Fuente: Cataluña Religión
18/12/2025
Este miércoles, cerca de 400 personas que malvivían en el antiguo instituto B9 de Badalona fueron desalojadas del edificio, quedando en la calle en plena ola de frío invernal. El operativo ha generado una fuerte preocupación social y ha reabierto el debate sobre la falta de alternativas habitacionales para personas en situación de sinhogarismo, muchas de ellas migrantes. De hecho, el cardenal Omella, durante la rueda de prensa de Navidad de Cáritas Barcelona, afirmó que “la realidad de casos como el del antiguo Instituto B9 de Badalona nos duele en el corazón”.
Ante esta situación, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han hecho público un comunicado en el que expresan su "interpelación urgente" como Iglesia y como sociedad. El comunicado alerta de que el desalojo se ha producido sin prever medidas como una "tregua de invierno", habitual en otros países europeos, y denuncia que cientos de personas han quedado a la intemperie sin una respuesta humanitaria inmediata.
Los obispos rechazan también los discursos que, según afirman, deshumanizan a las personas afectadas "por ser inmigrantes africanos, negros y pobres", y califican estos relatos de aporofóbicos y xenófobos. Recuerdan que, desde una perspectiva cristiana, es necesario reconocer la dignidad de todas las personas y actuar de acuerdo con el mandato evangélico del amor al prójimo y que "la respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia".
En el comunicado, la Iglesia catalana reclama medidas urgentes de atención humanitaria, pero también un análisis profundo de las causas estructurales que provocan situaciones como la de la nave B9. En este sentido, pide que se acelere la tramitación de la ley del sinhogarismo, que lleva meses encallada, a pesar de —afirman— la emergencia social existente.
Además, los obispos hacen un llamamiento a las administraciones públicas ya las entidades del tercer sector para abrir de forma inmediata una mesa de diálogo, con la participación de representantes de las personas afectadas, con el objetivo de encontrar soluciones coordinadas a corto plazo y definir una estrategia a medio plazo.
Por último, el comunicado recuerda que la Iglesia católica defiende un modelo integral y alternativo de gestión de la inmigración, y advierte que la solución no pasa por enfrentar a colectivos vulnerables entre sí, sino por garantizar derechos, seguridad y convivencia para toda la ciudadanía.

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