La Iglesia y el Gobierno firman el protocolo del Defensor del Pueblo para indemnizar a víctimas de abusos

El equipo de Ángel Gabilondo comenzará a trabajar el 15 de abril por un año prorrogable por otro más

El acuerdo establece que se “tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados” por las diócesis y congregaciones para que esta vía complementaria no se convierta en un tribunal de apelación

Fuente:   Vida Nueva Digital

Por    Rubén Cruz

30/03/2026

 

Ya hay acuerdo. La Iglesia española ha firmado esta mañana, Lunes Santo, con el Gobierno y el Defensor del Pueblo la vía complementaria para aquellas víctimas de abusos cuyos casos han prescrito o sus victimarios han fallecido y que no quieren acceder al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA).

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han rubricado el protocolo que desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero.

Este protocolo -cuyo contenido ha estado negociándose estos últimos tres meses- establece la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

 

Los escollos a salvar para el acuerdo

Lo cierto es que los equipos técnicos de Moncloa y la Iglesia han trabajado durante este tiempo, no sin escollos. El principal llegó hace un par de semanas, cuando los delegados de una y otra institución avanzaban en la letra pequeña, irrumpió el ministro Bolaños.

Según confirmó ‘Vida Nueva’, se empeñó en que la firma debía realizarse el pasado jueves 19 de marzo. El político socialista quería presentar el documento al día siguiente en el Vaticano, con motivo de la audiencia de León XIV a los Reyes de España.

A partir de ahora existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que “demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, informa la Iglesia española en un comunicado.

 

Entrada en vigor: 15 de abril

Se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año). El 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del PRIVA y del equipo del Defensor del Pueblo para fijar las reparaciones, entrará en vigor este sistema. No obstante, “el acuerdo no recoge ningún baremo y en esto hemos estado de acuerdo las tres instituciones”, ha dejado claro Argüello.

“En este sistema la colaboración de las instituciones será muy importante y el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del PRIVA”, insisten. Es decir, el Defensor del Pueblo no será un tribunal de apelación tras los acuerdos a los que la Iglesia llegue con las víctimas a través del PRIVA.

A día de hoy, la comisión asesora independiente del PRIVA ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis. La cuantía acordada ya supera los dos millones de euros.

De las 131 solicitudes recibidas, 23 han entrado en los tres últimos meses, desde la firma del acuerdo con el Gobierno, que tuvo lugar el 8 de enero. Estos datos reflejan que, más allá de la nueva propuesta desarrollada, las víctimas siguen confiando en el proceso abierto por la Iglesia.

Por su parte, Díaz Sariego se ha congratulado porque “hemos logrado un acuerdo de colaboración, porque nuestro modo de trabajar como Iglesia es buscando diálogo y en comunión”.

 

¿Cómo va a ser la reparación?

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

De la Unidad de Tramitación a la Unidad de Víctimas

El protocolo detalla que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

“Nuestra idea no es que sea una ventanilla, sino que podamos acompañar a las víctimas en el proceso que dará paso a su reparación”, ha detallado Bolaños.

El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo -con un equipo de expertos profesionales independiente- la evaluación individualizada de las solicitudes.

También elaborará el equipo de Gabilondo la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación, teniendo en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el PRIVA o por la diócesis o congregación religiosa donde se produjo el abuso.

La CEE y la CONFER se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia una Comisión Mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

“El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”, recuerdan desde la CEE y la CONFER.

 

Bolaños: “Hoy se hace justicia”

Según ha compartido en rueda de prensa Bolaños, “hoy es un día en el que se hace justicia para todas aquellas personas ignoradas por todos y que no tenían acciones legales que emprender al haber muerto su victimario o haber prescrito el abuso”.

Asimismo, Bolaños también ha agradecido el trabajo compartido tanto con el Defensor del Pueblo como con la CONFER y la Conferencia Episcopal. Y ha mostrado su agradecimiento también a la Santa Sede, que “ha estado en conocimiento del acuerdo en todo momento”.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia ha dejado claro que “si no hubiera acuerdo, será el Estado y el Defensor del Pueblo el que tenga la última palabra. Eso queda negro sobre blanco y no hay duda alguna”.

Del mismo modo, ha sacado pecho recordando que se trata de “un plan pionero”. Y es que, según sus palabras, “el PRIVA tenía un pecado original: la Iglesia actuaba como juez y parte”. No obstante, ha advertido que “valora el trabajo de sus profesionales”.

Bolaños ha dejado claro que no habrá “duplicidad” con el PRIVA, puesto que, aunque “las víctimas del PRIVA puedan volver a presentar su caso, se tendrá en cuenta la indemnización ya recibida”.

 

La resolución de Gabilondo, en menos de tres meses

“No es un proceso cocificador, ni una ventanilla, es un proceso humano que exige reconocer lo sucedido, la grave falta que ello supone”, ha afirmado Gabilondo al comparecer ante los medios, haciendo hincapié en que “claro que se han hecho cosas”, pero “era necesario” este protocolo.

Además de evitar “duplicidades, lo que debemos evitar es la revictimización, porque hemos visto el dolor que supone”, ha destacado el Defensor del Pueblo. “No le tenemos que decir a la víctima lo que necesita, sino escucharla”, ha aseverado.

Gabilondo ha prometido que cuando se pongan a trabajar se va a ir a velocidad de crucero. De hecho, el máximo tiempo de resolución esperado es de tres meses. “Pero se va a trabajar con toda la seriedad para que sea antes”, ha subrayado.