Jesús Miñambres: «Donde hay poder, hay corrupción y hay peligro»

Fuente:   Alfa & Omega

ENTREVISTA / El nuevo motu proprio del Papa introduce nuevas reglas para evitar que haya conflictos de intereses y corrupción entre el personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano. Lo analizamos con el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz

 

Victoria Isabel Cardiel C. 6 de Mayo de 2021

 

 

El profesor e investigador subraya la apuesta del Papa por la ‘accountability’.
Foto: Victoria I. Cardiel

 

¿Cómo funciona la nueva ley?
Se trata de una carta apostólica en forma de motu proprio que establece distintas disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas del Vaticano. La Santa Sede se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (firmada en 2003), lo que impone la obligación de adecuar sus prácticas y cumplir algunos requisitos para prevenir y combatir la corrupción. La nueva normativa complementa las medidas que aprobó el Papa en mayo para regular la transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por la Santa Sede y el Estado Vaticano. Además, su publicación coincide con la discusión del informe sobre la transparencia de las finanzas del Vaticano por parte del órgano de control del Consejo de Europa, conocido como Moneyval.

 

Las medidas aprobadas no permiten ni siquiera recibir regalos de más de 40 euros. ¿No es demasiado severo?
Las normas engloban a todos los niveles de gestión de la Santa Sede –cardenales jefes de dicasterios, subdirectores con contrato ejecutivo de cinco años– y todos los que tengan funciones de administración jurisdiccional activa o de control y vigilancia. Es verdad que, en la Curia, por su exigua capacidad de manejo económico, toda la corrupción que pueda haber será pequeña si la comparamos con otras instituciones o gobiernos. Pero se pretende erradicar estas prácticas de hacer regalos caros a cambio de favores. El objetivo es ser ejemplares. Pero claro que si la madre de un cardenal quiere regalarle la cruz pectoral, que sobrepasa los 40 euros, es de sentido común que no pasa nada.

 

La normativa llega en un momento en el que el Vaticano trata de reponerse del último caso de corrupción, la compraventa de un lujoso inmueble en Londres. ¿Estas medidas son una respuesta directa a ese escándalo?
Creo que hay que verlo todo en su contexto. El primero que ha dicho que está de acuerdo con hacer inversiones es el Papa. Incluso considera que es imprudente no hacerlo y guardar bajo llave el dinero en un cajón. Es cierto que esa compra no se gestionó bien y ha supuesto pérdidas millonarias. Pero se han compensado con el fondo de reserva del Santo Padre, que está también para parar esos golpes. Hay que pensar que la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica) gestiona un patrimonio ingente que solo en Italia suma más de 3.000 propiedades. Y en una ha salido mal. Además, todo esto se descubre tras una investigación interna, lo que es un síntoma de que se están haciendo bien las cosas. Ahora será la magistratura la que indique dónde hubo irregularidades, pero la administración debe ser, además de transparente, rentable.

 

En esa operación inmobiliaria y en otros casos hemos visto la mano de personas ajenas a la Curia, de intermediarios a los que se les han confiado estas gestiones. ¿Están a salvo ahora las finanzas del Vaticano de este tipo de asaltos?
No quiero ser pesimista, pero seguiremos viendo escándalos. No es humano erradicarlos, ni siquiera en el Vaticano. Se han puesto límites para que casos como este sean más difíciles de orquestar, pero al final estamos hablando de la obligación de declarar en papel cada dos años que no se tienen procesos pendientes por delitos fiscales o dinero en paraísos fiscales. Se puede mentir, o tener fondos en esos territorios sin vigilancia en nombre de un amigo. Además, en la Curia no se despide a nadie. Por eso las leyes de la contratación laboral son tan estrictas. El mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, que estuvo filtrando sus documentos privados, acabó trabajando como administrativo en el hospital Bambino Gesù. Esta no es la mentalidad empresarial, sino la evangélica, que dice que hay que perdonar a los enemigos. Y esto no es fácilmente comprensible.

 

De hecho, la ley se publica poco después de que un programa de televisión revelase que la APSA habría invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después.
Sí, es posible que se hayan realizado inversiones que no responden a la doctrina social de la Iglesia. De ahí que se haya especificado en la norma. Ahora ya es más complicado. Pero hasta el escándalo del edificio de Londres había cierta discrecionalidad por parte de los oficiales, no ya de las máximas autoridades, sino de quien gestiona en la práctica las inversiones. Se miraba más la rentabilidad. Esta normativa es un paso más para evitar estas prácticas y para cercar la corrupción interna. Donde hay poder, hay cierta corrupción y hay peligro. Esto el Papa lo sabe. Por eso está imponiendo un modo de trabajo donde es importante la accountability, que es sinónimo de responsabilidad y de rendir cuentas. Sobre todo, porque la Curia romana gestiona cosas que no son suyas.