Anticlericalismo en España

Fuente:   Noticias Obreras

Por   Francisco Martínez Hoyos

24/02/2025

 

Parecía que, con el éxito de la Transición, el problema religioso se había acabado en España. El anticlericalismo era cosa de otros tiempos. En la actualidad, sin embargo, basta echar una ojeada a las redes sociales para comprobar que pervive un profundo sentimiento de hostilidad contra todo lo católico. Tal vez esa sea una justificación para hacer un viaje al pasado y adentrarnos en las raíces de la cuestión.

La modernidad vino acompañada de la secularización y la secularización del conflicto. Unos defendían los viejos privilegios del catolicismo mientras otros, en nombre de la libertad, luchaban contra ellos. Los dos bandos disputaban por principios y también por intereses puesto que la Iglesia deseaba conservar sus propiedades y la burguesía, a través de las desamortizaciones, pretendía apoderarse de ellas. La historia de España en el XIX, de esta forma, puede ser vista como un enfrentamiento entre clericales y anticlericales. Esa pugna adquirió, en ocasiones, perfiles violentos. Los dos bandos recurrieron a la teoría de la conspiración para autojustificarse: los católicos tradicionalistas veían en todo la mano negra de los masones mientras los progresistas convertían a los jesuitas en su propio chivo expiatorio. 

Aunque el anticlericalismo tiene precedentes antiguos, se trata de un fenómeno esencialmente moderno. En España resulta especialmente paradójico. ¿Cómo es posible que un pueblo que enarboló la bandera de la religión, durante la Guerra de la Independencia, se dedicara perseguir a la Iglesia poco tiempo después? Los estallidos anticlericales se producían cada vez que se daba un periodo de cambio en el que un régimen político sustituía a otro: el Trienio Liberal, la revolución de 1868… La violencia clerófoba acostumbraba a ser un fenómeno urbano sin que por eso debamos descartar del todo el medio rural, donde encontramos un descontento que se manifiesta, sin ir más lejos, en la negativa a pagar los diezmos, cuya recaudación no deja de desplomarse.  

Una buena teoría de la conspiración debe señalar un culpable. Los liberales apuntaron a la Iglesia con buenas razones, por el apoyo de esta institución al régimen absolutista. No faltaron, en efecto, sacerdotes y religiosos en las intrigas absolutistas y en las partidas del carlismo. Ahí tenemos a líderes guerrilleros como el cura Merino o fray Mauro, entre otros. 

Sin embargo, la crítica legítima, en más de una ocasión, sacó las cosas de quicio. Los católicos constituían un colectivo plural en el que se daban distintas sensibilidades políticas, por lo que no faltaban entre sus filas los partidarios de la monarquía constitucional de Isabel II. 

Podía ser razonable acusar a la Iglesia de olvidarse de los valores evangelios y pretender, para recuperar la pureza perdida, una reforma de las costumbres. Lo que ya no era lógico era lanzar acusaciones disparatadas acerca de crímenes imaginarios. Eso fue lo que sucedió en 1834, cuando la guerra carlista y la epidemia de cólera que sufría Madrid, se conjugaron para provocar una tormenta perfecta. 

Mucha gente, en medio de una situación desesperada, dio crédito al rumor que acusaba de envenenar el agua a los religiosos de la Compañía de Jesús. La multitud se tomó entonces la justicia por su mano. En apenas doce horas, sesenta y ocho miembros de clero fueron asesinados. La policía y el ejército miraron para otro lado y dejaron hacer. Las fuerzas del orden, en palabras del historiador Antonio Moliner Prada, “no quisieron controlar la situación hasta que se dieron cuenta que ésta podía sobrepasarles”. 

Al año siguiente se repitieron los actos vandálicos en Zaragoza, Reus y Barcelona. En la ciudad condal, la tragedia se desencadenó por un hecho en apariencia trivial: como los toros de una corrida no destacaron por su acometividad, la gente reaccionó destrozando la plaza. La muchedumbre atacó después los conventos de San Francisco, el de la Merced y el de los Agustinos descalzos. Más tarde llegó el turno de otras órdenes religiosas como los agustinos y los dominicos. 

No parece que las expresiones de ira anticlerical respondieran a un plan preconcebido. Al contrario de lo que sugirieron algunos, detrás no estaban los masones ni otras asociaciones secretas. Se trataba, básicamente, de movimientos espontáneo de la multitud, con especial repercusión en los barrios populares, donde los nervios estaban a flor de piel por los continuos desastres frente a los carlistas. Los hijos del pueblo ser veían forzados a luchar y morir en una contienda en la que los religiosos se hallaban en el bando contrario. Eso suscitaba un odio profundo. 

Los medios progresistas, en lugar de condenar los asesinatos de religiosos, tendieron a justificar los hechos. ¿Acaso la Iglesia no era un obstáculo para el progreso de la nación? Se necesitaban medidas expeditivas para acabar de una vez con una rémora que amenazaba el futuro colectivo. La carnicería podía ser terrible pero, en última instancia, lo que estaba en juego era el derecho de la sociedad de defenderse a sí misma con vistas a garantizar su supervivencia. 

El régimen liberal expulsó a los jesuitas y suprimió numerosas comunidades religiosas. Se produjo así un proceso de exclaustración masiva en el que miles de personas perdieron sus medios económicos de vida y, peor aún, su prestigio social. Desde una óptica conservadora, todo resultaba bastante apocalíptico. Una mirada más fría revelaba otra una situación menos catastrófica puesto que las autoridades civiles actuaban con bastante menos radicalismo del que parecía a primera vista. Como señala el hispanista Nigel Townson, no cuestionaron la confesionalidad del Estado ni plantearon su separación de la Iglesia. 

Los obispos, por su parte, acabaron comprendiendo la necesidad de llegar a un modus vivendi con el gobierno. Así, en el Concordato de 1851, la Iglesia renunció las tierras desamortizadas. A cambio obtuvo una financiación anual, así como ventajas de carácter fiscal y facilidades para difundir su mensaje a través del sistema educativo. La plena ciudadanía implicaba ser creyente. España, en este sentido, no llegó tan lejos como Francia y ni siquiera se colocó al nivel de Italia o Portugal.