El ahora obispo de Huesca, denunciado por una víctima de un sacerdote escolapio, investigó para la Santa Sede que expulsó al victimario
Fuente: El Diario de Huesca
15/09/2025
Padre Pedro Aguado, obispo de Huesca, en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín
Una presunta víctima de abusos sexuales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en la que solicita la inhabilitación como obispo del titular de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, al que acusa de “encubrimiento institucional de pederastia” de un sacerdote mejicano escolapio, José Miguel Flores, ya fallecido hace tres años, en concreto el 7 de agosto de 2022. El afectado incide en su exigencia de que se constate la defunción, aunque Escolapios ha encontrado el acta que entregará a la Justicia del país.
El papel del Padre Pedro en este asunto se inició en 2019, cuando la supuesta víctima decidió denunciar abusos sexuales que se remontaban a 2006 y que explicitaba en la denuncia ante la Fiscalía General. El entonces Superior de Escolapios recibió en Roma a la madre de Javier Alcántara y posteriormente se fue a reunir con él a Cancún, para posteriormente ayudarle con un trabajo y una beca universitaria. Trasladó el asunto a la Santa Sede para que abriera un proceso de investigación con posterior fallo que expulsaba al cura de tal condición.
Sin embargo, sobre la decisión del afectado pesan dos cuestiones: entender que, pese a una sentencia vaticana, el victimario Flores no fue apartado plenamente del sacerdocio y, por otro lado, la ordenación episcopal en Huesca de Aguado Cuesta, del que se sentía defraudado por el primer motivo. La Orden Escolapia, por el contrario, expone que la sentencia de la Santa Sede tras la investigación del Padre Superior determinó la dimisión del estado eclesial, esto es, la expulsión, que es la mayor condena a un cura, y que fue comunicada a Alcántara por el propio Pedro Aguado.
Alcántara ha ahondado después en la cuestión al asegurar que la Fiscalía le ha informado que no existe acta de defunción de José Miguel Flores, por lo que con su abogado pretende que el Juzgado emita una Orden de Búsqueda y Captura de la Interpol del propio presunto pederasta, del Padre Pedro Aguado y del también escolapio Fernando Hernández.
Sin embargo, este periodista ha podido acceder el acta oficial en la que se certifica el fallecimiento del ex sacerdote, se detalla la causa de su muerte y se da cuenta de su sepultura. Alcántara dice que no le consta la existencia de este documento por lo que solicita a la Fiscalía que se abra el féretro para su constatación.
EL RELATO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA
La historia se remonta años atrás, cuando el citado José Miguel Flores tenía una gran confianza con la madre de Javier Alcántara, Claudia, de una familia de hondas raíces religiosas y de la que se convirtió en un gran consejero, “un gran apoyo, uno de mis grandes amigos”.
La madre y los dos hermanos fueron abandonados por su padre hace veinte años y, desde entonces, el respaldo del padre Flores se convirtió en una propuesta más comprometida: “Si quieres, yo me puedo ocupar de Javier, yo le doy escuela”. Claudia explica que a Javier le llamaba la atención la vida de sacerdocio e incluso se convirtió en monaguillo. “Nunca me di cuenta de los abusos”, que se prolongaron cinco años.
En 2018, con una nueva pareja, Claudia se trasladó a Londres y un nuevo drama se cernió sobre la familia: Javier había caído en las drogas y entró en una clínica de desintoxicación… “Y se empieza a abrir” y cuenta los supuestos abusos sexuales.
Claudia y Javier aseguran que tienen evidencias, pruebas, grabaciones y correos electrónicos. Pusieron el asunto en conocimiento del Superior de Escolapios, Pedro Aguado Cuesta. “Me invitó a Roma para que le explicara el caso”.
Tal y como se refiere en el documento de denuncia ante la Fiscalía, Pedro Aguado, “que es el Superior General recientemente nombrado obispo” (de Huesca) se citó con su madre en Roma (incluso le proporcionó "los boletos de avión y 200 euros para su estadía"), que le entregó “un video que grabó el joven en Cancún donde le contaba al Padre Pedro las violaciones”. El 7 de octubre de 2019, el superior de los Escolapios acudió a la ciudad mejicana y se encontró con Javier en el Hotel JM Marriot. “Primero Pedro me abrazó, me pidió perdón en nombre de todos los padres del mundo y me dijo que iba a denunciar a José Miguel ante el Vaticano”.
El Padre Pedro, agrega la denuncia, le envió el 10 de octubre de 2019 otro correo electrónico en el que aseguraba que debía informar al Vaticano y esperarían uno o dos meses la respuesta, y que José Miguel ingresaría en un monasterio aislado en España mientras se dictaba sentencia. “Que de ese modo impedirían que alguien más sufriera lo que sufrí yo”.
Aguado Cuesta, además, le puso en contacto con “el padre Eloy” que se ocuparía de mejorar su situación y que, a través de él, “le haría llegar algún dinerillo”, añade el escrito. Aceptó el trabajo que le ofrecieron los Escolapios en una escuela en Veracruz como conserje que asumía distintos trabajos manuales. En ese tiempo, diciembre de 2020 y enero de 2021, Javier contrajo matrimonio y tuvo un hijo.
Aunque Claudia asegura que “no le dieron lo que le prometieron”, en agosto de 2022 Javier comunicó al Padre Pedro su deseo de ingresar en la Universidad y los escolapios le apoyaron en su matrícula en la Cristóbal Colón con una asignación económica de nueve mil pesos mensuales (“que no cubría todo, era una beca y el resto lo pagaba yo”, afirma Claudia). Terminó el respaldo en diciembre de 2024 a pesar, asegura el documento ante la Fiscalía, de que se había acordado de que era hasta 2025 incluido, agrega.
Definitivamente, en 2020 había llegado la sentencia del Vaticano, firmada por el Papa Francisco, asegura Claudia. “Nos comunicó Pedro Aguado que José Miguel Flores había sido apartado del sacerdocio y se dedicaría a la vida contemplativa”. Sin embargo, consideran que “durante dos años estuvo oficiando misa y ejerciendo el sacerdocio. Nos dijeron que la sentencia estaba en latín y les creímos. Murió como padre escolapio en 2022, y en el funeral Hernández Avilez lo calificó como un excelente sacerdote”. Sostiene en su denuncia Javier que “nunca fue separado de dar misas ni tener contacto con los niños y jóvenes”. Por cierto, la Misa Funeral en Ocotlán fue "de cuerpo presente".
El 10 de mayo de este año, Javier acudió a la Fiscalía de México (sin éxito en un primer momento porque se contemplaba como violación y el presunto autor ya había muerto). La Justicia, ya que “el ataúd nunca se abrió”, pidió al estado de Tlaxcala el certificado de defunción, que ahora asegura que la Fiscalía no encuentra (a pesar del documento mostrado por Escolapios). En el documento entregado al ministerio fiscal, expone todos los hechos presuntamente cometidos por José Miguel Flores desde agosto de 2006 cuando el sacerdote le pidió que le acompañara a Tlaxcala un fin de semana, en que durmieron en la misma habitación. Describe con todos los detalles las aberraciones a las que supuestamente fue sometido. Incluso que en 2010 un compañero escolapio de Flores –quien había sido destinado a España- quiso denunciarlo y fue precisamente Javier el que le disuadió de hacerlo.
En su determinación, concurrió la ordenación episcopal del Padre Pedro Aguado Cuesta en Huesca. Decidió “ir con todo” y acudió este mes de agosto para viralizar la situación al programa televisivo de Azucena Uresti y recibió el respaldo de Analu Salazar, una influencer y artista que había sido víctima también de abusos sexuales por un cura.
Recuerda Javier el motu proprio del Papa Francisco “Vos estis lux mundo”, en el que afirma que “los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”, y que afecta “tanto al que violenta como al que encubre”.
En el documento ante la Fiscalía General, además de referir “el delito de violación cometido” por parte de José Miguel Flores Martínez sobre el que abunda en que no tiene conocimiento de “si falleció o no”, agrega que también denuncia “la posible comisión de un delito cometido en mi agravio… de Pedro Aguado Cuesta, Fernando Hernández Avilez y Marco Antonio Vélez”.
Javier Alcántara reclama, en concepto delictivo de encubrimiento institucional de pederastia, que queden apartados de sus cargos episcopal Pedro Aguado y sacerdotales los otros dos implicados.
LA EXPLICACIÓN ESCOLAPIA
Una voz autorizada de Escolapios ha explicado su visión de este doloroso asunto a EL DIARIO DE HUESCA. "Lo primero que queremos decir es que nos da mucho dolor saber que bajo nuestra responsabilidad pudiera pasar algo como ésto. Mucho dolor y mucha vergüenza. Y siempre hemos vivido así este tema. Pensamos en la víctima y en la herida que ha causado no sólo a la víctima, sino también a la madre y la familia".
Agradecen a la víctima y a su madre que "hayan salido a denunciar, porque sin su coraje nunca hubiéramos podido saber de esta terrible circunstancia y el sufrimiento que les ha causado. Eso es lo más importante".
La acusación de encubrimiento institucional de pederastia es la figura que presenta la víctima al estimar que siguió ejerciendo el sacerdocio José Miguel Flores, y además afirma que nunca tuvo en su poder la sentencia vaticana. "Para nosotros todo comenzó en septiembre de 2019 cuando la madre conectó con el Padre General, Pedro Aguado, y él inició el procedimiento canónico. Inició la investigación preliminar, puso medidas cautelares sobre el en aquel tiempo padre Miguel Flores, y lo apartó de su lugar ministerial en Ecuador y se le mandó a Peralta de la Sal, en una comunidad aislada, asegurando que no tuviera la oportunidad de ejercer actividad ministerial alguna. Asimismo, le prohibió todo ministerio sacerdotal público en relación con menores y personas vulnerables" siguiendo el procedimiento.
Recogió los datos, agrega el portavoz escolapio, entre ellos el testimonio de la madre y conectó con la víctima. Envió todas las actas a la Santa Sede en octubre de 2019. "Desde que conocimos la denuncia, intentamos actuar con máxima prontitud y responsabilidad. Nuestra prioridad fue y es la protección y el acompañamiento de la víctima, brindando apoyo en todos los ámbitos posibles y buscando la verdad de los hechos desde el primer momento".
En junio de 2020 llegó la primera respuesta del Vaticano, "que autorizaba el proceso penal administrativo. Que la orden puede decretar el caso y, como fue tan obvio, era bastante fácil ir adelante con el proceso. En julio, enviamos nuestro votum a la Santa Sede exigiendo la pena más severa posible: la expulsión definitiva del sacerdocio y de la Orden para José Miguel Flores. Esto sólo lo puede hacer la Santa Sede".
En octubre de 2020, la Santa Sede emitió el decreto que "impuso a Miguel Flores esta medida de dimisión del estado clerical y también confirmó su salida definitiva de la orden. Ya no era sacerdote y no era escolapio. No podía celebrar misas. Si celebró, no tuvimos conocimiento de que lo hiciera. Después de su muerte, supimos que parece que una vez celebró una misa que no llegó a nosotros antes". Jurídicamente, "era totalmente ilegal". Sólo les consta, agrega, esa ocasión. La sentencia representa una especie de "exilio total" para un sacerdote
Un dato significativo es que desde 2019 el Padre Pedro "siguió acompañando a la víctima, y también se fue a leerle y presentarle el decreto con esta decisión de la Santa Sede. La víctima, en una carta, lo reconoce: que él lo guió, que él había escuchado al Padre General leyéndole la sentencia. Él sabía lo que había".
Aseguran los escolapios que ha habido una correspondencia entre Pedro Aguado y Javier Alcántara, "porque había un acompañamiento muy de cerca, con mucho cuidado, y hubo un agradecimiento, si así se puede decir, de la víctima por todo esto"
Al respaldo moral y espiritual, se añade el económico como ya queda referido con el trabajo en la escuela y el ingreso en la Universidad. Concluyó en diciembre de 2024 porque "él mismo pidió el adelantar el dinero que faltaba del año 2025, porque iba a trasladarse a Inglaterra. Por eso había recibido tres meses en adelanto y en diciembre pidió que le adelantaran los nueve meses que quedaron". La víctima firmó el finiquito. "Había un acuerdo que hasta el 2025 incluido recibía este apoyo financiero".
En todo caso, asegura el portavoz que "nuestra mano sigue extendida. Entendemos que el dolor que él tiene hace que sea difícil ver esta mano, pero buscamos continuar la ayuda adaptándola a sus necesidades concretas e incluyendo, según se requiera, apoyo emocional, espiritual, material y académico, siempre en un diálogo abierto y transparente. Ayudarle integralmente siempre fue nuestro objetivo. Seguimos abiertos a continuar este acompañamiento si la víctima lo solicitase, reafirmando nuestra disponibilidad para buscar juntos el camino de reparación y justicia".
El Padre Pedro, añade, ha estado siempre afectado por "el hecho de este abuso. Cuando escuchamos casos de este tipo en la Iglesia, nos afectan mucho. Siempre veía el dolor y entendía que había que profundizar en la dedicación por la víctima. Él personalmente siempre estuvo muy dedicado a ayudarle".
En cuanto al hecho de que el decreto del Vaticano no fuera entregado a la víctima, sólo leído personalmente por el Padre Pedro precisamente y que era en latín, tiene una explicación: “El protocolo canónico limita estrictamente nuestra capacidad legal para distribuir un documento que es propiedad de la Santa Sede. A pesar de esta restricción, nuestra prioridad absoluta era garantizar la total transparencia con la víctima. Por esa razón, el Padre General viajó personalmente a México, se encontró con él, le leyó y le mostró el documento para asegurar su pleno conocimiento". Sólo tiene el derecho sobre el documento la Santa Sede. En diversos correos electrónicos, asevera el representante escolapio, Javier Alcántara reconoce que "vio y lo escuchó leer al Padre General".
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