Caritas puesta bajo tutela por Francisco: "La Iglesia funciona como una monarquía absoluta"

Después de que Caritas Internationalis fuera puesta bajo tutela por decreto papal a finales de noviembre, los profesores Marie-Jo Thiel y Jean-Bernard Marie plantean "cuestiones con respecto a los derechos humanos y la democracia".

Fuente:   La Croix

Jean-Bernard Marie,

Marie-Jo Thiel,

21/12/2022

El presidente destituido de Cáritas, el cardenal Luis Antonio Tagle, con el Papa Francisco.NI/DPA/AP

La exclusión repentina y brutal de los dirigentes "elegidos" de Caritas Internationalis y su puesta bajo custodia por un decreto papal del 22 de noviembre plantean una vez más la cuestión del respeto de los derechos humanos y las exigencias de la democracia en la organización de la Iglesia Católica.

Tras una auditoría, el presidente, el secretario general y todo el equipo directivo fueron despedidos por "deficiencias en los procedimientos de gestión que también tuvieron efectos negativos en el espíritu de equipo y en la moral del personal". Sin embargo, la declaración subraya que las infracciones no se refieren al acoso sexual o la malversación financiera, una aclaración útil en el contexto actual. Sin embargo, según fuentes bien informadas, ha habido quejas internas y testimonios de acoso moral.

 

Una decisión radical

Esta decisión radical sorprendió incluso dentro del Vaticano donde la Secretaría de Estado no habría sido informada de antemano, ni siquiera el presidente destituido de Cáritas, el cardenal Luis Antonio Tagle, quien se habría enterado de la medida en el mismo momento en que comunicó públicamente el anuncio. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, encabezado por el cardenal Michael Czerny, bajo cuya autoridad se encuentra Caritas, encargó la auditoría que condujo a esta decisión.

Es sorprendente que uno de los tres consultores de la auditoría, Pier Francesco Pinelli, sea nombrado administrador provisional para ejercer todas las competencias de Caritas y que sea asistido por el presidente recién destituido de su cargo, con la tarea de revisar los estatutos y reglamentos de la federación. Todas estas son medidas que plantean preguntas preocupantes.

 

Preguntas serias

¿Cómo se explica que las supuestas dificultades para gestionar un equipo en la sede de Caritas condujeran a medidas tan graves y desproporcionadas que, de repente, se eliminara toda la gestión? ¿Por qué estos problemas operativos en términos de recursos humanos no se trataron en el nivel adecuado, teniendo en cuenta que el tema no entraba dentro de los hechos graves de acoso sexual o malversación financiera? ¿Por qué era necesario emitir un decreto al más alto nivel de la Iglesia para tal caso, que ciertamente podría afectar significativamente a los empleados pero no poner en peligro a Caritas y sus miembros nacionales?

¿Por qué se tomó esta decisión en el mayor secreto sin que los más altos funcionarios de la Curia aparentemente fueran informados? ¿Qué se temía que guiara la mano del Papa, que probablemente no podía examinar el archivo por sí mismo y comprender los problemas reales? ¿Por qué se apresuró este decreto sin esperar a la Asamblea General de Caritas, que se celebrará el próximo mes de mayo y que está facultada para examinar tales situaciones?

 

Demanda de democracia

¿Cómo puede un consultor, supuestamente independiente, a cargo de una auditoría ser nombrado posteriormente como administrador provisional con respecto a las normas éticas que se aplican a la profesión? ¿Cómo puede un ex presidente destituido ser nombrado asesor del administrador provisional que recomendó su salida después de la auditoría?

Por último, ¿cómo pueden los funcionarios elegidos democráticamente por los órganos competentes de Caritas ser destituidos por un decreto que es un acto ejecutivo de otro orden? ¿Qué sucede con las exigencias de la democracia y el Estado de Derecho que presuponen que nos sometamos a las reglas que nos hemos fijado?

Finalmente, en este caso, ¿cuál era el objetivo y qué estrategia de poder? Vemos, a la vista de los hechos conocidos, que las preguntas son numerosas y profundas. Más allá del "asunto Caritas", lo que está en juego es la organización de los poderes y el modo de funcionamiento de las instituciones de la Iglesia al más alto nivel, en transparencia responsable.

 

Déficit democrático

La cuestión del ejercicio soberano del poder es recurrente en la Iglesia. La separación que se ha convertido en clásica en democracia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sigue siendo en gran medida una ficción, incluso si algunas formas institucionales intentan inspirarse en ella (colegialidad, tribunales eclesiásticos, por ejemplo). Además, la independencia de estos poderes es inexistente, ya que al final es el propio Sumo Pontífice quien valida todos los actos resultantes de los diversos órganos. Así, la Iglesia, como institución de gobierno, funciona como una monarquía absoluta.

Las perturbaciones funcionales, como las de Caritas, ilustran este grave déficit democrático que tiene un carácter institucional y una dimensión estructural. Se puede considerar que la Iglesia no es una institución como cualquier otra y que no pertenece a los principios y reglas de la democracia. Por vocación, es de hecho parte del campo de la fe, la revelación y el dogma, que no se deciden por mayoría. Pero como organización humana secular, no puede escapar a las reglas impuestas a ninguna institución pública o privada. Del mismo modo, el respeto de los derechos humanos universalmente reconocidos, incluso por la Iglesia, se aplica no solo a los demás sino también dentro de ella.

A pesar de los numerosos textos de los diversos papas que acreditan estos derechos universales, la conciencia aún no ha entrado en práctica. ¿No es sorprendente, por ejemplo, que la Santa Sede todavía no haya ratificado las principales convenciones internacionales de derechos humanos, a pesar de que tiene competencia para hacerlo como Estado de la Ciudad del Vaticano y alienta a otros Estados a hacerlo?

 

La suerte del Sínodo

Incluso si es necesario reconocer un progreso real "en la colegialidad", con la participación de los laicos, el modelo y las estructuras no han cambiado radicalmente. Y este sistema que persiste permite la violación de los derechos humanos, los principios de la democracia y el estado de derecho.

El proceso sinodal en curso puede ser una oportunidad única para la transformación. La Iglesia, recuerda el Papa, es de "naturaleza sinodal" y, por lo tanto, dialogante. Por lo tanto, las decisiones no pueden venir simplemente de arriba, sino que deben ir en ambos sentidos. Esta es una gran oportunidad para avanzar en la conciencia y los cambios radicales para que la Iglesia acepte las demandas de los derechos humanos y las prácticas de la democracia.

Jean-Bernard Marie,

Abogada especializada en derechos humanos, directora honoraria de investigación del CNRS

Marie-Jo Thiel,

Médico, profesor emérito de ética filosófica y teológica en la Universidad de Estrasburgo