Las máquinas tardaron pocas horas en entrar al antiguo instituto B9 para derruir lo que un día fue el mayor asentamiento de Catalunya, pero el enquistamiento de un nuevo campamento de más de 50 personas que malviven bajo el puente de la C-31 de Badalona corrobora que el problema sigue vivo un mes después de la desocupación.
Fuente: El Periódico
Por Gerardo Santos | Manuel Arenas
Badalona
17/01/2026
Las entidades sociales continúan trabajando sobre el terreno, y la Generalitat devolvió la gestión de los desalojados al gobierno Albiol hace dos semanas, tras realojar a más de 150 personas. Del nuevo asentamiento al malestar de los vecinos del barrio, pasando por los pormenores del dispositivo de realojo o una denuncia ante Fiscalía, EL PERIÓDICO repasa las cinco incógnitas del caso después de treinta días del desalojo del B9.
Según los datos facilitados a este diario por el Ayuntamiento de Badalona, de las 59 personas censadas bajo el puente de la C-31, apenas ocho habitaron el B9. Fuentes municipales lo atribuyen a un "efecto llamada", señalan que ha sido complejo elaborar el listado ya que el número de acampados "varia según la hora y el día", y aseguran que han encontrado casos de personas que se han desplazado desde municipios como Molins de Rei, Vic o Manresa. "Se trata de población fluctuante", confirma el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, que sin embargo calcula que "un 60% de los acampados sí proviene del B9". "Es lo que suele pasar con este tipo de asentamientos, que personas sintecho procuran juntarse para estar más seguros", apunta el activista.
Las condiciones de quienes malviven bajo el puente han ido empeorando con el paso del tiempo. Sagués, que colabora desde el primer día en la asistencia a los acampados, sostiene que continúa la dualidad de perfiles entre ellos. Si bien hay quienes no se marchan porque no quieren abandonar los carros y las herramientas con las que buscan chatarra, también los hay que, "debido al largo tiempo que llevan malviviendo en estas condiciones están, por desgracia, adaptados a esta vida, y no tienen visos de salir de ella". Además, no son pocas las personas que adolecen problemas de salud mental y que "necesitan atención médica por parte de profesionales". "Es preocupante que la situación se alargue, no podemos seguir así ni por las personas ni por el entorno", señala Sagués, que pide culminar el proceso de realojamiento.
El Ayuntamiento de Badalona se limita a afirmar que "los Servicios Sociales harán el seguimiento que corresponda en cada caso", aunque oficialmente no aclara cuál es la hoja de ruta municipal en relación al asentamiento. Fuentes conocedoras del caso sitúan en la órbita municipal la intención de recuperar el espacio público que ahora ocupan los migrantes. Drets Socials, por su parte, recuerda que "las personas desalojadas son ciudadanos de Badalona que requieren un seguimiento y acompañamiento para mejorar sus situaciones específicas".
Los vecinos de las inmediaciones del B9, de los barrios del Remei y de Sant Roc, habían denunciado durante toda la ocupación del B9 que el asentamiento causaba problemas de convivencia, insalubridad y delincuencia. En las horas inmediatamente posteriores al desalojo, la Associació Veïnal El Remei refería haber visto a algunos desalojados tratando de levantar persianas y romper candados. Muchos vecinos del barrio que viven en las plantas bajas reforzaron cerraduras, asegura la entidad vecinal. Si bien la situación se suavizó durante los días de intenso frío y lluvia constante de la Navidad, a tenor de la entidad volvió a empeorar tras la mejora de la climatología: "Las calles del barrio están llenas de personas que no relacionamos con el B9, que suelen ir borrachas y acaban tiradas por el suelo", lamenta Silvia Jordan, presidenta de la entidad vecinal.
"Las personas que vemos ahora nos parecen más conflictivas, creemos que sus condiciones personales son aún peores de los que estaban en el B9", sostiene Jordan, que asegura tener claro que "si malvives, puedes tener más adicciones; y con más adicciones, te vuelves más violento; una cosa lleva a la otra". Hastiada por la "falta de soluciones" y "las excusas" aportadas por las administraciones, Jordan asegura que llamó por teléfono a la embajada de Senegal y de otros de los países del África subsahariana ―de donde provienen buena parte de los exocupantes del B9― para pedirles ayuda o mediación. La respuesta fue que en ese momento no podían hacer nada, asegura Jordan. "En el barrio se está normalizando algo que no se puede normalizar, que es un rastro de miseria y de insalubridad; después de un mes estas personas no pueden seguir así, no es bueno para ellos ni para nosotros", clama Jordan.

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