Un sacerdote en España podría enfrentarse a una investigación penal por negación de la Eucaristía

Fuente:   The Pillar

Por   EDGAR BELTRÁN

20/01/2025 

Iglesia de San Nicolás de Bari en Torrecaballeros, España. Crédito: jacinta lluch valero/wikimedia CC BY SA 4.0

En medio de un enfrentamiento entre el gobierno de España y los líderes eclesiásticos, el ministro de Igualdad del país dijo el sábado que un párroco podría enfrentar cargos penales por prohibir que un alcalde de una pequeña ciudad con una relación homosexual reciba la Eucaristía.

Pero la diócesis del sacerdote ha dicho que no cometió un acto criminal de discriminación al actuar de acuerdo con las normas disciplinarias de la Iglesia con respecto a la administración de la Sagrada Comunión.

"[Negar la comunión] es contrario a la Constitución española", dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista el 18 de enero, y agregó que la Iglesia "no puede, aunque no haya una ley específica, sustraerse de las normas constitucionales, el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14".

"No se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que elija entre su fe o su condición sexual. Esto es claramente discriminatorio y espero que haya un desafío [legal]", agregó.

Las declaraciones del ministro se producen después de una declaración del 11 de enero de Rubén García, alcalde de la pequeña ciudad segoviana de Torrecaballeros.

García dijo que su párroco le negó la Eucaristía debido a su relación pública con personas del mismo sexo, lo que llevó a los funcionarios locales del principal Partido Socialista Obrero Español de España, el PSOE, a acusar inmediatamente a la Iglesia de violar las leyes antidiscriminatorias del país.

En una twitter.com publicación, García dijo que "el párroco de Torrecaballeros me dijo que no puedo recibir la Sagrada Comunión... por mi condición sexual y porque vivo con mi pareja".

García, el alcalde, dijo que había sido lector hasta hace dos años, cuando asegura que le dijeron que no podía continuar por "razones políticas", porque es alcalde, y miembro del PSOE.

También afirmó que su párroco había estado al tanto de su situación desde que el sacerdote llegó a la parroquia en agosto, pero le prohibió la Eucaristía este mes por indicación de la diócesis de Segovia

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La situación se produce en medio de crecientes tensiones entre el gobierno español y la Iglesia.

El Defensor del Pueblo del país publicó el 23 de octubre un informe que indicaba que había algo menos de casos de abuso en España en comparación con otros países: poco más de 2.000 en un espacio de 70 años. Pero los informes también han revelado que muchos obispos en España no cooperaron con las autoridades investigadoras y no investigaron canónicamente las quejas que les llegaron a través de los medios de comunicación o las autoridades.

Hasta hace unos meses, los obispos no habían estado dispuestos a crear un fondo de compensación para las víctimas, algo que los obispos habían enfrentado presiones para hacer, incluso por parte del Defensor del Pueblo.

Otro punto de discordia es el Valle de los Caídos, un polémico monumento construido durante la dictadura franquista como monumento a los caídos en la Guerra Civil Española.

El monumento incluye la cruz más alta del mundo, una basílica y una abadía benedictina.

El actual gobierno español considera el Valle un monumento a Franco, por lo que ha cambiado su nombre, y un ministro del gobierno ha anunciado su intención de eliminar la abadía benedictina de la zona y convertir las instalaciones en un "centro laico para explicar la guerra y lo que vino después".

Algunos comentaristas e intelectuales también han propuesto derribar la cruz del monumento.

El cardenal José Cobo, de Madrid, lidera las negociaciones en nombre de la Iglesia y dijo que los dos elementos no negociables de la Iglesia son la basílica y la abadía benedictina.

Mientras tanto, Redondo, la ministra de Igualdad, dijo que se reuniría con los obispos españoles esta semana debido a un tema aparte, ya que siete diócesis españolas diferentes fueron acusadas de patrocinar o apoyar terapias de conversión para personas homosexuales, por lo que las instituciones pueden ser multadas en España. Muchas diócesis negaron rotundamente esa afirmación, diciendo que simplemente tienen charlas y testimonios de personas que anteriormente tuvieron relaciones homosexuales.

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En su entrevista del 18 de enero, Redondo dijo que plantearía el tema de la denegación de la comunión a los obispos españoles, y dijo que esperaba que el Tribunal Constitucional del país fuera llamado a "aclarar en un fallo hasta qué punto esto afecta el principio de igualdad y no discriminación".

"No hay ninguna ley que prohíba las normas eclesiásticas, pero estas normas eclesiásticas deben interpretarse bajo la Constitución y bajo el principio de igualdad", añadió.

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Otra pareja gay de un pueblo cercano alegó que el mismo sacerdote, el congoleño Felicien Malanza Munganga, les negó la comunión y comenzó a servir en las parroquias en julio de 2024.

El 12 de enero, el PSOE de Segovia publicó un comunicado en el que pedía al nuevo obispo de Segovia que "acabara con la discriminación basada en la orientación sexual en la Iglesia segoviana".

El partido planteó la posibilidad de emprender acciones legales, diciendo que "la legislación en nuestro país ha tipificado los delitos de odio basados en la orientación sexual y estamos convencidos de que esta situación terminará de raíz, ya que nadie quiere caminar por ese camino".

La Diócesis de Segovia publicó un comunicado en respuesta en el que niega que el sacerdote haya actuado de "forma homófoba y discriminatoria".

"En cumplimiento de su ministerio y siguiendo las reglas de la Iglesia universal sobre la recepción de la Sagrada Comunión, [el sacerdote] se vio obligado a negar la comunión a las personas del mismo sexo que viven de manera matrimonial, lo que también puede suceder entre personas heterosexuales sin vínculo matrimonial".

"No se trata de homofobia ni de discriminación, ya que no se niega la comunión por la condición homosexual, sino para defender el carácter sagrado de la Eucaristía", añade el comunicado.

Por último, el comunicado dice que la petición del PSOE de Segovia es una "sentencia difamatoria" y una "injerencia inadmisible en asuntos internos de la Iglesia y un atentado contra la libertad religiosa garantizada en la Constitución".

"Los católicos saben que, para recibir la Eucaristía, ya sean homosexuales o heterosexuales, se requieren unas condiciones objetivas de moralidad, y la Iglesia tiene la autoridad de negar la comunión cuando no se siguen, especialmente si esto causa un escándalo entre los fieles, como sucedió en los casos de Segovia".

La diócesis citó tanto el canon 915 del Código de Derecho Canónico como la declaración Fiducia supplicans de 2023, en la que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe explicó que se debe evitar la bendición de las personas en parejas homosexuales si causa un grave escándalo o confusión entre los fieles.

"Negar la comunión no significa la exclusión de la vida eclesial o de la participación en su culto, ya que la Iglesia anima a aquellos que no pueden recibir la comunión por diversas razones a seguir participando en la vida comunitaria", concluye el comunicado.