La reinserción de los presos de ETA tropieza con su resistencia a explicitar el perdón

Persiste el tabú a concretar las disculpas a las víctimas, al tiempo que el nuevo fiscal de Vigilancia extrema el celo con los beneficios penitenciarios

 

Fuente:   Diario Vasco

Lourdes Pérez
San Sebastián
16/08/2021

 

Manifestación con banderas en favor de los presos en la manifestación convocada por Sortu el pasado sábado en San Sebastián. / SARA SANTOS

 

El 20 de octubre de 2011, el día que ETA anunció el cese definitivo de la violencia, los presos encarcelados por su vinculación a la organización terrorista ascendían a 559 en España, 140 en Francia y cuatro más en centros penitenciarios de otros países. Hoy, una década después, la cifra se ha reducido a 183 en el primer caso y a 24 los que permanecen internados en suelo francés. Este dato ilustra el paulatino cumplimiento de las condenas a que está dando lugar el inexorable paso del tiempo. Pero aflora otro menos obvio que resulta incluso más significativo: si hace diez años el 60% de los etarras recluidos en penales españoles se encontraban calificados en primer grado –el más estricto, con la mayor parte del día de encierro en la celda–, hoy ese porcentaje ha quedado reducido a la mínima expresión: tres presos de 183, es decir, un residual 1,6%. Este drástico descenso refleja el camino emprendido hacia la reintegración en la sociedad por el efecto combinado de la disolución de la banda armada, el levantamiento con ello del veto a poder acogerse a los beneficios penitenciarios y la propia evolución personal de los presos.

Es en esta suerte de probeta histórica en la que el Gobierno de Pedro Sánchez está ensayando una política de reinserción que va desde el progresivo acercamiento de los reclusos a cárceles próximas a Euskadi –lo que ha puesto fin, de facto, a la dispersión– hasta la reactivación de los encuentros de justicia restaurativa entre víctimas y condenados; esto último, en el marco de una estrategia de asunción del daño causado destinada a todo el colectivo penitenciario, sean internos de ETA o sentenciados por delitos comunes. El marco legal establece unos requisitos excepcionales para el acceso a beneficios carcelarios a los presos por terrorismo, que incluyen «la petición expresa de perdón» a las víctimas.

 

Artículo 90 del Código Penal.

Fija los requisitos comunes para la libertad condicional estar en tercer grado, que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena y un pronóstico favorable de «reinserción social». Las condiciones se agravan en casos de terrorismo: repudio de la violencia, «petición expresa de perdón» y resarcimiento a las víctimas, y colaboración con la justicia.

 

El 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Es el que permite avanzar hacia la reinserción individualizada.

El paradigma de ese regreso a la 'vida civil' son los antiguos disidentes de ETA que iniciaron su desmarque de la violencia hace dos décadas hasta confluir en la llamada vía Nanclares. En los últimos años, y una vez que las armas callaron, se ha acelerado el goteo de presos encuadrados en el colectivo 'oficial' que han ido progresando de grado hacia condiciones penitenciarias más benévolas, con permisos y en tránsito hacia la semilibertad. Se trata de un recorrido individualizado que avanza lento: según datos de julio, 157 presos están en segundo grado y apenas doce en el tercero. Las tres últimas solicitudes han sido recurridas por la Fiscalía, síntoma de que la reinserción está tropezando con escollos.

Fuentes judiciales de toda solvencia constatan que el proceso de rehabilitación personal de los reclusos etarras, ya trabajoso de por sí, se está encontrando con dos factores que lo traban. «El problema» fundamental radica «en la petición de perdón» a las víctimas, aseguran los medios consultados. Aunque la ley lo exige, persiste la resistencia entre los presos etarras a «explicitar» las disculpas por el daño causado y a que adquieran una dimensión «pública». Estas fuentes otorgan credibilidad a la evolución de los internos, pero constatan cómo el perdón continúa siendo un tabú.

 

«Rigor», no consigna

En paralelo, el nuevo fiscal asignado a Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional se está mostrando más estricto con la concesión de beneficios. Carlos Bautista, un veterano, curtido y controvertido integrante de los juzgados centrales, encarna «el rigor personificado» a ojos de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que atribuye a la actitud profesional del representante del ministerio público el mayor celo ante las solicitudes de los presos de ETA y en ningún caso a una eventual consigna política. Hasta ahora, y una vez recibidas las evaluaciones personalizadas de las juntas de tratamiento de las prisiones, los permisos y otras medidas de mayor laxitud carcelaria habían recibido la autorización del titular de Vigilancia, el magistrado José Luis Castro, con la anuencia de la Fiscalía. El criterio coincidente allana el camino. La discrepancia lo complica.

Así lo evidenció, en febrero, el bloqueo a la redención de pena de 45 días solicitada por Sebastián Etxaniz, un recluso de 77 años condenado por cuatro asesinatos. Con el fiscal de su lado, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, revocó la redención de Etxaniz al dudar de la sinceridad de su arrepentimiento. La magistrada cuestionó las 'cartas tipo' extendidas entre los presos y evidenció la falla con el perdón expreso.