Fuente: Noticias Obreras
Luchar contra la exclusión financiera supone «garantizar un acceso adecuado a los servicios bancarios básicos a toda la población». Nos referimos no solo a las personas vulnerables, sino también a los emprendedores y autónomos y a los pequeños ayuntamientos y entidades locales que necesitan financiación.
«La banca de hoy obtiene la mayor parte de sus beneficios en actividades especulativas y no necesita los depósitos y ahorros de las personas y familias. Para aumentar la disponibilidad crediticia, capta liquidez pública a través de los bancos centrales (normalmente sin pagar intereses) que coloca, a menudo, en fondos de inversión que suelen operar con perfiles especulativos. De ahí se nutre mayoritariamente la cuenta de resultados del oligopolio financiero español. Al mismo tiempo, la empresa privada de gran tamaño se financia con deuda corporativa mientras la pequeña accede principalmente al crédito bancario» Los textos entrecomillados están sacados del manifiesto Paremos la exclusión financiera que dio origen a la Plataforma contra la Exclusión Financiera, promovida por la Plataforma por una Banca Pública y otras organizaciones de economistas, sindicales y sociales.
Otro motivo que explica por qué los bancos han estado practicando la exclusión financiera es la existencia de la cuenta de pago básica. La directiva 2014/92/92 establece el derecho de acceso de toda persona a una cuenta de pago básica en un banco, sin apenas pagar comisiones. En dicha directiva se delimita los servicios incluidos en esa cuenta de pago básica. Posteriormente, se traspone la directiva europea en el Real Decreto Ley 19/2017 que distingue dos tipos de clientes: los que tienen que pagar una comisión mensual por disponer de la cuenta de pago básica y aquel otro colectivo en situación de vulnerabilidad que no tiene que pagar comisiones.
Por último, la orden ECE/ECE/228/2019 fija en tres euros mensuales la comisión máxima por disponer de la cuenta de pago básica para el primer colectivo que incluye las operaciones más habituales: apertura, utilización y cierre de cuentas, depósito de fondos en efectivo, retirada de dinero en efectivo en oficinas o cajeros automáticos, operaciones de pago mediante una tarjeta de debito o prepago y hasta 120 operaciones anuales.
Concluyendo, los ciudadanos que tienen domiciliado en un banco su nomina o pensión, que no usan las tarjetas de débito porque utilizan el dinero en efectivo, apenas tienen recibos domiciliados y no piden préstamos, solo pagarán al banco 36 euros. Y los vulnerables económicos y sociales, nada, aunque los bancos no los reconocen en la práctica. Todas estas personas no son interesantes para los bancos.
La banca de hoy obtiene
la mayor parte de sus beneficios
en actividades especulativas y
no necesita los depósitos y ahorros
de las personas y familias
En España la exclusión financiera se da de manera especial: no hay cajas de ahorro que puedan atender a los excluidos financieros por razón social; tampoco hay bancos de desarrollo que promuevan el desarrollo de la España rural y la red de cooperativas de crédito y cajas rurales no llegan a todos los municipios.
Y, para colmo, tenemos un sistema financiero oligopolístico: tres bancos, CaixaBank, BBVA y Santander, tienen una cuota de mercado del 60%. Mientras hay 2.200 municipios sin sucursal bancaria y más de 1.300.000 personas en riesgo de exclusión financiera que viven hasta a 9,4 kilómetros de una oficina bancaria. El oligopolio bancario privado actual se ha edificado con ayudas públicas directas e indirectas y ahora sufrimos las consecuencias de las fusiones.
Pero, en nuestro entorno europeo coexisten todavía bancos y cajas de ahorro públicas y bancos de desarrollo local próximos a dónde habitan los ciudadanos. Por ejemplo, en Alemania las Sparkassen; en Francia, un extenso sistema de oficinas de correos, cajas de ahorros, cooperativas y mutualidades de créditos; en Finlandia, el OP Financial Group (unión de 180 cooperativas) o el Grupo DNB Bank en Noruega.
Nuestras propuestas
La Plataforma contra la Exclusión Financiera propone las siguientes medidas. Una organizativa: nombrar un delegado del Gobierno para la inclusión financiera, integrando como interlocutores para la búsqueda de soluciones: a los sindicatos, trabajadores bancarios y de correos y asociaciones contra la exclusión financiera.
Y otras tres propuestas basadas en soluciones concretas:
1. «De forma inmediata, la red de Correos debe realizar directamente las operaciones básicas que realizaba la Caja Postal más las que le permite su condición de Entidad de Dinero Electrónico (EDE)…».
2. Defender y apoyar a las cooperativas de crédito y cajas rurales y finanzas éticas.
3. «Para crear una banca de desarrollo local y contribuir al equilibrio territorial, aumentar las sucursales del ICO a nivel provincial y en la España vaciada…».
«Estas son unas propuestas de urgencia y de mínimos, sin que ello quiera decir que no se aspire a crear un polo de banca pública de más envergadura en España».
La ley 4/2022 y la posibilidad de una banca minorista postal y ética
Para Raimund Röseler, jefe de la supervisión financiera alemán, el sistema financiero va a seguir sufriendo grandes transformaciones. En esa situación, es difícil definirse si una banca de cercanía pública sería viable en España: están creciendo las bigtechs [gigantes tecnológicos], las fintechs [tecnofinanzas] y los bancos online que no cobran comisiones por las operaciones básicas, porque se ahorran gastos de personal y de oficinas. Sin embargo, la recogida de firmas pidiendo la atención presencial a los clientes de los bancos, un mundo rural llamado a ganar importancia y la falta de oficinas en él pone de manifiesto la necesidad de una banca postal de cercanía. Las 2.400 oficinas técnicas de Correos informatizadas y otros 2.200 puntos de atención al público, junto con los más de 6.000 carteros rurales nos están urgiendo a aprovechar esos recursos públicos para la atención a las personas vulnerables, a las no vulnerables y ese mundo rural. Otro modelo de sociedad es posible y necesario. La Ley 4/2022 de protección de los consumidores vulnerables puede abrir una puerta. En su disposición adicional segunda se dice: «El Gobierno promoverá en el plazo de tres meses… las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pago a los consumidores…». ¿Podremos mover entre todos a la ministra de Economía para que las modificaciones legislativas que promueva se dirijan a desarrollar un proyecto de banca postal y ética? •
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