eusko Jaurlaritzak berak Konstituzio Auzitegira jo izana, eskumenen ustezko inbasio baten aitzakian, Estatuko 2023ko legeak etxebizitzarako eskubidean eskatzen dituen aurrerapen sozialak direla-eta. Harridura eta lotsagabekeria sortzen digu EAJk Estatuko legeak etxebizitza izateko eskubidearen alde duen jarrera etengabeak, besteak beste, alokairu-errenten mugak bezalako gai garrantzitsuetan eragina izan dezan. Hori guztia Alderdi Sozialistaren isiltasun konplizearekin. Inork entzun al dio Denis Itxaso sailburuari esaten nola uste duen Euskaditik bete behar duela babestutako etxebizitzen erreserbaren zati bat alokairu eskuragarrirako erabiltzea (EAJk aurka duen betebeharra)?

   Irakaskuntza publikoan edo osasun publikoan ez bezala, merkatuaren espekulazio-logikatik kanpo zegoen eremu okupatu gabe batean garatu baitziren, etxebizitzarako lurzorua kapital pribatuak okupatzen du erabat, eta kapital hori kapitala metatzeko bitarteko nagusietako bat bihurtu da joan den mendeko 60ko hamarkadatik. Etxebizitza zerbitzu publiko unibertsalen katalogoan sartzea ezinbestekoa da euskal herritar guztien proiektu pertsonalak eta familiarrak gauzatzeko aukera bermatzeko.

   Etxebizitza eskuratzea da gaur egun Euskadiko herritarren kezka nagusietako bat. Egoeraren larritasuna ikusita, beharrezkoa da gizarte zibilaren parte-hartze irmoa, etxebizitzaren arazoa konpontzeko oinarriak ezartzen dituen ekintza publiko instituzional irmoa eskatzeko eta, azkenik, etxebizitza izateko eskubidea posible, erreal eta eraginkor egiteko alokairuko parke publiko eskuragarri handi bat bultzatzeko.

   Ildo horretan, 47. KOLEKTIBOetik honako hauen alde egiten dugu:

1) Atzerapenik eta aitzakiarik gabe erreklamatzea 20/2023 Legearen hedapena Euskadin, etxebizitzarako eskubidearen alde, Konstituzio Auzitegiak ia testu osoan baliozkotua.

2) Premiaz lurzoru-parke publiko bat izatea alokairuko etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitokietarako, Euskadin gutxieneko lege-erreserbak gainditzeko aukera emango diguna. Ildo horretan, lurzoru-ondare publikoak eta horiek arautzen dituen legeria kontrolatzea eskatzen dugu, baita etxebizitza babestura bideratuta dauden eta hutsik dauden lurzoruen esku-hartze publikoa ere. Agerian utzi behar da udal gehienak herritarrei «iruzur» egiten ari direla, eta legez etxebizitzara bideratu behar dutena beste udal-jarduera batzuetara bideratzen ari direla.

3) Eusko Jaurlaritzari eskatzea egokiak diren etxebizitza-plangintzako tresnak eskura ditzala, etxebizitza-politika propioa garatzean udal-baliabideen mende egon beharrik ez izateko. Etxebizitza Merkatu Tentsionatuko Zonek lehentasunezko arreta jaso beharko dute etxebizitza-politika publiko horiek hedatzeko.

Etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa benetakoa eta eraginkorra izan dadin bultzatzea, etxebizitza-parke publiko edo itundu bat (BIZIGUNE) edo zuzkidura-bizitoki bat edukitzean oinarrituta.

4) Egoera horri buelta emateko, Euskal Administrazioen diru-sarreren % 2,5eko mobilizazio-plana proposatzen dugu, 10 urteko epean 60.000 etxebizitza alokairu eskuragarrian eraiki eta erosteko. Diru publikoa zerbitzu publikoak sortzeko erabili behar da, etxebizitza publiko berriak sortzeko, eta ez aberaste pribaturako, etxebizitza pribatizagarriak eraikiz. Eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzaren hurrengo aurrekontuetan gutxienez BPGren % 1 alokairuko etxebizitza publikoetan inbertitzeko erabiltzea. Horrek etxebizitza-politikan egiten den inbertsioa bikoiztea dakar.

5) Udal-titulartasuneko lurzorua etxebizitza babestura bideratzea, alokairu eskuragarrira, gaur egun Etxebizitzari buruzko 3/2015 Euskal Legeak eskatzen duen bezala.

6) Erakunde publikoek tentsionamendu- edo desoreka-egoeran dauden etxebizitzen merkatuan esku hartzea, erregulazioan debekuak ezarriz (adibidez, etxebizitzei erabilera turistikoa ematea) eta logelen alokairua arautuz, gehiegizko ustiapeneko eta/edo bizitegi-diskriminazioko egoerak saihesteko. Horretarako, erabilgarria izango da kontsumo-arloko ildo espezifiko bat hedatzea, merkatuan etxebizitza izateko eskubidea zaintzeko eta higiezinen agentzia batzuen iruzurrezko jardunbideak eteteko.

7) Zerga-politika bideratzea, etxebizitzaren funtzio soziala betetzea eskatzeko, jabeei legezko okupazio eraginkorreko eta birgaitzeko betebeharrak betetzeari dagokionez.

8) Legez zenbait betebehar ezartzea etxebizitza-edukitzaile handiei zerbitzu publikoa emateko (adibidez, 10 etxebizitza baino gehiagoren titulartasuna), zerga-politika gutxieneko betebehar horiek sustatzeko eta gainditzeko erabiliz. Etxebizitza hutsen erabilera desjabetzeko aukera aztertuko da, etxebizitza horiek alokairuan jartzeko sustapen-neurriak edo, hala badagokio, disuasio-neurriak (kanona, egikaritze subsidiarioa, etab.) onartzen ez badira.

9) Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratzeko politikei lehentasuna ematea, hirigintzaren, ekonomiaren eta gizartearen ikuspegi integral batetik. Aldi berean, etxebizitzak eta etxebizitza-eraikinak birgaitzeko politiketan sakontzea, laguntzak eta pizgarriak jabeen erkidegoetara hurbiltzeko sare publiko bat hedatuz.

10) Erabilera lagatzeko formulen pean (cohousing…) elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko beste modu batzuk ematea herritarrei, higiezinen merkatuan espekulazio mota oro saihestuz.