Asociaciones de víctimas de abusos a menores piden que el plan del Gobierno para las de la Iglesia se extienda a todos los ámbitos

Consideran que se podría aplicar también a los abusados en el entorno «intrafamiliar, deportivo o de los boy scouts»

Los obispos colaborarán con el fondo estatal de compensación si va dirigido a todas las víctimas de abusos y no sólo a las de la Iglesia

Fuente:   ABC

Por   José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

10/05/2024

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luís Argüello y el vicepresidente, José Cobo, saludan a representantes de víctimas el día en que fueron elegidos Tania Sieira

Varias asociaciones que agrupan a víctimas de abusos a menores - Lulacris, ANIR, Justice Initiative y AVA - han anunciado este viernes la formación de un «frente común» con dos principales objetivos. Por un lado, «aplaudir» las medidas adoptadas por el Gobierno para «reconocer, prevenir y reparar e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia», al que califican como «un gran paso», pero también para reclamar que «sus resultados deberían ampliarse a todas las víctimas de todos los ámbitos».

«Todos son niños o niñas que han sufrido las mismas secuelas y los mismos traumas», explican en un comunicado conjunto, por lo que defienden que los apoyos para superarlas, lo que incluye tanto el recibimiento como el estatuto de la víctima, «deben ser igualitarias para todas las víctimas, sean del ámbito que sean», añaden. Un planteamiento en el que las entidades de víctimas parecen coincidir con el expresado por la Conferencia Episcopal cuando el informe del Defensor del Pueblo propuso la creación de un fondo estatal de compensación. Tras valorarlo en una asamblea plenaria, los obispos afirmaron que sólo colaborarían con la iniciativa si estaba dirigida a reparar a todas las víctimas y no sólo a las de la Iglesia.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que están comprometidas «con las víctimas de todos los ámbitos, para nosotros lo mismo es que un niño sea abusado en un ámbito que en otro». Además, se muestran «seguros y seguras de que lo aplicado en el ámbito eclesiástico puede ser trasladado al resto de ámbitos, y en concreto al intrafamiliar, al deportivo y al de boy scouts«. »Recordamos que las secuelas de las víctimas y supervivientes de maltrato y violencia sexual en la infancia y la adolescencia son de tal gravedad, que no atenderlas debidamente suponen un añadido al proceso de re victimización en el que, por desgracia, viven de un modo continuado. Es un deber inmediato de todos que esto no siga pasando», explican.

Sin embargo, en referencia a la posición de la Iglesia católica de colaborar sólo si la medida es para todas las víctimas, le piden que «no utilice este argumento para dilatar el proceso del informe, muy encaminado ya, del Defensor del Pueblo, por cuanto creemos que las medidas que salgan de dicho proceso servirán para mejorar no solo la vida de las víctimas de la Iglesia, sino del resto de ámbitos». Además también recalcan «lo atroz y sangrante que sería el hecho de que la Iglesia oculte sus casos y se ampare en el mal general».

El plan presentado por el Ejecutivo hace dos semanas plantea medidas encaminadas a «prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas», de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el informe del Defensor de Pueblo. Las medidas del plan, que se aplicará hasta 2027, se enmarcan en cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, atención a las víctimas, prevención, formación y sensibilización e información e investigación de los casos. En todos los casos, el documento habla de víctimas en genérico, sin especificar ningún ámbito, excepto en la cuestión de la reparación económica, en que sí cita expresamente a la Iglesia católica que debería «hacerse cargo de la totalidad o de una parte sustancial de las compensaciones».

Es plan estatal, que ahora respaldan las asociaciones, propone además la organización de un acto de Estado de «reparación simbólica» que cuente con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, tal y como planteaba el informe del Defensor del Pueblo y una «reparación material suficiente» en los casos que no hayan tenido «oportunidad de reparación en el ámbito judicial».