OPINIÓN. Dos enviados del Vaticano vinieron a hacer una auditoría del comportamiento de las finanzas del arzobispado de Buenos Aires por comentarios sobre operaciones inmobiliarias poco transparentes. La carta con el detalle de las irregularidades que le enviaron al arzobispo trascendió al ámbito público.
Fuente: TN
Por Sergio Rubin
08/05/2022
El Papa Francisco dispuso una auditoría sobre las finanzas del arzobispado de Buenos Aires. (Foto: ACI-Prensa Vaticano).
Cuando tras la histórica renuncia de Benedicto XVI los cardenales de todo el mundo debatían los desafíos del Papa que lo sucedería, tres fueron claramente los principales: revitalizar la acción religiosa, luchar contra el flagelo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y fomentar la transparencia en las finanzas vaticanas. Más de nueve años después son muchas las acciones que en todos estos sentidos concretó Francisco. En el caso de los dineros, no pocos funcionarios vaticanos —religiosos y laicos— fueron exonerados y hasta algunos terminaron presos, en tanto que un otrora poderoso cardenal está siendo juzgado por malversación de fondos, en un hecho sin precedentes en la Santa Sede.
Está claro que a Jorge Bergoglio —definido por su hermana como un hombre con puño de hierro en guante de terciopelo— no le tembló la mano a pesar de tocar grandes intereses. Esa misma preocupación por la transparencia —más allá de que ambas situaciones no son parangonables— lo llevó a disponer sin dudar una auditoría del comportamiento de las finanzas del arzobispado de Buenos Aires —su antigua sede— luego de que le llegaran comentarios de operaciones inmobiliarias —ventas y alquileres— presuntamente a precios menores a los de mercado que habrían beneficiado a allegados a la curia porteña. O, al menos, de transacciones que no eran lo suficientemente claras.
En el mayor sigilo, dos enviados del Vaticano pertenecientes a la congregación para el Clero repasaron el año pasado los libros contables y toda la documentación del arzobispado a la vez que se reunieron con los responsables económicos. A fines de octubre, el presidente y el secretario de ese organismo de la Santa Sede, los arzobispos Lazzaro You Heung Sik y Andrés Ferrada Moreira le enviaron una carta al arzobispo porteño, cardenal Mario Poli, con un primer avance de los resultados. Allí dicen haberse detectado “algunos aspectos menos positivos que, según la evaluación de la congregación, requieren una atención inmediata”.
Luego llaman la atención sobre la falta en el arzobispado de dos instancias que deben controlar lo económico. “En primer lugar —puntualiza la carta—, causa perplejidad que, a pesar de la presencia de un numeroso Consejo Episcopal, no esté constituido el Colegio de Consultores, previsto por el canon 502 (del Código de Derecho Canónico, es decir, por la legislación eclesiástica mundial) y que, en los hechos, el Consejo de Asuntos Económicos se encuentre inoperante, ya que se está pensando en su redefinición”. Señala que el primer órgano debe tener entre seis y doce miembros, y el segundo, al menos tres.
“La falta de funcionamiento de estos órganos, por tanto, constituye una violación de los procedimientos sinodales requeridos por la legislación”, subraya la carta. Advierte que hace falta el consentimiento de esos órganos para enajenaciones de más de 30 mil dólares. Y que, si la operación supera los 300 mil dólares, se requiere la aprobación de la Santa Sede. No parece aventurado suponer ante esa puntualización de la congregación para el Clero que habría habido una o más transacciones que sobrepasaron esos montos y no contaron con la luz verde de esas instancias.
Tras pedirle a Poli que constituya y ponga en marcha “lo antes posible” el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económico, le recomienda que como en noviembre cumplirá 75 años, edad en la que los obispos deben elevar su renuncia al Papa, “se limite a realizar únicamente aquellas transacciones económicas que en la actualidad resulten estrictamente necesarias, intentando, en la medida de lo posible, no enajenar activos pertenecientes a la arquidiócesis o a las parroquias, lo que al parecer ha ocurrido con frecuencia en los últimos tiempos”.
Además, la congregación para el Clero advierte sobre “una dudosa transparencia” en las acciones de un sacerdote, por lo que pide “encarecidamente que, en adelante, lo excluyera de encargos y responsabilidades, incluso informales, en la gestión administrativa”. También sugiere que a otro sacerdote no se le encarguen cuestiones económicas que lo distraigan de su tarea religiosa. Finalmente, reclama que la ecónoma diocesana le remita la documentación administrativa y contable que oportunamente se comprometió a enviar y aún no lo hizo.
El martes, la Iglesia argentina se estremeció al trascender la carta. Entre el centenar de obispos del país que estaba deliberando en Pilar durante toda la semana emergía una pregunta: cómo trascendió una comunicación que debía ser privada. No faltaron quienes lo atribuyeron a un pase de facturas internas. De todas formas, en los medios eclesiásticos nadie duda de la honestidad de Poli. Unos 250 sacerdotes porteños salieron a respaldarlo. Pero existe la presunción de que la situación se le habría ido de las manos.
Al día siguiente, el arzobispado difundió un comunicado en el que afirma que “en ningún caso se detectaron delitos o negociados”. No obstante, lo que ahora cuenta no es determinar quién difundió la carta, sino conocer el resultado final de la auditoria. Si hubo o no operaciones perjudiciales para la curia metropolitana en beneficio de inescrupulosos. Avanzar en la transparencia que quiere Francisco será saludable para la propia Iglesia.
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