Vaya por adelantado que monseñor Argüello –aunque sea presidente de la Conferencia Episcopal Española– ha dicho lo que ha dicho a título particular. Como lo es que monseñor Joan Planelles -pese a ser presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense– se ha desmarcado de aquellas declaraciones también a título particular.
Fuente: Noticias Obreras
Por Pepe Carmona
25/06/2025
“Lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos, y yo creo que decir que los ciudadanos hablen es un principio básico de una democracia”. Con estas palabras trataba de justificar el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española la petición formulada por su presidente en el sentido de que, dada la situación política actual, lo mejor sería disolver las Cortes y convocar elecciones generales.
Llama la atención que el argumento de monseñor García Magán para justificar esa petición, insólita por lo novedosa en un obispo, sea exactamente el mismo que utilizaron los actores del conocido en Catalunya como el procès: que hablen los ciudadanos. ¿Por qué entonces no y ahora sí?
¿Puede, pongamos por ejemplo, el entrenador de un club de fútbol prestigioso pronunciarse públicamente en relación con temas políticos? ¡Naturalmente que puede! Sin embargo, más de uno diría –y no le faltaría razón– que ante el hecho incuestionable de que la masa social del hipotético club la integran gentes de toda ideología y condición, lo más prudente sería aconsejarle que se abstuviera de esas manifestaciones para no tensionar las relaciones al interior de esa masa social.
Decir a estas alturas, como venimos oyendo últimamente por redes y medios de comunicación, que los obispos no pueden opinar en política, es negar un principio básico en toda sociedad democrática como es el de la libertad de expresión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Iglesia en su Doctrina Social reconoce que “una misma fe puede conducir a compromisos diferentes” (Octogesima adveniens, 50) ¿es prudente que un obispo, que debe saber que hay cristianos en todos los ámbitos del espectro político, se pronuncie en el sentido propugnado por una parte de ese espectro y que, consiguientemente se posicione en contra de quienes, con la misma legitimidad, proponen otras soluciones?
Contrasta este pronunciamiento tan claro, y además a favor de lo propugnado por una parte de la clase política, con las prudencias de otras ocasiones para “no romper la comunión eclesial”. ¿Por qué en otras ocasiones no, y ahora sí? Porque, a la vista de las reacciones suscitadas en una parte significativa de la comunidad eclesial, los obispos partidarios de los pronunciamientos del presidente y del portavoz de la CEE, son conscientes –o deberían serlo– de que la “comunión eclesial” está gravemente amenazada de ruptura, y “mira por donde”, en esta ocasión no por parte de las bases eclesiales sino por la forma imprudente e inapropiada de algunos de los que tienen como principal misión velar por algo tan fundamental como esa “comunión”.
Sabemos que puede parecer muy fuerte la afirmación de que una actuación episcopal, y más si es la de un obispo que preside a los demás obispos, aunque lo haga a título personal, es imprudente e inapropiada. Pero no podemos decir otra cosa.
Si monseñor Argüello, inspirándose en lo mucho que al respecto aporta la DSI, hubiera clamado contra la corrupción y hubiera pedido medidas para combatirla en toda su extensión –en todos los casos donde la haya y en todos sus agentes, tanto presuntos corrompidos como presuntos corruptores– hoy en día no estaríamos en la página que estamos.
Pero es que, al bajar al terreno de lo concreto y técnico, proponiendo como solución única lo que pide una parte de la clase política en contra de lo propugnado por otros políticos –e ignorando que en ambas partes hay cristianos involucrados– se han metido de lleno en un terreno que no les corresponde a ellos como obispos. Y trataremos de explicarnos.
El punto 43 de la Gaudium et spes, está destinado –según palabras del propio número– a la “ayuda que la Iglesia, a través de sus hijos, procura prestar al dinamismo humano”. Todo él es una invitación a participar en la vida pública como una exigencia de la fe. También es un reconocimiento –por primera vez en un documento eclesial de tal magnitud y en contraste con épocas anteriores donde se invitaba a la participación desde un modelo de acción unitario– a lo que conocemos como “pluralismo en la acción”: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera”. ¿Por qué en un tema en el que los cristianos, cada uno con su sinceridad, pensamos de distinta manera, monseñor Argüello ha optado por una de las posibles soluciones, chocando frontalmente con otra cuestión afrontada en el mismo punto que comentamos? Porque, más adelante en ese punto se dice que “entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitida reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia”.
Don Luis ha optado por uno de los dos bandos, situándose claramente a favor de lo que pide ese bando y dando pie a pensar que la autoridad de la Iglesia está de parte de aquel por el cual él ha optado. Y esa es, con todos los respetos, una opción no legítima.
Y la afirmamos rotundamente porque, en una cuestión controvertida y que precisa soluciones técnicas concretas, no corresponde en la Iglesia proponer esas soluciones a la Jerarquía sino a los laicos y laicas. Al respecto, también leemos en el punto 43 de Gaudium et spes lo siguiente: “A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están siempre en condición de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aún graves, que surjan. No es esa su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la Doctrina del Magisterio”.
Según palabras del Vaticano II, no es misión de la jerarquía ofrecer soluciones concretas –y la convocatoria de elecciones generales es una, y muy concreta además– sino de los laicos y las laicas “con la luz de la sabiduría cristiana”.
En la teología cristiana más tradicional, se conoce como “gracia de estado” la ayuda que Dios concede a cada cristiano, según su estado y condición de vida, para que “ahí y desde ahí” pueda cumplir con sus obligaciones cristianas y cívicas, y así conseguir su propia santificación.
Y, en política, la “gracia de estado” la tenemos el laicado, no los sacerdotes ni los obispos.
¡Respétennos por favor! Y procuren en temas controvertidos como el que nos ocupa, no aparentar que otorgan la autoridad de la Iglesia a una sola de las partes en confrontación.
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Se adhieren también a este texto Manolo Copé, Francisco Javier Esquembre,
Javier Montesinos y Diego Ramos.
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