Una alerta policial por fraude dispara las denegaciones de nacionalidad a los sefardíes

El estudio detallado de los expedientes ha destapado miles de solicitudes que no se ajustan a los requisitos. Abogados y algunas comunidades judías acusan al Gobierno de endurecer los criterios y de antisemitismo

 

Fuente:   El País

Por María Martín

20/08/2021

 

David, un descendiente de sefardíes nacido en Ciudad de México, espera su turno para solicitar la nacionalidad española en el Consulado, el 30 de septiembre de 2019.Mario Guzmán / EFE

 

Un escrito policial enviado al Ministerio de Justicia a finales de 2018 hizo saltar las alarmas. Los agentes advertían de la existencia de una organización criminal y de posibles fraudes en la tramitación de la nacionalidad española por parte de descendientes de sefardíes. La información partía de la embajada española de un país latinoamericano. El oficio policial cambió radicalmente la forma de estudiar las solicitudes, empujó a los funcionarios a mirar con lupa los expedientes y provocó un torrente de denegaciones al comprobarse que, en miles de ellos, no se cumplían las exigencias de la ley. Las más de 3.000 demandas rechazadas en los últimos meses han provocado una encendida polémica. Algunas comunidades judías y un puñado de abogados acusan al Gobierno de antisemitismo y de cambiar el criterio para aprobar los expedientes. El PP ya ha pedido explicaciones. Justicia y la Federación de Comunidades Judías de España lo niegan y ven apenas la aplicación de un mayor celo (antes prácticamente inexistente) en el proceso.

Los descendientes de los judíos que vivían en la península Ibérica y fueron obligados a marcharse de España en 1492 tienen desde 2015 una ley específica para pedir la nacionalidad española sin renunciar a la suya. Impulsada por el entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, la norma buscaba una “reparación histórica”. Para obtener el pasaporte español los interesados, entre otras cosas, tienen que demostrar sus orígenes con un certificado de la comunidad judía de su país de nacimiento o de residencia y acreditar su vínculo con España. La ley delegó en los notarios la recopilación y verificación de la documentación y Justicia se reservaba el estudio final del expediente, la comprobación de penales y su aprobación.

Durante todos estos años prácticamente ninguno de los candidatos tuvo problemas para superar el trámite. Hasta 2020 se habían resuelto favorablemente 20.908 peticiones y solo una se había rechazado, según datos del Ministerio de Justicia. Pero cuando el aviso policial activó la alerta, fuentes de Justicia admiten que se descubrió que miles de candidatos estaban registrando peticiones sin cumplir todos los requisitos, y que, entre otras cosas, se habían aportado certificados de comunidades judías de países sin vínculos con los solicitantes o que se presentaban los documentos ante notario por poderes cuando la ley exige que se haga en persona. Los expedientes habían pasado el filtro inicial de los notarios y el departamento del ministerio responsable por las nacionalidades, que sufre una falta crónica de personal con poco más de 30 funcionarios, acababa concediendo los pasaportes verificando solo los antecedentes penales.

Después de comprobar que el procedimiento era mejorable, se decidió, según las mismas fuentes, priorizar y aprobar los expedientes sin sombra de duda e ir aparcando los cuestionables. También se envió una circular a los notarios, en octubre de 2020, advirtiéndoles de los defectos detectados en las actas de notoriedad e instándoles a que extremasen el celo al aceptar los documentos que se presentaban. El refuerzo de 100 funcionarios para tramitar estas y otras nacionalidades también ha permitido estudiar con más detalle cada expediente. La estrategia se reveló este año, cuando se concedieron 15.274 nacionalidades más, pero se denegaron 3.019.

Uno de los principales motivos de denegación ha sido la presentación de certificados de ascendencia emitidos por comunidades judías que nada tienen que ver con el lugar de origen o residencia del solicitante. Durante años estos informes colaron, no porque fuesen válidos, sino porque los documentos no se revisaban con la atención que requerían, explican fuentes de Justicia. “Los criterios no han cambiado y están en la ley”, mantienen.

En los expedientes denegados aparece con frecuencia una comunidad judía que prestó sus servicios a miles de ciudadanos latinoamericanos que aspiraban a convertirse en españoles. La Federación Judía de Nuevo México (Estados Unidos) afirma haber emitido unos 20.000 certificados y ha sido una de las que se ha alzado contra el Gobierno. Lo acusa de cambiar las reglas del juego e imponer nuevos requisitos y defiende el rigor de sus procedimientos. Sara Koplik, directora del programa de herencia sefardí de la federación de Nuevo México, es una de las solicitantes rechazadas y ve “antisemitismo” en el alto volumen de denegaciones. “Creemos que Justicia no está examinando los casos con cuidado y simplemente está rechazando a los solicitantes porque no quiere que los sefardíes se conviertan en ciudadanos”, mantiene.

Koplik no está sola y varios abogados y gestores, que concentran un porcentaje enorme de expedientes presentados, acusan al Ejecutivo de imponer nuevos criterios y de sembrar dudas sobre el trabajo de comunidades judías y notarios. Luis Portero, que participó en la negociación del texto de la ley, es uno de estos abogados. Asegura haber tramitado más de 12.000 expedientes de nacionalidad y defiende que la ley permite aportar otros medios de prueba para certificar la ascendencia por lo que, a diferencia de lo que mantiene Justicia, sí serían válidos los certificados de otros países ajenos al solicitante. El abogado, después de ver cómo 600 de sus clientes han sido rechazados, defiende que la Administración ha cambiado de criterio y que está exigiendo nuevos requisitos. “Se está cuestionando el trabajo de comunidades judías de todo el mundo y se está cuestionando la fe pública de los notarios. Se está acusando de fraude y no es verdad”, denuncia.

Encendida la polémica en redes y en el ámbito político, la Federación de Comunidades Judías de España, que tiene competencia universal para acreditar la ascendencia de cualquier solicitante viva donde viva, ha rechazado que pueda hablarse de antisemitismo. “Las resoluciones de los expedientes en ningún momento se han condicionado a decisiones políticas, como algunos pretenden dar a entender, sino al cumplimiento de la ley”, afirma una portavoz. “Si los expedientes no cumplen con los requisitos de la ley, no están bien presentados o tienen documentación incorrecta, es normal que se denieguen”. La Federación recuerda además que la concesión de la nacionalidad a los sefardíes no está vinculada a la confesión sino al origen judeo-español y que hay una mayoría de personas no judías que han obtenido su pasaporte.

Otro abogado, Alberto de Lara Bendahan, que también se ha dedicado años a la tramitación de la nacionalidad de sefardíes, considera que la polémica no tiene fundamento y resume lo ocurrido de forma sucinta: “El procedimiento era un coladero. Se confiaba en el criterio del notario, que era quien valoraba la idoneidad de la documentación, y el ministerio laxamente las iba aprobando. De repente se dieron cuenta de que había miles de solicitudes que tenían certificados de ascendencia de un cuestionable valor probatorio”. De Lara recuerda que la gestión de todos estos miles de expedientes “ha significado una oportunidad de negocio bastante lucrativa para abogados, asesores, notarios y algunas entidades a las que se acudió para respaldar las solicitudes” y que la reparación histórica que perseguía la ley no era siempre la principal motivación.

En septiembre de 2019 concluyó el plazo para que los descendientes de sefardíes soliciten la nacionalidad, aunque la pandemia dio algo de margen a los tiempos. En total, desde la aprobación de la ley se han recibido 63.873 peticiones y se han aprobado ya 36.182, el grueso entre 2020 y 2021. En los cajones y a la espera de que los documentos pasen por el notario quedan aún por resolver —ahora con lupa— unas 50.000 solicitudes más aún en proceso