El debate en el Congreso sobre los abusos en la Iglesia: tópicos, gresca y propuestas dispares

Los parlamentarios se dividen entre los que plantean una responsabilidad subsidiaria del Estado y quienes exigen que solo la Iglesia indemnice a las víctimas fiscalizada por los poderes públicos

Fuente:   Vida Nueva Digital

Por   José Beltrán

21/11/2024

 

La comparecencia hoy, 21 de noviembre, en el Pleno del Congreso por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar su informe antiabusos ha generado un debate con propuestas más que dispares entre los diferentes grupos parlamentarios, que han visibilizado mucha gresca, tópicos eclesiales y conocimiento superficial sobre la lacra y sus vías de solución. A priori, las iniciativas de los partidos podrían confluir en una comisión que permitiera aterrizar las indicaciones de Gabilondo.

Así, el diputado Herminio Sancho, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, verbalizó la postura oficial de Moncloa que pasa por “llegar a un acuerdo” con la Iglesia para aplicar las recomendaciones del informe Gabilondo.  O lo que es lo mismo: una comisión estatal y un fondo mixto entre Estado e Iglesia para indemnizar a las víctimas que no han recibido compensación alguna por vía judicial.  “Son necesarias medidas concretas de cara a las víctimas porque necesitan ser escuchadas y reparadas. La Iglesia Española lo debe afrontar con verdadera sinceridad y seriedad”, expuso el parlamentario que reconoció algunos avances, citando incluso al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

 

Atajar y eliminar

Por su parte, la diputada del Partido Popular, Marta González, reconoció el trabajo del Defensor del Pueblo, pero lamentó que solo se focalizara en la Iglesia y no se hubiera “ampliado el espectro” a otros espacios como la familia, lo que ha hecho que sus resultados hayan sido “distorsionados y sesgados en cuanto al fenómeno en su conjunto”. “A los poderes públicos nos corresponde la tarea de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también los que no aparecen reflejados en este informe”, expuso.

Desde Sumar, Gala Pin, se comprometió a presentar cuanto antes “una iniciativa” que permita “crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo”. En nombre de Podemos, Ione Belarra criticó al PSOE porque, según ella debería haberse creado una comisión de investigación “pública” y no hacer “un proceso a puerta cerrada, controlado por el Defensor del Pueblo”.

 

Borrachera de odio

El diputado de Vox Ignacio Hoces tumbó sin más la investigación realizada por el Defensor del Pueblo y llegó a decir que “la lucidez de Gabilondo no habrá estado a la altura”. Este balance contrasta con el de la propia Iglesia que dio su visto bueno al estudio, excluyendo, eso sí, la proyección de la encuesta elaborada por GAD3. Al igual que Podemos, Vox dirigió sus dardos contra el PSOE, a quien acusó de tener una “borrachera de odio histórico” y “una obsesión enfermiza”, contra la Iglesia. “¿Por qué no se investigan ustedes mismos, que tienen cientos de casos de abusos sexuales?”, llegó a decir Hoces.

El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch planteó crear un fondo de indemnizaciones “exclusivamente financiado por la Iglesia”, un aspecto en el que coinciden otros grupos como Sumar o EH Bildu. A modo de slogan efectista, aseveró: “El arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, dimitió. Aquí, en este Estado, no dimite ni Dios”.

 

Reparación pública

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó apreció la metodología utilizada en el informe, mientras que desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta propuso la creación de un fondo estatal “financiado por la contribución de la Iglesia, solo de la Iglesia”. “Esta decidirá si contribuyen todas las diócesis, si venden propiedades para indemnizar, como lo hizo también Francia”, dejó caer.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea abogó por “obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico”. Por su parte, el diputado del BNG Rego Candamil se mostró partidario de “que el Estado no pueda inhibirse de sus obligaciones” de tutela y supervisión ante los abusos y urgió a “acelerar” la reforma legislativa que fue tomada en consideración la semana pasada para lograr que estos delitos no prescriban.