El fallo denuncia la vulneración de diversos artículos de la Carta Social Europea, asegurando que un domicilio sin suministro eléctrico no puede considerarse una vivienda de "una población adecuada".
Fuente: Público
Por Agencias
26/02/2025
Imagen de archivo de los niños del sector 5 de la Cañada Real recibiendo regalos navideños gracias a la Fundación Madrina, a 11 de enero de 2025.Ricardo Rubio / Europa Press
El Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ha condenado a España por los cortes de luz en la Cañada Real. Concluye que, para que las personas disfruten de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la educación, deben tener un "acceso estable, constante y seguro a energía adecuada".
Así lo constata en el fallo que ha hecho público contra España –publicado oficialmente este miércoles, pero que se filtró a la prensa en noviembre tras su notificación a las partes– por vulnerar derechos de la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, en Madrid. Allí, unas 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz.
Cabe destacar que se trata de una condena simbólica, pues el Consejo de Europa es ajeno a la Unión Europea, y está destinado a promover "una unión más estrecha entre sus miembros (46 Estados europeos) para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común", así como "favorecer su progreso económico y social".
En su decisión, considera que cuando los estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden "subcontratar" sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. "Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado", subraya.
Esta es una de las decisiones que adoptó el Comité Europeo de Derechos Sociales en su reunión plenaria en Estrasburgo el 11 de septiembre del año pasado. La demanda colectiva fue presentada hace dos años y medio, el 2 de marzo de 2022, por cinco organizaciones, entre ellas CCOO, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Igualmente, el Comité avisa de que cuando las personas tienen acceso "irregular o nulo" a la energía durante un período prolongado, se encuentran "pobres energéticamente". Dice que esta situación plantea "serias preocupaciones" en términos del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, establecido en la Carta.
Vulneración de varios artículos
En concreto, señala que existe una violación de los artículos 11.1 y 11.3 de la Carta, con respecto a la falta de adopción por parte del Estado de medidas apropiadas para eliminar –en la medida de lo posible– las causas de la "mala salud" creada por los cortes de energía.
También concluye por unanimidad que se ha violado el artículo 31.1 de la Carta, en relación con la falta de adopción por parte del Estado de "medidas adecuadas" para "garantizar la vivienda de un nivel adecuado para las personas interesadas".
Igualmente, recalca que las viviendas que carecen de servicios básicos como el acceso a la electricidad y a la calefacción no puede considerarse una vivienda de "una población adecuada". Así, considera que la energía es "esencial" para fines de calefacción, iluminación, lavado, cocina y refrigeración.
También apunta que las medidas adoptadas en relación con el realojamiento fueron –a falta de otras medidas–, "insuficientes" en términos de garantizar el disfrute del derecho a la vivienda en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Carta. En esta misma línea, indica que España no ha adoptado medidas "adecuadas" para garantizar que los afectados de los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfruten de su derecho a vivienda.
También hace referencia a la participación de las familias y/o las asociaciones que los representan. Añade que estos tienen que tener la oportunidad de expresar sus opiniones y participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas, estrategias y medidas que les impactan.
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