Jesús Martínez Gordo
Con motivo de la
finalización del año de la misericordia, el papa ha concedido a los sacerdotes “la
facultad de absolver a quienes hayan procurado” el aborto; una potestad
reservada hasta el presente a los obispos. Y lo ha hecho indicando que, aún sin
dejar de ser “un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente”,
reconoce, a la vez, que “no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no
pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido”.
Las reacciones no se han
hecho esperar.
Los más rigoristas le han
acusado de ser el valedor del relativismo moral que carcome nuestra sociedad, así
como del “sometimiento” de la Iglesia al “espíritu del tiempo” y de su
adentramiento en una inseguridad moral que no existía, ¡cómo no! en tiempos de
Juan Pablo II. Son personas y colectivos que no comparten lo dicho por
Francisco el pasado 18 de febrero: el aborto, a diferencia del empleo del
preservativo o de la píldora contraconceptiva, “no es un mal menor”. “Es echar
fuera a uno para salvar a otro, en el mejor de los casos” o “para vivir
cómodamente”. Esto, indicó, es “un problema humano”; “un mal” que debe ser
“condenado” por sí mismo. Argumentando de semejante manera, mostraba conocer el
debate que, iniciado, en la década de los noventa entre la llamada mentalidad o
“razón abortista” y los partidarios del “derecho de nacer”, persiste en
nuestros días.
