El antigitanismo del sistema educativo

Fuente:    Noticias Obreras

Por   José Eugenio Abajo Alcalde

12/01/2023

La actual ley educativa (LOMLOE, 2020) repite más de 100 veces la palabra “inclusión” y otras tantas “igualdad” y “equidad”, pero en la práctica nada se está haciendo contra la “guetización” y la exclusión de las personas más vulnerables, en especial, del pueblo gitano.

En la actualidad el 50% del alumnado gitano está escolarizado en centros con alta segregación étnico-social, donde más del 30% del alumnado es de esta minoría étnica, según la Fundación Secretariado Gitano. Muchos de los niños y niñas gitanos van a “colegios guetos” y en 1º y 2º de la ESO son relegados en grupos “C”, segregados y apartados de los demás, y ello con el permiso de la inspección educativa.

El activista e intelectual quebequés Stéphane Vigneault ha señalado recientemente que “el origen de la segregación escolar está en las cuotas de la concertada”, por lo que propone a los gobiernos más control sobre las escuelas privadas y concertadas para acabar con la selección de los alumnos según su capacidad económica.

 

Preguntas incómodas

¿Cómo es posible que en la mayoría de los análisis sociales y educativos de nuestro país no se plantee qué papel juega la doble o triple red de centros educativos y el rol de los centros concertados en la selección (social, económica y étnica) del alumnado? ¿Qué sentido tiene que centros educativos “de inspiración cristiana” (y regentados por órdenes religiosas fundadas para atender a los más pobres) estén cobrando 400 € mensuales a cada alumno que cursa en ellos el Bachillerato?

Los legisladores se contentan con hablar de “atención psicológica, con el objetivo de reintegrarlos a la dinámica educativa” [a los menores que presenten dificultades escolares], “teniendo siempre en cuenta […] las características, intereses y expectativas de las personas menores de edad” (Anteproyecto de Ley de Familias). Es como recurrir al paracetamol como única medicina para el cáncer.

Como parte del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG), en todas las reuniones vengo solicitando que se convoque la Mesa Sectorial de Educación para hablar de estos temas. Pero todo el esfuerzo de la administración se agota en publicaciones, reuniones y jornadas sueltas y sin compromisos vinculantes… Como mucho, en mantener el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA) según lo demanden los centros y entidades que quieran ponerlo en marcha.

Recientemente me comentaba un antiguo coordinador del Programa de Educación Compensatoria de una comunidad autónoma que un alto cargo le había asegurado que jamás aplicaría medidas contra la segregación, porque a sus votantes no les gustaría. Para este alto cargo, seguía el antiguo coordinador, “los intereses de las privadas se deben respetar y el derecho a escoger centro escolar por parte de las familias es intocable”.

Mi experiencia me confirma que las administraciones y los políticos actúan a sabiendas de lo que hacen, prefieren que la segregación en la escuela se mantenga, porque así evitan conflictos más importantes con las familias que les votan. Ya Pasqual Maragall, siendo teniente de alcalde de Barcelona, ante las demandas de una comisión vecinal respondió que conocía muchas ciudades de todo el mundo donde había chabolismo y segregación (Teresa Codina, 2000, 28).

Las leyes y los documentos poca eficacia tienen. Solamente la lucha, las presiones desde la sociedad civil pueden conseguir algún éxito, y sabemos que no es fácil movilizarnos. Pero hay que seguir. Por salud mental propia y para ayudar y acompañar a quienes padecen las consecuencias de la segregación, de una sociedad clasista y racista donde los poderosos actúan a su antojo, sin respetar los derechos humanos.

Tanto los responsables políticos, como la sociedad civil, desde las congregaciones religiosas a los centros educativos, los sindicatos, las asociaciones vecinales…, deberían escuchar las voces de los márgenes. En mi opinión, la Iglesia católica sigue instalada en su zona de confort y no ha hecho la debida reflexión sobre el papel que juega la segregación y el fracaso escolar en la reproducción intergeneracional de la exclusión social.

Mucha gente, incluidos políticos y ciudadanos que se consideran herederos de la “tradición cristiana, de “la lucha obrera” y de las corrientes emancipatorias desconocen los barrios segregados, donde no hay ni esperanza de mejora.

Tal como señala Thomas Ubrich nos hallamos ante una situación no solo compleja, sino cargada de intereses contrapuestos, enfrentados. Y las administraciones educativas optan por asumir la normalización de la pobreza y la segregación, la realidad del fracaso escolar.

No puede haber transformaciones sin cuestionamiento, sin asumir la necesidad de cambios, de movilización, sin abandonar los temores a lo que implica un cambio de rumbo y de prioridades. Sin reconocer que nos hallamos frente a un sistema elitista, jerarquizado y “cada vez más excluyente”, con causas estructurales de “una realidad que perjudica siempre con más fuerza a los mismos”.

Para romper el círculo de la exclusión es preciso mirar a los de abajo y empeñarse en los cambios necesarios para que no sigan excluidos y sin esperanza. La realidad no se puede transformar de golpe, pero como señala Amin Maalouf, “el horizonte no se puede alcanzar de la noche a la mañana, por supuesto, pero ello no justifica que se tire del carro en la dirección contraria”.

Tal como concluyen en un artículo de la revista Éxodo (número 162, sept./dic. 2022, pp. 95-97) Pepa Torres y Marisa Vidal referido al papel de la mujer en la iglesia (¡otra causa pendiente!): “[Es necesario sembrar] lo inédito en una iglesia [y también en el conjunto de la sociedad, podemos añadir] todavía demasiada temerosa al poder de lo femenino en ella [y a cuestionar los privilegios y las exclusiones]. Pero somos atrevidas y seguimos y seguiremos forzando cambios hasta que la igualdad sea costumbre”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares sandinistas, Álvarez alzó su voz para criticar al gobierno y demandar la libertad de los opositores presos, que actualmente suman más de 230 según la oposición.

Ortega acusó entonces a los obispos de la Iglesia católica de apoyar “un fallido golpe de Estado” en su contra, auspiciado según él por “el imperio estadounidense”.

Luego de varias denuncias de “persecución policial” en su contra, monseñor Álvarez fue sitiado por la policía durante dos semanas en su Diócesis de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de la capital. La policía anunció que lo investigaba por “organizar grupos violentos”.

A la retención del 19 de agosto pasado del obispo, se sumó la de otros siete sacerdotes, diáconos y periodistas que lo acompañaron en la diócesis. Fueron igualmente acusados penalmente.

El 13 diciembre, la jueza del Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria Saavedra, admitió la acusación del fiscal Manuel Rugama contra el obispo por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Le nombró un defensor de oficio y le decretó arresto domiciliario.

La noche del lunes, hablando en el inicio de la nueva legislatura parlamentaria, Ortega arremetió contra los opositores presos, a quienes acusó de ser “terroristas” y los comparó con los bolsonaristas que atacaron diversas sedes públicas en Brasil el pasado domingo.

Dijo que la oposición en Nicaragua trató de organizar “un sangriento golpe de Estado” con ayuda “del imperio” y agregó que “ni condenándolos a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua”.

La revuelta social de 2018 generó una grave crisis política en Nicaragua, después de que la represión dejó al menos 355 muertos, unos 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).