Valerio Gigante
37237. Viareggio - Adista
Le han tomado en serio, papa
Francisco, cuando habla de colegialidad, cuando defiende que el auténtico poder
es el “servicio” que tiene “su cumbre luminosa en la Cruz” y que, en cuanto
servicio, remite a una concepción de la “acción de gobierno” más como
“administración” que como imperio. Le han tomado en serio, y le han escrito,
mandándole a Vd., a los obispos toscanos y a la prensa en general sus
peticiones de reforma de la
Iglesia.
Son unos ochenta creyentes de
la región de Versilia (Toscana – Italia) y han redactado un importante texto,
asesorados por tres curas muy conocidos en la zona: don Lenzo Lenzi,
historiador, un buen especialista en la historia eclesial de la región, cura de
Sette Santi alla Darsena (cuya parroquia pertenece a la Chiesina del Porto,
construida por don Sirio Politi y donde reposan sus restos), animador en 2012
de una campaña de boicoteo (que tuvo cierto eco en la zona) invitando a los
feligreses a no entrar en los bares y tiendas que tuvieran “videopoker”; don
Antonio Tigli, consiliario nacional de la Acción Católica
Juvenil durante los años 70 y 80 y en la actualidad cura de Don Bosco; don
Bruno Frediani, desde siempre con los emigrantes y fundador y presidente de
Ce.I.S., Gruppo “Giovani e Comunità” di Lucca (institución que se ocupa de las
personas en paro, marginadas, drogadictas, así como de la asistencia
domiciliaria, de la agricultura biológica, del turismo social).
En la redacción final también
ha intervenido un laico, Pierangelo Sordi, colaborador del semanal diocesano de
Pontremoli, “Il Corriere Apuano”.
El documento se inscribe en el
marco de iniciativas análogas adoptadas por otras comunidades, en diferentes
sitios de Italia: la primera de ellas fue la “Carta a la Iglesia de Florencia”, el
año 2007; el mismo año, un grupo de creyentes, reunido bajo la sigla
“chiccodisenape”, en Turín, también se posicionó públicamente al respecto; y,
más recientemente, se ha conocido la carta que los grupos, coordinados bajo el
nombre “Rete dei Viandanti”, han mandado a todos los obispos italianos.
“Es muy importante
-manifiestan los católicos de Versilia- que cada día sean más los grupos que
adoptan iniciativas de estilo. Como también lo es que sus firmantes sean
personas que trabajan estrechamente con los curas de grandes y pequeñas
parroquias y, por supuesto, en las curias diocesanas. Actuando de esta manera,
se profundizará en la convicción y necesidad de reformar la vida de la Iglesia y se posibilitará
una mejor comunicación con todos aquellos creyentes que todavía no perciben
tales urgencias. Obviamente, tendrán la oportunidad de enviar sus peticiones no
sólo a sus respectivos obispos locales, sino también a la Santa Sede”.
Por lo demás, recuerdan, basta
con leer el apartado 3 del canon 212 del Código de Derecho Canónigo (los fieles
tienen “el derecho, y, a veces, también el deber, de manifestar a los sagrados
pastores su parecer sobre lo que concierne al bien de la Iglesia, así como hacerlo
público a los otros fieles”) para entender que iniciativas de este estilo no se
inscriben en la estrategia de una contestación o desobediencia eclesial, sino
en la del legítimo e, incluso, responsable, ejercicio del carisma laical y
presbiteral.
Menos papa, más sínodo
La reflexión se inicia
afrontando, en primer lugar, el actualísimo asunto de la colegialidad: los
firmantes piden que, en la preparación del sínodo, “las personas elegidas por
las diferentes Conferencias Episcopales no tengan que ser aprobadas por el
papa; que a los obispos electores y electos se les dé amplia libertad
para señalar algunos de los problemas que el sínodo podría discutir, así como
total autonomía para presentar sus diagnósticos de las cuestiones que la Santa Sede someta a su
consideración y, obviamente, la misma libertad para proponer las indicaciones
que estimen oportunas sobre los modos de afrontar y solucionar los diferentes
problemas planteados”.
“Además, se cree necesaria la
publicación íntegra de las Actas de los Sínodos Episcopales, de las discusiones
y de las decisiones, de modo que todos tengamos la posibilidad de informarnos
totalmente de los trabajos sinodales”.
En un momento posterior, se
aborda la elección del papa. En esta parte del documento se pide “que se
abandone la regla según la cual necesariamente hay que elegir a un cardenal” y
que el papa sea designado no por los cardenales, sino por los obispos del último
Sínodo convocado, o por un grupo de obispos residenciales, aunque no sean
cardenales, pero elegidos cada tres o cinco años por la Conferencia Episcopal
de cada Estado (o conjunto de Estados). Serían obispos que tendrían que estar
disponibles, también en caso de muerte repentina del papa, para venir a Roma y
elegir al sucesor. Evidentemente, tendrían que estar debidamente informados
sobre las personas que se consideran más aptas para ser elegidas como papa”.
Finalmente, también se lee en
el documento: “no se comprende cuáles puedan ser los motivos por los que la ley
que regula las dimisiones de los obispos al cumplir los 75 años no valga
igualmente para los papas que lo son por ser obispos de Roma. Por esta razón,
sería completamente lógico que dicha ley fuese igualmente obligatoria también
para ellos, sometidos, como lo estamos todos, al dictado inexorable de la
enfermedad y del envejecimiento”.
Transparencia financiera y
solidaridad
Otra vieja cuestión, la de las
finanzas vaticanas. La reforma profunda del IOR, sostienen los creyentes de
Versilia, es algo indispensable e inaplazable.
Creemos necesario “que el IOR
publique su propio balance, que dicho balance esté presidido por la máxima
transparencia y que no solo siga las normativas europeas sino que, sobre todo,
se atenga a los criterios propios de la banca ética. Esta clase de banca no
financia las actividades del hampa o la fabricación de armas, ni, en general,
todo lo que atente o pueda atentar contra el ser humano”.
En lo referente al inmenso
patrimonio inmobiliario del que es propietaria la Santa Sede, y de cuyos
alquileres se obtiene “una renta inmensa” (“empleada únicamente para beneficio
de los sacerdotes y de las diócesis y sin canalizar partida alguna para
consuelo de los pobres, independientemente de cuáles sean sus nacionalidades”),
es urgente, afirma el documento, “una gestión transparente. La mayor parte de
estos inmuebles provienen de donaciones lejanas en el tiempo y, por ello, es
indispensable una reconsideración de los mismos. Ello no obsta para reconocer
que la misma necesidad de transparencia requiere una estructura eficiente, con
un amplio empleo de personas y medios”.
Es cierto e incuestionable
que, por “respeto a toda la humanidad, la Santa Sede tiene el deber de conservar las obras
artísticas, ya sean pictóricas, escultóricas o arquitectónicas”. Como también
lo es que tiene “el deber de contribuir al desarrollo de la cultura,
enriqueciendo continuamente con volúmenes y documentos la Biblioteca Apostólico
Vaticana y el archivo Vaticano”. Pero todo esto es algo que ha de llevarse a
cabo “mediante decisiones que sean, a la vez, razonables y transparentes”.
Además, los firmantes piden
“que la Santa Sede
estudie la posibilidad de poner mayores cantidades de dinero al servicio de la
caridad y de la justicia, dotando de ayudas más cuantiosas (a diferencia de lo
que ha venido ocurriendo hasta el presente) a los programas en beneficio de los
parados, de las familias en dificultad, de los pueblos que tienen todavía un
nivel de vida bajísimo, que carecen de instituciones hospitalarias o que no
tienen posibilidad de financiarse para comprar fármacos en circulación, desde
hace años, en poblaciones más ricas y que están sufriendo por éste y por otros
muchos problemas”.
Mujeres, curas casados y
formación
Después de abordar algunas
cuestiones referidas a la organización interna de la Iglesia italiana,
sugiriendo la reducción del número de diócesis y la agrupación de muchas
parroquias, el documento defiende la supresión del celibato obligatorio para
los presbíteros.
Además, se muestra partidario
de “promover a las mujeres al diaconado (el concilio Ecuménico de Calcedonia
del 451, en el canon XV, da normas sobre las diaconisas, lo que quiere decir
que, por lo tanto, existieron) y al presbiterado”, no tanto “como solución a la
escasez de los presbíteros”, sino por sintonía con la actitud de Jesús “en su
relación con las mujeres y en conformidad con su modo de estar presentes, ser
partícipes y protagonistas en las comunidades apostólicas”.
Muy unido a este tema se
encuentra, inevitablemente, el de la formación de los candidatos a ser
presbíteros. “Los hombres, jóvenes y adultos, que son ordenados en la
actualidad han recibido, frecuentemente, la formación en un movimiento de
fuerte intensidad religioso-devocional, tienen una espiritualidad
individualista-intimista y subsiste en muchos de ellos una mentalidad profana
con una alta tasa de ignorancia sobre el papel de los laicos en la Iglesia y sobre el
ministerio sagrado como servicio a tiempo pleno y no con un horario concreto,
algo, esto último, que es más propio de empleados que de sacerdotes”.
A la espera de una reforma
total de los criterios para acceder al sacerdocio y de la formación de los
candidatos al sacerdocio ministerial, el documento sugiere “la ordenación como
presbíteros de hombres casados, preferentemente con no menos de cuarenta años y
no más de cincuenta”.
Balances parroquiales y la
presencia de los laicos en la política
Sobre la participación de los
laicos en la vida de las comunidades parroquiales y diocesanas, el documento no
se decanta a favor de una total horizontalidad entre laicos y consagrados,
entre curas y obispos (primeros “inter pares” dentro de los organismos pastorales),
a pesar de que las experiencias más relevantes de la Iglesia conciliar fueron
precisamente las llevadas a cabo durante los años 70 y 80, década en la que
curas y feligreses abordaron de manera paritaria muchos asuntos en los consejos
parroquiales y diocesanos.
Se limitan a señalar la
necesidad de una ley que obligue a los párrocos a “confiar todo el trabajo
administrativo, incluida la publicación del balance anual de la parroquia, a
laicos competentes y de indiscutible moralidad”.
Concluyen señalando que “la
corresponsabilidad del laicado no ha de ser tolerada, sino, sobre todo,
promovida”.
Otra espinosa cuestión, la
de las relaciones con la política
“Sin negar la necesidad de
mantener una posible colaboración con el Estado en la promoción de la educación
de los jóvenes mediante auténticos valores humanos, la Iglesia ha de evitar pedir
o apoyar un partido político para buscar y recibir ventajas económicas o de
otro género. Es necesario que la
Iglesia respete la libertad de elección política de todos los
ciudadanos”.
Además, tiene que evitar
“pedir leyes estatales que obliguen a todos los ciudadanos a observar
indicaciones morales de la
Iglesia. Tiene muy poco valor que se evite un pecado porque
es el Estado el que lo prohíbe y porque podría penalizar a quien no observara
dicha ley. El cristiano tiene que tomar sus decisiones morales en conformidad
con lo que dice el Evangelio y porque es Jesucristo quien se lo propone”.
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