Los Informes sobre la pederastia eclesial en España (y II)

El Informe “Para dar luz II” de la Conferencia Episcopal Española - Cuatro reacciones y tres preguntas (y II)

Fuente:   SettimanaNews

Por   Jesús Martínez Gordo

06/01/2024

 

Pero, como he indicado más arriba, a la par que el 21 de diciembre de 2023 se publica la Auditoría, popularmente denominada Cremades, el mismo día, la Conferencia Episcopal Española da a conocer otro Informe -continuación del fechado el 31 de mayo de 2023 y publicado en junio- titulado “Para dar luz II” (1039 páginas).

 

3.- El Informe “Para dar luz II” de la Conferencia Episcopal Española

En dicho Informe -realizado por un equipo interdisciplinar de la Conferencia Episcopal Española- se cuantifican los casos, los obispos ofrecen su radiografía de la pederastia eclesial y proponen una hoja de ruta, indicando la existencia de otro volumen, que no se publicará, en el que se recogen todos y cada uno de los casos registrados hasta la fecha a partir de los “datos facilitados por diversos organismos de la Conferencia Episcopal Española: el Servicio de Asesoramiento a las Oficinas de protección de menores y prevención de abusos; los casos conocidos en las Oficinas diocesanas; la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales; la Oficina de Estadística y Sociología y la Oficina de Transparencia.

También se ha contado, indican en otra ocasión, con los datos facilitados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo e instituciones y poderes públicos del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística y la Administración de Comunidades Autónomas como el Gobierno de Navarra). Y, por supuesto, con las aportaciones de organizaciones civiles o sociales especializadas o no lucrativas (como “Save the Children” o la Fundación ANAR) o con datos facilitados por ciertos medios de comunicación social (como el diario El País)” y “diversas investigaciones sociológicas realizadas en el ámbito académico sobre los abusos sexuales”.

 

3.1.- Información no debidamente contrastada

A continuación, los redactores de “Para dar luz II” sostienen críticamente que la comparación de los datos facilitados por el diario “El País”, el Defensor del Pueblo o el despacho Cremades & Calvo-Sotelo permite sostener -como muy probable- “la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, dos, tres o incluso cuatro veces”.

Y adelanta una valoración que va a desarrollar más adelante y que, a la par, abre (o, mejor dicho, sigue alimentando una polémica): “en el caso del diario ‘El País’, en los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma. Conocer cada caso, es conocer cada persona, cada historia, cada sufrimiento, y este ha sido el empeño del informe Para dar luz”.

 

3.2.- “Casos probados”

A diferencia de este modo de proceder, en la redacción de “Para dar luz  II” se parte de una ficha en la que se detalla si la denuncia está probada; no probada, pero resulta verosímil; no probada; excluida del ámbito del estudio; en curso de investigación; si es una denuncia falsa o está manifiestamente infundada.

Por tanto, nada que ver con el modo de proceder de “El País”; nada que ver con el criterio seguido por la Auditoría Cremades & Calvo-Sotelo de limitarse a recoger las denuncias y ofrecer una estimación. Y, por supuesto, menos que ver todavía con las extrapolaciones a las que se viene prestando el sondeo demoscópico recogido en el Informe del Defensor del Pueblo.

 

3.3.- La pederastia eclesial es, comparativamente, “cuasi residual”

Estas muy importantes aclaraciones no han de ocultar que el presente Informe comparte con los restantes la necesidad de contar con un diagnóstico riguroso que permita fijar una hoja de ruta en la erradicación de la pederastia.

Y tampoco han de ocultar una evidencia, tambien compartida, aunque desigualmente resaltada en los otros dos Informes y que en el presente va ser recordada en reiteradas ocasiones: la investigación realizada “de los datos que existen sobre los abusos sexuales en la Iglesia desde que se tiene noticia de ellos hasta nuestros días” permite sostener que “los abusos sexuales de menores en España se producen fundamentalmente en el ámbito familiar y en menor medida en entornos de confianza ajenos a la familia”.

Más en concreto: “los casos que acontecen en el ámbito de la Iglesia en España son muy escasos desde la perspectiva estricta de la proporción en relación con los registrados en el conjunto de la sociedad”.  En otra ocasión dirán -como recogeré más adelante- que es “cuasi residual”.

Obviamente, se indica a continuación, tal evidencia no implica “restar un ápice de importancia a los casos de abusos sexuales de menores habidos en la Iglesia”, ni diluye “el reconocimiento del grave daño inferido por quienes han cometido tan graves delitos” ni, por supuesto, anula “la adopción de las medidas necesarias de sanación y reconciliación con las víctimas”. Pero, tampoco, se puede perder de vista y, todavía menos, ocultar.

Como se puede apreciar, en este punto y -como expondré más adelante- en otros, la diferencia con la Auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo es total.

Así pues, una vez fijada la diferenciada perspectiva analítica asumida por unos y por otros y, de manera particular, por los redactores de “Para hacer luz II”, ¿qué puntos me llaman la atención de este Informe y de su abordaje de la pederastia eclesial, así como de las recomendaciones que formulan? Tres, en concreto.

 

3.4.- Las extrapolaciones “carecen del mínimo rigor exigible”

El primero de todos -compartido con Cremades & Calvo Sotelo, con el Informe MHG de la Iglesia alemana y con el realizado por la Universidad de Zúrich para la Iglesia de Suiza-: “la huida de la utilización de la técnica de los sondeos, las extrapolaciones y las proyecciones estadísticas”, por resultar “a todas luces inapropiado para cumplir debidamente los fines que se propone la Iglesia, a fuer de carecer del mínimo rigor exigible y deseable en una tarea de la índole y la trascendencia de esta”. Por tanto, indagación directa de cada caso; nada de sondeos sociológicos y, menos, de extrapolaciones; y, en referencia a la Auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo, tampoco “estimaciones”.

 

3.5.- Las cifras

El segundo que me llama la atención -y mucho- es que los redactores de “Para dar luz II” informan de que -como resultado del cruce de datos, realizado tal y como se ha indicado- tienen registrados 806 casos, 413 en diócesis y provincias eclesiásticas, 369 en institutos religiosos, 13 en el seno del Opus Dei y un caso en institutos seculares. De todos ellos, 205 estarían probados completamente, lo que no significa que el resto se den por nulos. De hecho, en este Informe solo se reconocen tres casos falsos, indicando que el inventado por un miembro del Opus Dei. con la intención de cuestionar la credibilidad del Informe del Defensor del Pueblo y de “El País”, aparece como “no probado”.

En declaraciones realizadas a la revista “Vida Nueva” por fuentes de la Conferencia Episcopal se explica que el hecho de que estén registradas 806 denuncias “no significa que sea ese el número de víctimas real ni queremos caer en la trampa de ver que solo damos por cierto esos casos”. “Son más, pero no queremos entrar en una guerra de cifras: mostramos lo que hemos verificado, sin más”. Por tanto, la cuestión de las cifras no está cerrada ya que puede haber víctimas que “no quieren contar su caso”.

Estas cifras, recuerdan los redactores del Informe, no anulan la posibilidad “como es obvio, de que no puedan existir más casos, como más delitos de los formalmente constatados se cometen siempre en la sociedad. Ahora bien, en este informe se pretende, por un lado, aplicar criterios rigurosos a la hora de evaluar los casos realmente probados; y, por otro distanciarse de planteamientos poco rigurosos que fundamentan la cifra de casos no identificados sobre la base de extrapolaciones y proyecciones estadísticas”.

 

3.6.- Desmarques

Y abundando en la crítica a “El País”, recuerdan que este medio de comunicación “ha entregado en la Conferencia Episcopal cuatro dosieres, el último de ellos en junio de 2023, con un total de 704 testimonios de personas que acusan a un total de 545 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas. El número de víctimas contabilizado en estos informes es de, al menos, 717. Los informes se elaboran a partir de testimonios ofrecidos por víctimas o testigos del abuso. No obstante, recientes informaciones han puesto en duda el rigor de la información publicada y el procedimiento de investigación realizado sobre cada testimonio recibido”.

Particularmente crítico es tambien con los datos facilitados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Los redactores de “Para dar luz II” indican que un análisis detenido de los casos tendría que haberlos llevado a sostener que el número total de denuncias -con arreglo a la metodología por ellos mismos empleada- en realidad asciende a 1.302, es decir 81 menos. Además, es muy probable que -al haber añadido las 305 denuncias recibidas desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a las ya comunicadas por las diócesis y congregaciones- “esas denuncias están duplicadas" ya que desde 2001 las denuncias recibidas en diócesis y congregaciones se comunican a dicho Dicasterio. Su estimación o deducción de 2.056 víctimas  a partir de las denuncias tenidas en cuenta por ellos, no es correcta. Y no lo es porque resulta de recopilar “los casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos”.

Otra es la valoración de las cifras presentadas por el Defensor del Pueblo quien de las 487 denuncias recogidas (118 ante la Institución y las demás ya incluidas en otros informes), considera que 373 son relevantes.

 

3.7.- Un problema, sobre todo, social

La conclusión del Informe de la CEE sobre los datos no admite dudas: se puede afirmar que los casos de abusos sexual en la Iglesia “no supera el millar”, siendo, comparativamente con los acaecidos fuera de ella, “cuasi residual”.

“La realidad de los abusos sexuales contra menores -volverán a recordar los redactores en el séptimo punto de “una reflexión  final”- no es un problema exclusivo de la Iglesia. Las cifras aportadas en este informe y las que derivan de los diversos informes publicados por otras instituciones hacen ver que estamos ante uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad y que, tristemente hoy, sigue estando oculto. No obstante, la Iglesia quiere aportar su triste experiencia a la sociedad, a todos aquellos empeñados en el bien común también de los menores y de las personas vulnerables”

Como es de sobra sabido, volverán a recordar, siempre a continuación, la evidencia anterior “no puede llevar nunca ni a desconocer el problema y sus implicaciones, ni a dejar de asumir frontalmente en el seno de la propia Iglesia la responsabilidad de investigar, enjuiciar y en su caso sancionar los casos probados, adoptar las medidas de escucha, asistencia y reparación del mal causado a las víctimas de los abusos cometidos, y arbitrar los medios para prevenir los riesgos y detectar los casos que puedan eventualmente producirse a partir de ahora”.

Y así ha de ser “porque la Iglesia tiene una responsabilidad especial, que deriva de ser una referencia moral para la comunidad de los creyentes, pero también para los que no lo son, que demanda firmeza, congruencia y ejemplaridad, al tiempo que un nivel de autoexigencia mayor que cualquier persona o institución humana”.

 

3.8.- Recomendaciones y sugerencias aceptadas y rechazadas

Y me llama la atención, en tercer lugar, que haga suyas -al menos, formalmente- las recomendaciones y sugerencias tanto del Defensor del Pueblo como del Informe Cremades y que, después de valorarlas, tracen su propia ruta de actuación a partir de ahora, destacando, sobre todo, la necesidad de mejorar el proceso de selección y formación de los aspirantes al sacerdocio o dotar de más recursos a las oficinas de atención a las víctimas para que sean algo más que una mera ventanilla de denuncia.

Merece un comentario aparte su decisión de no crear  un  fondo de reparación, sin, por ello, descuidar el abordaje de una reparación integral, tal y como se había aprobado en la Asamblea Plenaria de otoño de la CEE, celebrada a finales de noviembre de 2023.

Con sus palabras: “en relación con la cuestión largamente suscitada y demandada desde ciertos sectores acerca de la previsión de un fondo de contingencias dotado de recursos económicos suficientes para contribuir al sostenimiento de las reparaciones materiales por daños derivados de abusos producidos en el seno de la Iglesia, cabe señalar” que “en el caso de la Iglesia en España, no se aprecian razones suficientemente fundadas que deban conducir inexorablemente a la necesaria creación de fondos dotados de recursos para afrontar las contingencias derivadas de la reparación entendida en sentido material de los daños por abusos”.

Por ello, no se recomienda la creación de tal fondo económico de contingencias, sino estudiar y preparar “un sistema de valoración de daños personales, a modo de baremo, para su aplicación en los casos de reconocimiento de indemnizaciones y compensaciones económicas por daños derivados de abusos sexuales en el seno de la Iglesia”.

Y, para acabar, conviene tener presente la conclusión de este Informe, recuperada de la Introducción: “Este informe no es definitivo” porque se trata de “un informe vivo, el más completo de los existentes y, por ser un informe vivo, tiene vocación de seguir incorporando todos los datos relevantes en esta cuestión para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”. Ello quiere decir que se irá actualizando “constantemente en sus contenidos con la incorporación de nuevos datos, protocolos, textos y aportaciones de las instituciones eclesiales”.

 

4.- Cuatro reacciones y tres preguntas

De entre las muchas reacciones habidas hasta el presente, retengo cuatro.

 

4.1.-Jesús Bastante, en Religión Digital

Para Jesús Bastante (Religión Digital, 22.XII.2023), “la Conferencia Episcopal, que ha gastado más de 1,3 millones de euros en un informe encargado al bufete Cremades & Calvo Sotelo, considera ahora que dicho trabajo no es profesional”; algo que estaría realizando para obviar “algunas de las recomendaciones más potentes del bufete, como la de establecer ‘un fondo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros’ y con un baremo para las indemnizaciones, de entre 6.000 y cien mil euros”. “Los obispos españoles -indica en otro momento- ostentan el honor de ser el único episcopado del planeta que, en lugar de tomar conciencia de un problema real, se dedica a escarbar posibles denuncias falsas (…), encastillarse en una defensa numantina de su virtud y echar la culpa al empedrado. Nota al pie: el empedrado son las víctimas de pederastia clerical”. Y, por si eso pareciera poco, “no ha tenido la decencia de invitar a las víctimas a hablar en la Casa de la Iglesia, preguntarles qué necesitan, y cumplirlo. Así de simple. No se pedía, ni se pide más”.

 

4.2.- Una editorial de El País

Por su parte, para el periódico “El País” (23.XII.2023), el Informe “Para dar luz II”  vendría a culminar “un desatinado desempeño por parte de la Conferencia Episcopal en su obligación de dar, además de luz, explicaciones sobre delitos muy graves, y de reconocer y reparar a sus víctimas”. Todo ello vendría a ser consecuencia del “camino anómalo” tomado por los obispos españoles, “muy diferente respecto a sus homólogos de países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Portugal, entre otros, que, conscientes de la magnitud del problema, tomaron la iniciativa para esclarecer los hechos, encargaron ‘motu proprio’, exhaustivas investigaciones independientes y asumieron su responsabilidad”. A diferencia de esas otras Conferencias Episcopales, la Española optó “por intentar desacreditar las investigaciones periodísticas que dieron a conocer a la opinión pública el escándalo” y “encargaron una investigación solo cuando ya estaba tomada en el Congreso la decisión de encargar a una institución oficial un informe sobre los abusos”. Y concluye: “la sociedad española sigue mereciendo respuestas y, además, un modo coherente de conducirse por parte de los obispos”.

 

4.3.- Vida Nueva

Según “Vida Nueva” (21.XII.2023), el Informe “Para dar luz II” no sería una “contraprogramación” al bufete Cremades & Calvo Sotelo, sino una “macro síntesis de esta auditoría y de la del Defensor del Pueblo, “cruzando datos, abordando el tema desde las perspectivas eclesial, histórico, sociológico y legal, así como analizando las propuestas en materia de justicia restaurativa y prevención, y traduciéndolas en medidas concretas a adoptar”. Es un texto en el que se “analiza de forma pormenorizada tanto las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo como las incluidas en los avances que el estudio de Cremades” ha ido facilitando a los obispos “en estos últimos meses a medida que se iba cerrando su trabajo”. A partir de ahí, el Episcopado las hace suyas, las valora y apunta hacia dónde dirigirá ahora sus pasos la Iglesia española para erradicar esta lacra.

 

4.4.- Fernando Prado, obispo de S. Sebastián

Finalmente, Fernando Prado, obispo de S. Sebastián, declaraba al Diario Vasco (23.XII. 2023) que “las cifras no reflejan la verdad del problema porque en ellas solo se recogen los casos denunciados a lo largo de décadas, es decir, de muchos años”. Y continuaba: “sin quitar nada de responsabilidad a lo que a la Iglesia respecta, sí quiero decir que esto lo que hace es sacar a la luz que hay un problema muy grave también en la sociedad. Eso es lo que los informes nos dicen. Más allá de las cifras, lo importante son las víctimas y todas esas otras personas que no han denunciado los casos. El problema es muy grave. No solo en la Iglesia, sino en la sociedad, y tenemos que ir abordándolo. Desde la mala y triste experiencia que hemos podido tener en la Iglesia como institución, ayudar también a nuestra sociedad a abordar un tema que atañe a todos los colectivos”. Tras estas consideraciones, concluía indicando que “a los informes del Defensor del Pueblo y el de Cremades se añade otro interno que hemos hecho nosotros que se llama 'Para dar luz II'. La intención es aportar al nuestro todo lo bueno y valioso de esos dos informes para dar más pasos en esta reparación integral y sobre todo pensar en un futuro para que esto no se repita”.

 

4.5.- Tres preguntas

Después de este recorrido, me surgen tres preguntas para las que no acabo de encontrar una respuesta satisfactoria.

 

a.- ¿Por qué encargar una Auditoría?

La primera de ellas, referida a la necesidad de encargar una Auditoría al bufete Cremades & Calvo-Sotelo el mes de febrero de 2022, sabiendo que en el Congreso español se estaban debatiendo tres posibles modelos de investigación: el liderado por el PSOE -que acabará imponiéndose al mes siguiente- partidario de formar una comisión independiente y liderado por el Defensor del Pueblo; el de Unidas Podemos, ERC y Bildu -que apostaban por una comisión parlamentaria- y el del PNV, que se decantaba por encargar la investigación a un grupo de expertos independientes?

Una respuesta a esta pregunta, que me parece estrictamente estratégica, es que la CEE quisiera contar con una investigación propia que, alternativa a la -entonces, previsiblemente- liderada por el Defensor del Pueblo, permitiera a los obispos presentarse -en el caso de que fueran llamados a declarar en las Cortes- con los deberes hechos, una vez entregado y estudiado el correspondiente Informe del Defensor del Pueblo por los grupos parlamentarios.

Sospecho que los prelados, conscientes de este posible contexto -marcadamente político- buscaban presentarse debidamente pertrechados; en particular, ante las fuerzas políticas interesadas en erosionarla institución eclesial. De ahí -sigo formulando una hipótesis en el marco que acabo de reseñar- su interés por contar con una Auditoría alternativa, en principio y aparentemente, más favorable que la que pudiera ser liderada por el Defensor del Pueblo.

Sin duda, existen otras respuestas a esta pregunta, pero la que acabo de explicitar es la que, desde hace tiempo, me viene a la cabeza. Y me viene sin poder evitar -ya sé que ahora soy un ingenuo de conveniencia- dónde pueden quedar el Evangelio, el amor a la verdad y la pasión por la  justicia; el fundamento -así lo creo- de toda estrategia. Solo me queda esperar a ver cómo se desarrolla el trámite parlamentario del Informe redactado por el Defensor del Pueblo en el Congreso.

 

b.- ¿Cómo se puede explicar el desencuentro Cremades – CEE?

La segunda de las preguntas está referida al cruce de reproches e Informes entre el bufete Cremades & Calvo-Sotelo y la CEE. ¿Cómo es posible que se haya producido un desencuentro de este calibre?

Ante esta cuestión, se me cruzan dos posibles respuestas, marcadas, una de ellas, por la comprensión y, la otra, por la perplejidad.

Por la comprensión, porque -en abstracto- entiendo que la CEE tenga una hoja de ruta propia a partir de los diferenciados Informes del Defensor del Pueblo y del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Pero, a la vez, por la perplejidad: ¿Qué sentido tiene encargar una Auditoría externa, si no hay -al parecer- la mínima disponibilidad requerida para aceptar sus diagnósticos, cifras y recomendaciones?

Sinceramente, no lo entiendo; a no ser que el “affaire” A. Dagnino refleje una tensión -no debidamente abordada y, por ello, mal resuelta- en el bufete Cremades & Calvo-Sotelo entre los partidarios, por un lado, de redactar un Informe que, “benevolente” con la Iglesia, permitiera a la Institución eclesial salir airosa de previsibles investidas por parte de algunos grupos políticos en sede parlamentaria, pagando el precio de dejar a las víctimas como prioridad. Y, por otro lado, los más propensos a escuchar a las víctimas y, en coherencia con dicha escucha, poner a la Iglesia el listón todo lo alto que fuera preciso para reparar y erradicar esta lacra, importando bien poco el ruido político que pudiera activar la investigación  y el trámite en sede parlamentaria.

Solo a la luz de esta hipotética disyuntiva, me explico -pero, insisto, es una mera hipótesis explicativa que me facilito a mí mismo- que tales complicadas relaciones hayan dado pie a la reacción de un tercer Informe (“Para dar luz II”) que corrige la plana al escrito por Cremades & Calvo-Sotelo en lo referido a las fuentes de información (sobre todo, eclesiales y estatales, además de otras) y a las cifras de “casos” cuyos testimonios -tal y como sostienen los redactores del Informe de la CEE- han sido “probados” y no solo -como ha hecho el bufete “denuncias creíbles”, sin haber realizado “un estudio en profundidad de los mismos”.

Y, por eso, tambien me explico que los redactores del Informe de la CEE recuerden, “a tiempo y a destiempo”, que los casos de pederastia eclesial son “muy escasos” o, incluso, “cuasi residuales”, en comparación con los que se detectan en otros ámbitos de la sociedad; es decir, que el problema es, ciertamente, eclesial, pero, sobre todo, social y, por ello, la responsabilidad mayor corresponde a los líderes políticos y a las instituciones públicas.

E, igualmente, me explico -lo reitero, a la luz de la hipotética disyuntiva reseñada en el seno del bufete- que el Informe de la CEE cuestione el fondo de 50 millones o que no haga referencia alguna a la necesidad de investigaciones posteriores -indudablemente independientes- ni que se preste la atención debida a estudiar la implicación de los obispos en todo este drama ni, por supuesto, al modelo de Iglesia que los ha propiciado y encubierto -marcadamente absolutista y medieval- ni al ejercicio de la autoridad, para nada corresponsable y sinodal.

Es evidente que para los redactores del Informe episcopal no hay ningún problema sistémico o estructural, tal y como, por otra parte, sostiene el Defensor del Pueblo con toda claridad. El drama de los abusos sexuales a menores es una urgencia eclesial -por supuesto, importante- pero de menor entidad, sobre todo si se la compara con la pederastia que se da en ámbitos fuera de los estrictamente eclesiales. Como mucho, es algo que se puede arreglar bastante bien mejorando un poco las reparaciones económicas ya en curso y cuidando la formación y la prevención. 

 

c.- ¿Es posible hacer luz sobre “denuncias creíbles” y “casos probados”?

La tercera de las preguntas está referida a la importancia que pueda presentar el número -imposible de precisar con exactitud- de “denuncias creíbles” o de “casos probados”. Vista la discrepancia de metodologías, criterios y cifras ¿por qué no se encarga a una comisión, realmente independiente, un estudio exhaustivo que permita hacer luz sobre los abusos sexuales –“denunciados” y “probados”- en la Iglesia y en la sociedad? No me parece que sea una tarea imposible, por más que unos (los partidarios de las extrapolaciones sociológicas o “delirios estadísticos”) y otros (los abonados a la minimización por criterios solo jurídicos) se puedan poner nerviosos.

Y acabo.

 

4.6.- Me quedo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo

A la luz de lo recensionado y de las preguntas apuntadas, creo que lo mejor es que me quede con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo. Me gustaría que, sobre la base de tales recomendaciones, se activara una comisión independiente que, además de hacer luz suficiente sobre el número de víctimas, ayudara a poner en su sitio las extrapolaciones y el “delirio estadístico” en el que han incurrido algunos medios de comunicación.

Es muy posible que esté equivocado con esta recensión que he hecho; más aún, no faltarán quienes sostengan que es más que probable que esté totalmente equivocado. Pero eso es algo que ya dejo en manos del lector y de lo que puedan deparar los próximos movimientos que, referidos a esta tragedia, se van a dar en sede parlamentaria. Esto todavía no ha acabado.