El modelo francés de laicidad (II)

El modelo francés de laicidad:

entre la separación “cordial” y la “estricta”,

pasando por la “excluyente”

(II)

Jesus Martínez Gordo

 

4.- La reapertura del debate político

En diciembre de 2007 Nicolás Sarkozy defiende lo que califica como “laicidad positiva”: “Asumo plenamente el pasado de Francia y este vínculo particular que durante tanto tiempo ha unido a nuestra nación con la Iglesia”. Este posicionamiento no sólo provoca críticas muy duras en la oposición y en los medios laicos herederos de la interpretación excluyente, sino que reabre el debate sobre la laicidad en referencia, en esta ocasión, a la creciente presencia del Islam.

Es esta última cuestión la que está en el punto de mira de la asamblea extraordinaria de la UMP (2011), el partido de N. Sarkozy, para debatir el “código de la laicidad y la libertad religiosa”. En dicha Asamblea se pretende relanzar, al decir de sus impulsores, una laicidad “responsable”, por considerarla amenazada. Y, además, hacerlo marcando distancias tanto de los socialistas (que “niegan” el problema) como del Frente Nacional (que lo afronta “demagógicamente”).

El código en cuestión (y las 26 propuestas en que se articula) no sólo encuentra dificultades entre las mismas filas de la UMP (por el riesgo de “estigmatización” de los musulmanes), sino también en el conjunto de los representantes religiosos mayoritarios que se solidarizan con los musulmanes en un gesto con pocos precedentes.

André Vingt-Trois (arzobispo de París y presidente de la Conferencia Episcopal francesa), juntamente con Mohammed Moussaooui (presidente del Consejo nacional de culto musulmán), Gilles Bernheim (Gran rabino de Francia), Claude Baty (presidente de la Federación Protestante de Francia), Emmanuel Mouisson (presidente de la Asamblea de obispos ortodoxos) y Olivier Wang-Genh (presidente de la Unión budista de Francia) aprueban y firman un documento crítico contra dicho “código de la laicidad”.

El mismo cardenal A. Vingt-Trois abunda en su denuncia ante los obispos reunidos en Lourdes (2011) cuando sostiene que el “código” no sólo magnifica ciertas prácticas musulmanas minoritarias sino que, sobre todo, da alas a la comprensión más “cerrada” de la laicidad, es decir, a la que rechaza cualquier expresión religiosa en la vida social.

4.- La separación “estricta”.

A la luz de este debate, reabierto por el partido de N. Sarkozy, se comprende que también muevan ficha las personas y los colectivos partidarios, hasta el presente, de una aplicación “integral”, “estricta”, “exigente”, “a la antigua” o “normal” de la ley de 1905 y, por tanto, de la separación entre el Estado y las diferentes religiones.

El “código” de la UMP parece dejarles con un campo de actuación muy limitado. La respuesta de los tradicionalmente partidarios de la separación “estricta” es doble: una primera, integrada por los francmasones y los herederos de su aplicación “excluyente” y otra segunda, constituida por quienes se decantan por superar los reajustes distorsionados que se han dado de la misma y prefieren que se interprete de manera “estricta, “integral” o “exigente”.

Los francmasones y los “excluyentes” de la primera época son firmes partidarios de denunciar el Concordato actualmente vigente en Alsacia y Mosela entre Francia y la Santa Sede. Y lo hacen en coherencia con el juicio que les merecen las religiones: son malas intrínsecamente. Por ello, se ha de limitar su influencia, dejándolas recluidas en el ámbito de las convicciones individuales y en la esfera de lo privado. En conformidad con este diagnóstico, se oponen frontalmente a su reconocimiento oficial o a que se establezcan relaciones regladas con ellas.

Son, como se puede colegir del análisis y de las propuestas formuladas, firmes partidarios de que la separación entre las diferentes iglesias y el Estado sea total, argumentando para ello que nadie está autorizado para intervenir en el foro íntimo de cada persona.

Los partidarios de una laicidad “estricta”, “integral” o “exigente” forman un colectivo cuyas voces más significativas son -además de F. Hollande- Manuel Valls y Jean Glavany. Los tres, en este caso, miembros del partido socialista francés.

François Hollande, partidario de una laicidad “estricta” (que algunos de sus más allegados califican como “normal”) es quien abre el debate sobre la “constitucionalización” de la ley de 1905.

Queda por ver si dicha propuesta ha sido un guiño electoral a la izquierda de la izquierda (y a su deseo de desatar los viejos demonios del anticlericalismo o, como se dice hoy, de la “cristianofobia”) y cuál va a ser su recorrido legislativo, en el caso de que lo tenga.

El hecho de que se haya manifestado contrario en un momento posterior a denunciar el Concordato de Alsacia y Mosela (decisión que se deduciría irremediablemente de su propuesta de constitucionalizar la ley de 1905) lleva a pensar que lo que realmente pretende es activar (como han defendido Manuel Valls y Jean Glavany, entre otros, dentro del partido socialista francés) una interpretación “estricta” del articulo segundo de la ley de 1905: “la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…”. Buscaría recuperar el espíritu y la letra –en el marco de una exégesis “exigente”- de dicho artículo segundo, algo que los partidarios de una aplicación “abierta”, “liberal”, “creativa” o “moderna” han consentido que se pierda.

No se puede ignorar que el nuevo presidente de la república francesa también ha prometido retocar la ley Carle sobre la financiación de los colegios privados o todo lo referido al “halal” en los comedores y los horarios de piscina para las mujeres…, cuestiones en las que los partidarios de una “laicidad integral” (pero no sólo ellos) entienden que el Estado ha de seguir empleándose a fondo.

Finalmente, conviene tener presente lo que F. Hollande declaraba el 29 de abril de 2012 en Bercy: el entonces candidato a la presidencia se comprometía a respetar la libertad de conciencia como principio fundamental de la convivencia, pero pedía, a renglón seguido (algo que casi sonaba como contrapartida) que las religiones “no interfirieran en el debate público”

Manuel Valls, ministro del Interior (y encargado de los cultos), ha venido defendiendo lo que ha definido como “laicidad exigente”. El 18 de marzo de 2012 manifestaba, dirigiéndose a la comunidad judía, que “la laicidad no es la negación de lo religioso, no es la cerrazón a lo sagrado y a lo espiritual. La laicidad es un equilibrio permanente y difícil entre la neutralidad del Estado, la libertad de conciencia y el pluralismo”. Por eso, sostenía, el único calificativo que se puede aplicar a la laicidad es el de “exigente”, porque “la laicidad es un principio con el que no se transige”.  

Al decir de sus críticos, la suya es una laicidad que, sin estar formalmente cerrada a lo espiritual y a lo sagrado, acaba recluyendo las religiones y sus manifestaciones -sobre todo, las islámicas- en la esfera de lo privado. Es una valoración que vendría avalada por su trayectoria política: fue uno de los catorce diputados socialistas que en 2010 votó a favor de la ley que prohibía el velo integral en el espacio público. Fue quien también apoyó públicamente a la dirección de la casa cuna Babyloup cuando se opuso a que una de sus empleadas llevara el pañuelo islámico y fue quien, igualmente, se pronunció a favor de prohibir que las madres esperaran a sus hijos con el rostro oculto por el velo a la salida de los colegios.

Éstos y otros posicionamientos le han granjeado una imagen negativa en la comunidad islámica. Algunos de sus interlocutores, mientras fue alcalde en Evry, le ven como un “laico obstinado” y otros como un hombre ferozmente opuesto al comunitarismo islámico (“las religiones pueden tener un sitio simbólico en la vida de la ciudad, pero nada más”). A diferencia de estos críticos, una persona cercana resume su trayectoria en los siguientes términos: “mientras que ante el Islam los políticos franceses tienden a hacer demasiado o no suficiente, Manuel Valls es menos acomplejado”.

Jean Glavany abandera la comprensión “integral” de la laicidad en el partido socialista francés.  Es una posición que ha dado a conocer en colaboración con otros militantes: “La laïcité: un combat pour la paix” (2011) y “Laïcité: les deus points sur le i” (2012).

Comparte la propuesta de F. Hollande de constitucionalizar la ley de 1905 porque permitiría evaluar la evolución experimentada por dicha ley desde su aprobación. Y, sobre todo, porque ayudaría a superar la deformación experimentada por la aplicación del articulo segundo. Esto es algo que, por ejemplo, se puede constatar en la ley del mecenazgo de 1987, una ley que –al decir de J. Glavany- puso fin a la laicidad fiscal.

Por eso, insiste en ser particularmente rigurosos en todo lo referido a la financiación de las religiones y reivindica, concretamente, que no se subvencione ni se pague (como sucede actualmente en Alsacia y Mosela) culto alguno. Sin embargo, se manifiesta partidario de que el Estado corra con los gastos derivados de la renovación de los lugares sagrados considerados monumentos históricos.

Finalmente, lamenta que F. Hollande no se haya comprometido a denunciar el Concordato que vincula al Estado Francés y a la religión Católica en el Alsacia-Mosela.

En conclusión

Tanto F. Hollande como M. Valls y J. Glavany se ubican en la órbita de los partidarios de una interpretación y aplicación “estricta”, “exigente” o “integral” de la ley de 1905 con el fin de superar la más “abierta” “creativa” y “liberal” que ha venido consolidándose en los últimos decenios, y a pesar de haber sido impulsada, incluso, por gobiernos de su propia formación política.

Sin embargo, es una posición no exenta de contradicciones y riesgos. Y, probablemente, el menor de ellos no sea el peligro que algunos perciben de regresar a una situación que se creía felizmente superada, sino, sobre todo, la cercanía que otros muchos constatan entre esta concepción de la laicidad (particularmente, en el caso de M. Valls) con la lectura que de la misma también está haciendo la extrema derecha francesa (el Frente Nacional) y algunos sectores de la misma UMP de N. Sarkozy.