Comienza en Francia la “reparación” de las víctimas de pederastia en la Iglesia

Una comisión independiente pero financiada por la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) “acompañará” a las víctimas y evaluará las compensaciones, financieras y de otro tipo, que requieran

Fuente:   El País

Silvia Ayuso

24/02/2022

Marie Derain de Vaucresson, presidenta de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación. ALAIN JOCARD (AFP)

El mecanismo para “reparar” e indemnizar a las numerosas víctimas de abusos a menores en el seno de la Iglesia católica de Francia ya está en marcha. Cuatro meses y medio después de que una comisión independiente estimara en al menos 216.000 los casos de pederastia cometidos por religiosos franceses en las últimas siete décadas, la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR), el organismo creado por la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) para acompañar a las víctimas y determinar, en caso necesario, las indemnizaciones a las que tienen derecho, ha anunciado que ya está gestionando los primeros casos.

Aunque su presentación pública ha sido este jueves en un acto en París y todavía no se ha cerrado todo el equipo, unas 180 personas han contactado ya a la INIRR en las últimas semanas, en que estaba aún constituyéndose, para pedir una “reparación” por los abusos sufridos, ha revelado Marie Derain de Vaucresson, presidenta de esta institución, financiada por la Conferencia Episcopal pero que trabajará de forma totalmente independiente. La institución que dirigirá los próximos tres años —con un mandato renovable una sola vez— cuenta ya con varios millones de euros recaudados por las diócesis para afrontar las previsibles compensaciones económicas.

No obstante, la veterana jurista, especializada en violencia contra menores y que fue Defensora del Niño, ha subrayado que el dinero no es la prioridad de la mayoría de los que llaman a su puerta. De hecho, “menos de la mitad” de los casos ya atendidos, que se espera que se multipliquen exponencialmente en los próximos meses y años, priorizan la cuestión financiera a la hora de buscar una reparación por los abusos sufridos, ha asegurado. Muchos apenas demandan “un euro simbólico” y lo que buscan es solo poder hablar de lo sufrido, escuchar un arrepentimiento o al menos confrontar a sus agresores o los responsables religiosos de estos que en su momento no quisieron o supieron escucharlos.

“Nuestra tarea es muy sencilla: se trata de escuchar, reconocer y reparar”, empezando con una pregunta también en apariencia sencilla: “¿Qué quiere que hagamos por usted?”, ha resumido De Vaucresson en una rueda de prensa en París respecto a la tarea de su equipo. Este constará de un número aún por precisar de “referentes de diálogo”, personas que atenderán de forma individualizada a cada víctima para “dialogar y atender sus demandas”. Los referentes, cuyo número dependerá de la cantidad de víctimas que acudan al INIRR, serán reclutados entre juristas, especialistas en psicología y mediadores, entre otros.

Cada referente realizará una “escucha individualizada” de la víctima, “sin juzgarla”, y buscará identificar con ella no solo los abusos de los que fue víctima, sino también las “faltas y deficiencias tanto de la Iglesia como de otras personas de su entorno”. También hará una valoración de “las consecuencias en su vida a largo plazo” de esos abusos, ha explicado De Vaucresson. Con los “hechos evocados, las consecuencias traumáticas, las necesidades y demandas previas” de la víctima, y siempre en coordinación con esta, se elaborará un informe que puede derivar en una “solicitud de reconocimiento y reparación” que será a su vez analizado por un “colegio de expertos”. Es un organismo permanente compuesto por 12 personas —médicos, abogados y hasta magistrados— que están siendo reclutadas por su experiencia en campos como la salud, la escucha de víctimas o el acompañamiento jurídico.

El “colegio de expertos” emitirá a su vez una “decisión”, que puede ir desde una sencilla “declaración fuerte, simbólica, de confirmación de lo que la persona ha vivido y de las deficiencias sobre todo de los miembros de la Iglesia” a incluso la solicitud de una “reparación financiera”. Las formas y montantes de las indemnizaciones están aún por determinar, ha precisado De Vaucresson, si bien ha adelantado que esperan poder empezar a “satisfacer las demandas de reparación financiera” (la experta prefiere no usar la palabra indemnización) en los próximos meses, en cualquier caso “hasta el verano”.

No es la INIRR la que debe distribuir el dinero. Esta institución enviará sus recomendaciones al Fondo de ayuda y de lucha contra los abusos de menores (Selam, por sus siglas en francés), un organismo creado el año pasado por la Conferencia Episcopal y que, en enero, anunció que había logrado recaudar los primeros 20 millones de euros gracias a la venta de patrimonio inmobiliario y de inversiones de diversas diócesis y obispados. De esta primera partida, cinco millones ya han sido dirigidos al “acompañamiento financiero” de las víctimas según lo determine la INIRR y otro millón a “acciones de prevención y de memoria”. El Selam, creado como la INIRR por la Conferencia Episcopal, no podrá discutir a priori el monto recomendado por los expertos de la institución de Vaucresson y estos por su parte tampoco tienen que justificar ante el fondo la cifra presentada, ha explicado el secretario general interino de la INIRR, Daniel Gacoin.

Junto con la INIRR ha empezado ya a trabajar otra institución independiente, la Comisión de Reconocimiento y Reparación (CRR) creada también a finales de año y como respuesta al informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase, en sus siglas en francés) por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref), que atenderá a las demandas de las víctimas de pederastia en las congregaciones religiosas. A diferencia de la INIRR, que estipulará las indemnizaciones que deba pagar el fondo de la Iglesia, la CRR deberá negociar en cada caso individual la reparación económica con la congregación afectada.

De Vaucresson ha reconocido que la existencia de dos instituciones tan similares “complica las cosas para las víctimas”, pero ha explicado que se decidió este formato por “cuestiones jurídicas” sobre la manera de acordar y distribuir las indemnizaciones y asegura que las dos comisiones trabajan ya en estrecho contacto y que está incluso previsto un “portal común” para acoger a las víctimas antes de derivarlas a una u otra instancia.