Una investigación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) realizada sobre una muestra 348 personas en situación de vulnerabilidad social, ha revelado que casi la mitad (47,6%) ha indicado que en el último año ha sufrido un gran incremento de las comisiones por servicios de su entidad bancaria; el 44,2% ha asegurado que las condiciones de su cuenta han empeorado y le han quitado bonificaciones y el 20,2% han querido abrirse una cuenta bancaria y se la han denegado.
Fuente: Noticias Obreras
Las causas de exclusión al acceso de una cuenta bancaria señaladas por las personas encuestadas son el establecimientos de requisitos que no pueden cumplir (80%); el nivel de ingresos que determina un mejor trato (60%) y el miedo a operar por internet (20%).
Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN-ES y coordinadora del informe Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción post pandemia, ha destacado que la pandemia ha agravado la situación de “distrés financiero –hogares sin renta disponible obligados a gastar sus ahorros o pedir dinero prestado que tienen dificultades para lograr de los bancos refinanciación y créditos– en la que vive el 7,3% de la población en España (1.329.863 hogares)”.
Según el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2021, el 35,4% no puede afrontar un gasto imprevisto de 650 euros, el 45,1% llega con alguna o mucha dificultad a fin de mes y el 12,2% tiene retraso en el pago de los gastos de la vivienda habitual”.
La discriminación en el acceso a las personas pobres a los servicios financieros básicos se une con otro concepto clave: la ’violencia administrativa’, que hace referencia al trato distante, prejuicioso, sin empatía, ni calidad por parte de la administración pública encargada de atender las demandas sociales de las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad.
Situación de exclusión financiera insostenible
El presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, ha denunciado cómo “decisiones políticas y económicas nos han llevado a una situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias. El Banco de España y el Ministerio de Economía deben afrontar la aporofobia bancaria y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema bancario y financiero”.
Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha destacado cómo “ha impactado la pandemia en el sobreendeudamiento familiar. Un problema que lleva más de 20 años enquistado y que ha afectado a millones de personas en España. La alfabetización financiera debe ser una prioridad para la banca”.
Elevadas comisiones, embargos indebidos
Por su parte, Fernando de Andrés, secretario general de la Valedora do Pobo de Galicia, ha llamado la atención sobre los colectivos que más están sufriendo el aumento de la exclusión financiera. “Personas mayores, migrantes y refugiadas o perceptoras de pensiones o rentas mínimas de bajo importe, trasladan repetidamente su preocupación por las dificultades para acceder a cuentas básicas gratuitas, el cobro de elevadas comisiones bancarias o el embargo indebido de prestaciones”.
Carlos San Juan, promotor de la Campaña #SoyMayorNoIdiota, ha explicado el éxito de su campaña, que ha logrado el compromiso del Gobierno frente al trato de los bancos, tras conseguir 600.000 firmas de apoyo. “Esta campaña nació del monopolio digital de las entidades bancarias. La digitalización es importante, pero lo más urgente es recuperar la atención humana y personal en las entidades bancarias. Así se lo hemos transmitido a la ministra Calviño”.
Carencias de información
Por último, Sol Vázquez, gerente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia de la Xunta de Galicia, ha advertido de “las carencias de información de los consumidores para acceder a la cuenta de pago básica. Pese a que la normativa obliga a las entidades de crédito a informar sobre las cuentas de pago básicas, existe un incumplimiento generalizado de tales deberes de información. El acceso al sistema bancario y financiero es un servicio esencial, por lo que deben corregirse todas las dificultades de acceso y exigir su cumplimiento. La normativa debe proteger a las personas consumidoras, en especial a las más vulnerables”.
En el contexto europeo, más de 37 millones de personas carecen de acceso a servicios financieros formales y están en situación de exclusión financiera (un millón de ellas en España).
Sólo dos Estados miembro, Dinamarca y Finlandia, tienen el 100% de la población totalmente incluido en el sistema financiero. En los países de la UE-15, 2 de cada 10 personas adultas carecen de acceso a servicios bancarios transaccionales; 3 de cada 10 no tienen acceso a ahorros y 4 de cada 10 no tienen facilidades de crédito, aunque son bastantes menos (menos de uno de cada diez) los que afirman que se les ha denegado crédito.
Estos datos y declaraciones se han dado a conocer durante la Jornada de lucha contra la discriminación y la aporofobia: ‘Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria? #aporofobiabancaria, llevada a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con su red territorial EAPN Galicia.
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