El Arzobispado de Mendoza rechazó un pedido del Vaticano para investigar lo sucedido en el Próvolo y el accionar de los curas. Lo hizo como estrategia judicial para intentar evitar juicios civiles y pedidos de indemnización.
Fuente: MDZOL
Por Laura Fiochetta y Pablo Icardi
24/04/2023
El fallecido cura Corradi. / Foto: Alfredo Ponce
El descubrimiento de los abusos sexuales que se cometían en el Instituto Próvolo generó una repercusión social y política enorme. La Iglesia de Mendoza sintió el golpe: marchas, objeciones de sus propios feligreses y problemas internos. Hubo, incluso, cuestionamientos al principal valor intangible que tienen las personas creyentes: la fe. En plena crisis, el Arzobispado de Mendoza ordenó sus prioridades y puso como urgencia cuidar un principio rector mucho más tangible: el patrimonio de la Iglesia y la posibilidad de que surjan reclamos indemnizatorios por los abusos. Aunque hubo fuertes condenas sobre los principales acusados, los procesos judiciales siguen.
El Arzobispado de Mendoza, liderado entonces por Carlos María Franzini, rechazó realizar las investigaciones y ahondar sobre la actuación de los sacerdotes porque esa tarea expondría, según él, a “un serio riesgo de reclamos de indemnizaciones civiles por el solo hecho de realizar las investigaciones”. Así figura en un documento secreto al que accedió MDZ, dentro del expediente de más de 400 páginas donde se agrupa el proceso interno realizado por la Iglesia tras las denuncias. Allí está la negativa de Franzini a que la Iglesia de Mendoza investigue con el primer objetivo de cuidar el patrimonio.
En la investigación interna de la Iglesia figura el cruce de misivas, testimonios de testigos y de los acusados. Y poco de las víctimas. Sí, hay reconocimientos de esos delitos internos y manifestaciones de horror por los niños y el daño a la Iglesia. Además, hay un detalle de las peleas internas y disputas en el propio Instituto; conflictos que lanzan esquirlas a otras jurisdicciones. Desde sacerdotes indeseados por su accionar, hasta amoríos reconocidos. El dinero vuelve al centro de la escena y también es uno de los ejes de la defensa de los acusados. Los curas Corbacho y Corradi acusan una “operación interna” de un tercer sacerdote al que denuncian por de robar y tratar de quedarse con el dinero del Instituto. Se trata de Ramón Amarilla, que lideró el Próvolo, tuvo acusaciones diversas y luego dejó el sacerdocio. Más allá de la fe, hay otros motores que impulsaban las pasiones y miserias en esa institución.
El pedido del Vaticano
La clave del suceso fue la denuncia pública, realizada por alumnos y alumnas del Instituto en la Legislatura de Mendoza y ante la entonces vicegobernadora Laura Montero. Las repercusiones llegaron al Vaticano. Por eso un estrecho colaborador del papa Francisco se ocupó de ordenar las investigaciones internas a través de tres cartas que envió al Arzobispo de Mendoza. Se trata de Luis Ladaria, cardenal, titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es el sacerdote español de mayor rango dentro de la santa sede. Landria es jesuita, igual que Francisco y el papa argentino lo promovió como cardenal.
Las cartas llegaron a la oficina de calle Catamarca, pero a pesar del pedido, hubo un rechazo para investigar. “He recibido sendas cartas referidas a la presunta comisión del delito de abuso sexual por parte de los Re. Horacio Corbacho y Nicolás Corradi en perjuicio de menores huéspedes del Instituto Antonio Próvolo”, arranca la Carta de Franzini. “En ellas se me solicita aceptar el encargo de proceder a la investigación preliminar…Con sincero ánimo de velar por los intereses de la justica eclesial y considerando la peculiar situación que atraviesa la Iglesia de Mendoza a raíza de las denuncias contra los tres religiosos, me permito manifestarle que llevar adelante desde nuestra arquidiócesis esta investigación sería claramente contraproducente”, explica el arzobispo.
El Provólo fue inaugurado en la década del 90 y tenía directa relación con la institución madre de esa congregación, ubicada en Verona Italia, y con la sede de La Plata. Aunque hubo vínculos directos con el arzobispado, también se registran momentos de tensión. Ocurrió, por ejemplo, con la ordenación del cura Corbacho. El arzobispo José María Arancibia había rechazado ordenarlo en Mendoza porque se había formado en otro sitio. Lo hizo, según explican en el mismo expediente, “a su modo”. Sin embargo, fue obligado a aceptar la ordenación. A finales de 2016, en una jornada organizada en la Legislatura, se rompió el silencio. A través de intérpretes, las víctimas denunciaron haber sido abusadas mientras estaban alojadas en esa institución y comenzó el camino para desanudar una historia oscura que involucró delitos aberrantes.
La causa judicial terminó con condenas a 42 y45 años de prisión contra sobre los curas Nicola Bruno Corradi (que falleció) y Horacio Hugo Corbacho Blanc. También fue condenado Armando Ramón Gómez. Se comprobaron los abusos contra 11 niños y adolescentes.
Franzini se hizo cargo de la iglesia local en 2012. El escándalo del Próvolo marcó su gestión. El hombre falleció poco tiempo después por un problema de salud. Tras las denuncias, hubo marchas, reclamos y protestas hacia esa institución por la actuación. Es que los abusos probados en la justicia habían ocurrido bajo un silencio espantoso. A pesar del pedido del Vaticano, Franzini no quiso investigar. “La expondría-a la Arquidiócesis-a un serio riesgo de reclamos de indemnizaciones civiles por el sólo hecho de realizar la investigación preliminar…Ya con el sólo caso Próvolo, la Arquidiócesis tendrá una ardua tarea en los tribunales civiles de Mendoza. Sumar el escenario de la Investigación preliminar no parece conveniente”, dice el documento.
La interpretación que hacían desde la Iglesia apuntaba a que la información que se generara en esa investigación podía ser usada luego en sede civil por la filtración de los documentos. Es que, explicaban en ese entonces, la Suprema Corte de Mendoza ya había declarado como inconstitucional al procedimiento previsto en el derecho canónico porque no permite la participación de las víctimas.
El arzobispo redunda en las posibles indemnizaciones que se podrían reclamar y sugiere que generar pruebas internas sería otorgarle herramientas para esos reclamos que “terminan judicializando la instancia canónica ante la justicia civil, en espera de recibir una indemnización por daños y perjuicios”. “Se incoa en ese sentido, denegación de justicia y agravio moral”, agrega. El contexto, según ellos, jugaba en contra y facilitaría “cualquier reclamo contra la Iglesia de Mendoza”.
La carta termina con una recomendación peculiar: que la investigación la hagan los mismos integrantes de la Compañía de María para la educación de los Sordos”, es decir el mismo Próvolo. El otro pedido que sí fue tomado por los colaboradores del papa Francisco fue que, en caso contrario, lo hagan los vicarios judiciales de La Plata o Córdoba.
El Próvolo funcionaba en un enorme predio ubicado en Luján. Tras el escándalo, fue cerrado y le sucedió un hecho que generó polémica, también relacionado con el dinero. El predio fue vendido rápidamente y “a precio vil”. El lugar tiene 9 hectáreas, sobre calle Boedo. La Municipalidad de Luján lo adquirió en el año 2018, con todos los proceso judiciales en marcha, por 153 millones de pesos. En ese momento se calculaba que podía tener un valor de mercado cercano a los 1000 millones de pesos. Ahora funciona allí la sede municipal.
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