La Iglesia europea critica la propuesta de la Unión de legalizar los centros de deportación y agilizar las devoluciones

La Comisión Europea quiere establecer un régimen común para “el retorno de nacionales de terceros países” que ha recibido críticas, no solo de la sociedad civil, sino también de los obispos europeos y el Servicio Jesuita a Refugiados

Fuente:     Noticias Obreras

Por    Jose Luis Palacios

13/03/2025

 

Con esta iniciativa, la Unión Europea pretende legalizar “los campos deportación de migrantes” fuera de sus fronteras, para enviar allí a quienes se les deniegue la solicitud de asilo y agilizar las deportaciones.

La propuesta de reglamento recoge, en principio, algunas garantías, como que la deportación sea el último recurso, se asegure el pleno respeto del derecho individual para la protección internacional, la recomendación de no separar hijos y padres o que el alojamiento y la repatriación se realice en condiciones dignas.

Sin embargo, el asesor jurídico de Migración y Asilo de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), José Luis Bazán, advierte que la inclusión de estos criterios “no significa que sean necesariamente implementados, por motivos diversos desde la falta de recursos humanos o económicos, el débil sistema de recepción en los centros de retorno, el sistema judicial saturado…”.

“Ello, a pesar de que el artículo 43 exige que los Estados dispongan de los medios necesarios para implementar este Reglamento, que es una norma de directa aplicación”, añade.

Sobre la posibilidad legal de que se creen centros de retorno en terceros países para las personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una definitiva de retorno, el asesor aclara que “no es algo obligatorio para los Estados, sino una mera posibilidad que pueden implantar individualmente o junto con otros miembros de la UE”.

 

Supervisión de los derechos fundamentales

En todo caso, matiza, “el acuerdo con el tercer Estado deberá incluir garantías que incluyan un mecanismo de supervisión para garantizar que se respetan las salvaguardias necesarias”.

Reconoce Bazán que aquí está uno de los aspectos que merecen la crítica, “a la vista de las pobres condiciones de respeto a los derechos humanos de algunos de los posibles países candidatos a recibir migrantes irregulares”.

El director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa (JRS) Alberto Ares, critica que se permitan las detenciones de hasta 24 meses y que, aunque se hable de preservar el interés superior de los menores y la unidad familiar, “no está claro cómo se va a aplicar”, con lo que es de temer que puedan ser enviadas a estas prisiones. Además, denuncia que se permite la toma de datos electrónicos, el etiquetado electrónico, que podría suponer una violación a la privacidad de las personas.

Esta vez el énfasis, más que en el retorno voluntario, se contempla “como una medida más”, no como una prioridad, facilitando que la decisión de un Estado miembro sea reconocida por el resto, que podrán llevarla a la práctica, para que el procedimiento sea rápido, con lo que podrían no cumplirse con todas las garantías exigibles, expone Ares.

Desde su punto de vista “toda la norma está recorrida por la intención de incrementar el número de detenciones y deportaciones, en lo que me parece una cesión a las presiones de algunos estados miembros, por encima del cumplimiento de los Tratados de la Unión”.

“El reglamento pone en el centro la devolución de las personas, cuantas más mejor, porque hay quien afirma que los porcentajes actuales son muy bajos, sin saber muy bien las razones ni qué es lo que se considera aceptable o no. Incluso se hablar de que se puede retirar el permiso de trabajo o de residencia si no se coopera con las autoridades. Parece haber una animadversión hacia las personas migrantes”, añade.

Al menos, se pretende que la evaluación de la edad de las personas jóvenes migrantes se realice de modo multidisciplinar, incluyendo factores psicosociales, y no solo con las pruebas óseas o de muñeca. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó hace unos días a Bélgica por realizar pruebas óseas para evaluar la edad de las personas, recuerda el jesuita.

Por su parte, Bazán encuentra positivo la posibilidad de que la sociedad civil y las Iglesias pueden tener algún “papel en la supervisión de las condiciones de los retornados” para asegurar que sean dignas y se respeten derechos fundamentales. Eso sí, hará falta una autorización y será el “modo más o menos restrictivo de la concesión”, lo que determinará si esta posibilidad “es o no efectiva”.

 

Propuestas de la Iglesia de Europa

La COMECE y el resto de miembro del Grupo Cristiano de Migración y Asilo de la Unión Europea ya había advertido en 2021 ante las negociaciones para alcanzar el acto de la UE de Migración y Asilo, que existía el riesgo de “ignorar la situación individual y socavar los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países que buscan protección internacional”.

Entonces la Iglesia y los grupos cristianos europeos habían afirmado que “las políticas de retorno en la UE deben ser humanas y cumplir con la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, incluyendo el principio de no devolución”.

Planteaban que “el retorno voluntario debe ser siempre la opción preferida sobre el retorno forzoso” y recomendaba centrarse, no solo en las tasas de retorno, sino en la calidad de las decisiones y su implementación con garantías procesales y derechos fundamentales.

También consideraban que debía reconocer la situación de los migrantes no retornables y regularizar su estatus con acceso a beneficios básicos y establecerse un mecanismo independiente de monitoreo para las personas retornadas.

En su opinión, la detención debe ser un último recurso, usada solo por el menor tiempo posible y sujeta a revisión, mientras que los niños, sus familias y personas vulnerables no deberían ser detenidos únicamente por su estatus irregular.

En todo caso, defendían que los acuerdos de readmisión deben centrarse en la dignidad humana y garantizar la reintegración en el país de origen, llegando a pedir que el retorno a zonas de conflicto quedara prohibido y que “las alianzas con terceros países deben ser de beneficio mutuo y no usarse como herramientas de presión para la cooperación en retornos”.