Polonia entra en razón

El anuncio de dar marcha atrás en la reforma judicial que cuestiona la UE es la prueba de que Bruselas tiene mecanismos para hacer respetar el Estado de derecho

 

Fuente:   El País

10/08/2021

 

Jaroslaw Kaczynski, líder del partido Ley y Justicia (PiS), asiste a las conmemoraciones del 77º aniversario del levantamiento de Varsovia en la capital polaca, el pasado 31 de julio. Maciek Jazwiecki / Reuters

 

Jaroslav Kaczynski, el presidente del partido (Ley y Orden) que gobierna en Polonia, anunció el pasado sábado su disposición a dar marcha atrás en la reforma judicial cuestionada por la Unión Europea. El giro del líder polaco, verdadero factótum del Gobierno de Mateusz Morawiecki, muestra que Varsovia empieza a entrar en razón y al menos en este conflicto evitará un choque frontal con las instituciones europeas.

La claudicación de Kaczynski es la prueba de que Bruselas dispone de mecanismos para hacer respetar el Estado de derecho. Y que la presión política y judicial logra meter en cintura a los Gobiernos con tentaciones autoritarias, sobre todo, si las advertencias llegan acompañadas de posibles sanciones financieras o de bloqueo de fondos europeos. La Comisión Europea insiste en que esa reforma judicial, sobre todo la introducción de una cámara disciplinaria que expone a los jueces a una vigilancia del poder Ejecutivo, amenaza con socavar la independencia y neutralidad de los tribunales polacos y los deja a merced de las presiones y la arbitrariedad política del Gobierno de turno.

El Tribunal de Justicia de la UE confirmó en julio los temores de Bruselas en dos de los casos planteados por la Comisión. El día 14, la corte europea con sede en Luxemburgo ordenó a Polonia la suspensión cautelar de la actividad del sistema disciplinario aplicado a los jueces del Tribunal Supremo a la espera de resolver una de las denuncias del organismo comunitario. Y al día siguiente sentenció, en relación con otra denuncia, que el régimen disciplinario aplicado a los jueces polacos es incompatible con el derecho de la UE.

Las autoridades polacas amagaron con desobedecer, esgrimiendo para ello un dictamen de su Tribunal Constitucional que rechaza la potestad de los jueces europeos para pronunciarse sobre el sistema judicial nacional. El choque de trenes parecía inevitable y el riesgo de una gravísima crisis institucional llevó a la Comisión a amenazar a Polonia con sanciones financieras si en el plazo de un mes (hasta el 16 de agosto) no acataba las órdenes del Tribunal de Luxemburgo. Kaczynski ha reculado con su anuncio de renunciar a la reforma, y evita así una confrontación que hubiera dañado la relación de Polonia con el resto de la UE.

La Comisión debe mantener la misma firmeza en el resto de expedientes abiertos contra Polonia y la Hungría de Viktor Orbán, tanto por socavar el Estado de derecho como por sus políticas discriminatorias hacia la comunidad LGTBI. Los sondeos indican que en ambos países hay una opinión pública mayoritariamente favorable a la pertenencia de la UE, y ni Kaczynski ni Orbán se pueden permitir un choque con Bruselas que haga peligrar su supervivencia política y financiera.