El modelo francés de laicidad

El modelo francés de laicidad:

entre la separación “cordial” y la “estricta”,

pasando por la “excluyente”

(I)

 

Jesus Martínez Gordo

En Europa existen -además de las llamadas “religiones nacionales” en Inglaterra, Dinamarca, Grecia, Holanda (hasta 1853), Suecia (hasta 2000)- tres maneras de entender y organizar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado y, por extensión, con las demás religiones: el modelo francés de la separación, el modelo alemán de la cooperación y el modelo de la “mediación” que impulsan las instituciones europeas.

La propuesta de un “código de la laicidad y de la libertad religiosa” por la UMP (Unión por un Movimiento Popular) de N. Sarkozy (5 de abril de 2011) y la promesa electoral de François Hollande (22 enero de 2012) de “constitucionalizar la ley de 1905” “relativa a la separación de las Iglesias y del Estado” han reabierto el debate sobre cómo se ha de entender y aplicar dicha “separación” en Francia.

1.- La ley de 1905 sobre la separación

La laicidad francesa encuentra su referencia legal más determinante en la ley de 1905 sobre la separación entre el Estado y las Iglesias.

Dicha ley sostiene en su artículo 1º que “la República asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto”. En el segundo de los artículos, se proclama que “la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…”.

A estos dos primeros artículos (que algunos invitan a tipificar como “principios”) le suceden otros cuarenta y dos.

El desarrollo y aplicación de esta ley ha sido objeto de dos interpretaciones que admiten, cada una de ellas, diferentes matices y modulaciones: una primera, catalogada como “integral”, “estricta”, “exigente”, “normal” o “a la antigua” (originariamente, anticlerical, restrictiva y “excluyente”) y otra, más liberal, calificada como “positiva”, “creativa”, “cordial”, “abierta” o “moderna”.

2.- La separación “excluyente” de los primeros años

La ley de 1905 fue recibida como una “trágala” por la inmensa mayoría de los católicos franceses. En gran medida, porque resultó ser el fruto maduro de una laicidad anticlerical y restrictiva. Y con dicho espíritu fue aplicada en sus primeros años.

Anticlerical, en primer lugar, porque con ella se pretendía combatir a una Iglesia católica que era percibida como una institución reaccionaria, oscurantista, intolerante y que ejercía una tutela desmedida sobre la vida social e individual, llegando a ser insoportable para muchos.

Y restrictiva de la libertad religiosa, en segundo lugar, porque buscaba recluir toda creencia religiosa en la esfera de lo íntimo, apelando, para ello, a la libertad de conciencia y a la separación entre lo privado y lo público. Con esta apelación justificaba que el interés “social” de las Iglesias no iba más allá de culto. El Estado tenía que ceñirse única y exclusivamente a regular –y garantizar- esa función. Evidentemente, se acabará reconociendo más adelante, que el culto es importante  y central, pero las religiones abarcan bastante más que el servicio litúrgico.

El enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia Católica alcanza su máxima tensión en 1906, año en el que se realizan los “inventarios” de bienes y en el que la Iglesia rechaza las Asociaciones Cultuales, es decir, las instituciones encargadas de administrar las rentas destinadas al ejercicio del culto.

Esta crispada situación empieza a suavizarse durante la primera guerra mundial. La contienda bélica propicia el encuentro entre laicistas y católicos en torno a dos objetivos fundamentales: la defensa del territorio y la salvaguardia de los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad.

Finalizada la guerra, y como consecuencia del apaciguamiento de ánimos, se comienza a poner las bases para alcanzar un “modus vivendi”: en 1921 se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano y en 1923-1924 se firman los acuerdos que garantizan la libertad de la Iglesia para organizarse según sus propios principios. Se abre un tiempo en el que empieza a percibirse la posibilidad de reconciliar la separación con la cooperación y en el que, además, se experimenta que la independencia del Estado no implica la reclusión de la religión en el ámbito de las convicciones íntimas.

3.- La separación “cordial”

En este clima, se propicia una interpretación cordial y creativa de la ley de 1905. Concretamente, se sientan las bases para que el artículo primero (“la República asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto”) llegue a ser reconocido –con las oportunas modulaciones- como un derecho fundamental. De hecho, será recogido, años después, en el preámbulo de la Constitución francesa de 1946 y en su artículo 1 en la de 1958: Francia “garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión” y “respeta todas las creencias”. Lo sustancial de este artículo primero de la ley de 1905 también será recogido en la Declaración Universal de los derechos humanos (1948).

El segundo de los artículos (“la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno”) va a ser objeto de interminables interpretaciones, complicadas y variables, por ser una norma que ha de articularse con la obligación que tiene el Estado de garantizar el culto, además de la enseñanza privada, la asistencia religiosa en los centros públicos, la sanidad y la seguridad social de los responsables religiosos no asalariados, etc. La necesidad de armonizar derechos y deberes lleva a que el Estado y la iglesia Católica dialoguen y acuerden.

La progresiva consolidación de esta actitud dialogante no solo se visualiza en los diferentes acuerdos que se van alcanzado, sino también –y sobre todo- en la voluntad de superar la crispada situación en que se gestó la ley de 1905, así como en favorecer una comprensión de la laicidad más en clave de neutralidad del Estado y de no injerencia en los asuntos internos de las diferentes confesiones que como rienda suelta del anticlericalismo y restricción de la libertad religiosa.

Esta búsqueda de una relación más equilibrada entre el Estado y las iglesias propicia un importante desarrollo de la ley de 1905 que se plasma en acuerdos y decisiones tan notables como, por ejemplo,

·         la institución de las capellanías en los liceos, hospitales y prisiones;

·         la apertura de los centros a la instrucción religiosa;

·         el reconocimiento del carácter propio de los centros católicos;

·         la puesta a disposición de los fieles de los edificios incautados, asegurando su mantenimiento y reparando los que están abiertos al público;

·         la incorporación del clero católico y de los celebrantes musulmanes que no están afiliados en el régimen general de la Seguridad Social (no asalariados, a diferencia de algunos pastores y rabinos) a un régimen especial que cubre los riesgos de enfermedad, invalidez y vejez;

·         la posibilidad de que las Asociaciones Cultuales nacidas de la ley de 1905 reciban donativos y legados y se beneficien de medidas fiscales tales como la exoneración de la tasa fiscal y de los derechos sobre los donativos y legados, o de reducciones de impuestos para los donantes.

Finalmente, hay que reseñar, como culmen de esta voluntad de acuerdo, la creación de una comisión de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia (presidida por el Primer Ministro y el Nuncio Apostólico con el Presidente de la Conferencia Episcopal) encargada de resolver los problemas de la Iglesia de Francia.

Curiosa y sorprendentemente, buena parte de estos acuerdos son alcanzados con gobiernos socialistas que participan de la interpretación “liberal” y “abierta” de la mencionada ley de 1905. Así sucede, entre otros, con la exenciones fiscales a las Asociaciones Cultuales (1987), con la equiparación de la enseñanza privada a la publica (1993), con el establecimiento de un cauce de dialogo permanente entre la Iglesia católica y el gobierno (2002), etc.

Quizá, por ello, no sorprende que en la izquierda francesa existan personas y colectivos partidarios de esta concepción “cordial” de la laicidad. Uno de sus representantes más relevante es Jean-Pierre Mignard, abogado, católico, practicante, persona muy cercana a F. Hollande y convencido de que las religiones contribuyen a la conservación de los lazos sociales. Él ha tipificado su concepción de la laicidad como “moderna”. Entiende que el Estado ha de estar más ocupado en salvaguardar la igualdad entre el hombre y la mujer (que no siempre respetan debidamente todas las religiones) que en reivindicar su separación de las Iglesias; algo, esto último -sostiene- que ya ha sido históricamente alcanzado.

Según Émile Poulat (“Scruter la loi de 1905”, Paris, 2010), éstas y otras decisiones han acabado modificando –con excepción de los dos primeros artículos- casi todas las cuarenta y dos disposiciones restantes de la ley sobre la separación de las Iglesias y el Estado.

Por su parte, los obispos franceses, evaluando la ley de 1905, reconocen (en el año 2005) que la aplicación de la “separación” ha pasado de una situación violenta (en 1905 y en los años siguientes) a otra menos tensa en un momento posterior, para llegar en nuestros días, a un escenario presidido por la serenidad. Ello ha sido posible, sostienen, porque el Estado francés ha ido recuperando una voluntad de armonía cordial y de contacto provechoso con los diferentes cultos y, particularmente, con la Iglesia Católica.

A la luz de estos datos, son cada día más los ciudadanos franceses que entienden la laicidad como acogida y tolerancia de las religiones, como reconocimiento de su libertad de expresión (mientras el orden público no se vea perturbado) y como defensa del derecho de las diferentes confesiones a participar en el debate público, aportando los argumentos y propuestas que estimen oportunos y conformes con su concepción de la vida.

Sin embargo, es un modo de entender la laicidad que se ve obligado a afrontar las nuevas situaciones que está planteando la importante comunidad musulmana. Ésta se desarrolla de forma espectacular y formula sus propias reivindicaciones de expresión pública de lo religioso, algo que lleva a reconsiderar la comprensión de la laicidad, vigente hasta el presente en Francia.