Fuente: Cruxnow
Por Fionn Shiner
02/04/2026
Varias personas se congregan a las afueras del hospital donde Noelia Castillo, una joven española, falleció tras ser sometida a la eutanasia, en Sant Pere de Ribes, España, el jueves 26 de marzo de 2026. (Crédito: Lorena Sopena/Europa Press vía AP).
La administración Trump ha ordenado a la embajada estadounidense en Madrid que investigue las circunstancias que rodean la muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que falleció por eutanasia la semana pasada tras casi dos años de batallas legales con su padre.
Según un cable diplomático filtrado y obtenido por The New York Post, el Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a la embajada para que comunicara al gobierno español que, debido a las "numerosas violaciones sistémicas de los derechos humanos" que llevaron a la muerte de Castillo, la administración Trump ahora tiene "serias preocupaciones".
Lo que más preocupa a Washington es la forma en que la policía y el poder judicial manejaron los múltiples abusos sexuales que Castillo afirma haber sufrido a lo largo de su vida antes de intentar suicidarse en 2022, lo que la dejó en silla de ruedas y parapléjica.
“Nos preocupan profundamente las acusaciones de que la Sra. Castillo fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones mientras estaba bajo la tutela del Estado y que ningún culpable ha sido llevado ante la justicia”, reza el cable.
“También tenemos conocimiento de informes que indican que la Sra. Castillo expresó reticencias a someterse a la eutanasia en sus últimas horas, pero que estas señales fueron ignoradas”, afirma además el cable.
«Este caso suscita serias preocupaciones sobre la aplicación de la ley española de eutanasia, en particular en casos que implican trastornos psiquiátricos y sufrimiento no terminal», añade.
Castillo quedó bajo la tutela del Estado cuando era adolescente, y circularon rumores en las redes sociales de que fue víctima de múltiples agresiones sexuales por parte de menores extranjeros no acompañados mientras estaba bajo custodia, aunque esto no es lo que ella dijo que sucedió en las entrevistas, ni existe ningún registro de que esto haya ocurrido.
En cualquier caso, el Departamento de Estado dejó claro que considera que las leyes de inmigración españolas son en parte responsables de la muerte de Castillo, y el cable afirmaba: "Estamos investigando las acusaciones de que la agresión sexual a la Sra. Castillo fue perpetrada por personas con antecedentes migratorios".
«La migración masiva e ilegal es una cuestión de derechos humanos, y la facilitación por parte de España de la migración masiva e ilegal representa una peligrosa amenaza para los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, así como para la seguridad regional y global en general», continuaba diciendo.
La ministra de Sanidad española, Mónica García, no tardó en recurrir a las redes sociales para decirle a Trump que dejara de "meterse en todos los asuntos".
“En Estados Unidos, miles de personas mueren cada año sin seguro médico, mientras que Trump apoya y perpetra violaciones de los derechos humanos entre Gaza e Irán”, afirmó.
“España es un país serio, con un sólido sistema sanitario y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, incluidas aquellas que optan por solicitar ayuda para morir con dignidad en contextos legalmente regulados, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”, añadió.
En las últimas semanas, los gobiernos de España y Estados Unidos se han criticado mutuamente sobre diversos temas, incluida la guerra que Estados Unidos mantiene en Irán, a la que se opone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Controversia pública
La muerte de Castillo la semana pasada desató una enorme controversia en España y en otros lugares, y su padre había intentado por la vía legal detener la eutanasia durante casi dos años.
Los obispos españoles también se sumaron al debate, y el arzobispo Joan Planellas de Tarragona, presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (una asamblea episcopal regional catalana fundada en 1969), declaró a Crux Now que se trataba de "una situación muy triste".
El obispo José Mazuelos de Canarias, presidente del Subcomité para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, afirmó que era “una barbaridad que, ante una persona vulnerable, se opte por un término medio: eliminarla y aplicarle la eutanasia”.
Tras su fallido intento de suicidio en 2022, Castillo obtuvo la aprobación para la eutanasia en julio de 2024 por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.
Su padre intentó impedirlo de inmediato y agotó todas las vías legales en España, llevando finalmente el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechazó sus esfuerzos por detener la eutanasia, aunque el tribunal indicó que los jueces analizarían el caso en una fecha posterior.
Él y la Fundación de Abogados Cristianos que lo representaban argumentaron que ella necesitaba apoyo psiquiátrico y que sus trastornos psicológicos de trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo le otorgaban una discapacidad del 67 por ciento, que aumentó al 74 por ciento después de su intento de suicidio.
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