Cerco a la banda de rusos que se pasaron de los prostíbulos a las pensiones ilegales para turistas

La denuncia de la Fiscalía es también resultado de las largas investigaciones de los inspectores del Ayuntamiento

Fuente:   La Vanguardia

Por   Luis Benvenuty

Barcelona

27/04/2026

Un supuesto miembros de este grupo fue identificado por la Guardia Urbana en una inspección municipal  (Marti Gelabert)

La Fiscalía de Barcelona denunció estos días a cinco personas por alquilar pisos para subarrendar sus habitaciones por días a turistas. Los acusa de estafa continuada agravada y de pertenencia a grupo criminal.

Son los rusos que se hacen pasar por expats para engañar a propietarios de viviendas, una de las organizaciones presuntamente dedicadas al alojamiento irregular más activas de Barcelona, una gente que a todas luces concluyó que montar pensiones ilegales muy cucas con unos cuantos muros de pladur en pisos de cien metros cuadrados del Eixample es más sencillo, sosegado y lucrativo que complicarse la vida con turbios lupanares. Solo has de presentarte en una inmobiliaria como una pareja dedicada a la construcción con tres hijos, unos ingresos muy suculentos y tantos proyectos en la ciudad que no tienes más remedio que mudarte. Al fin y al cabo la policía siempre prestó más atención a la trata de blancas que a los incumplimientos de los contratos de alquiler. Esta denuncia de la Fiscalía es también fruto de las largas investigaciones de los servicios de inspección municipal.

Una década y pico atrás un piso en Cambrils a nombre de la mujer aparentemente encantadora que ya engatusaba a propietarios de viviendas de Barcelona fue embargado administrativamente. Aquel piso de Cambrils estaba relacionado con un prostíbulo. Se quedaban comisiones de 30 euros. Esta mujer también fue procesada por trata de seres humanos, fomento de la prostitución y falsificación documental. Los inspectores municipales agregan que entre el 2015 y el 2020 se hicieron en Barcelona con al menos 20 pisos. El Consistorio abrió una larga lista de expedientes sancionadores, pero la mayoría fueron revocados tras la anulación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Los propietarios recuperaron sus pisos mediante demandas civiles por incumplimiento de contrato.

Luego, prosiguen los inspectores, esta mujer y su pareja dieron varios pasos a un lado para no llamar tanto la atención. “Esta mujer ya tuvo pena de prisión por falsificación de nóminas y más tarde fue expulsada del país ¡no entendemos por qué está todavía! –dicen los inspectores– Ahora parece que se pasó a tareas administrativas y a abrir otros mercados. Estos multiinfractores ya no falsifican nóminas, últimamente montan empresas que las emiten”. La pareja fue condenada el año pasado por un delito continuado de estafa. A él le cayeron cinco año y seis meses de prisión, y a ella cuatro años y seis meses.

Y así, mediante otra persona cuyo papel no está claro, si acaso es un testaferro de paja o un nuevo cabecilla de la organización, esta trama se hizo en Barcelona en los últimos años con otro 26 pisos. Hasta ahora los propietarios solo pudieron recuperar cuatro. En estos momentos el resto aún funciona como alojamientos ilegales, a veces intermitentemente, para mostrarse más discretos, alternando los alquileres por días con otros por meses. El Ayuntamiento precintó 21, pero estos multiinfractores suelen arrancar los precintos enseguida.

“Sí, descaradamente –dicen los vecinos de una finca entre Roger de Llúria y la Diagonal–. Se instalaron aquí a principios del 2024. En julio tenemos por fin el juicio. Esperamos echarlos de una vez”. Las sanciones económicas municipales contra el supuesto testaferro de paja o nuevo cabecilla suman 1.320.000 euros. “Nunca paga –añaden los inspectores–. Aunque parece que sí que paga abogados que le defienden durante todo el proceso administrativo y contencioso administrativo. Cuando el Institut Municipal d’Hisenda trata de ejecutar las sanciones no las puede cobrar porque no encuentra dinero a su nombre al menos en España”.

Al final los inspectores se cansaron de perseguir a esta gente con medidas de carácter administrativo que no los amedrentaban. Así que a finales del 2024 presentaron a la Fiscalía y los Mossos varios dosieres resultado de lustros de investigaciones sobre las principales tramas dedicadas al alojamiento turístico ilegal de Barcelona. Son más de diez años de pesquisas, enlazando testaferros, relacionado pisos, siguiendo el rastro del dinero. A raíz de ello el departamento de fiscalía de los Mossos preparó una causa encaminada a demostrar en el juzgado de lo penal que esta forma de actuar es un delito tipificado en el código penal de varios modos.