Alrededor de 35.000 temporeros agrícolas, la mayoría migrante sin documentación, trabajan en Almería y Huelva, donde hay cerca de una decena de asentamientos precarios, que albergan a unas 12.000 personas trabajadoras, según un nuevo informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Fuente: Noticias Obreras
22/01/2025
Para la elaboración del Informe Frontera Sur 2025, que recoge también la muertes de personas migrantes que tratan de llegar a nuestro país, se han visitado cinco asentamientos repartidos entre El Ejido y Níjar (Almería) y cuatro en Huelva (Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Lepe) entre febrero y septiembre del año pasado, con el fin de mantener encuentros con sus habitantes y las organizaciones sociales que prestan atención sobre el terreno.
El informe reconoce que “no existe ningún dato oficial (ni oficioso) de cuantas personas en situación irregular pueden estar trabajando en el campo andaluz”. Sin embargo, realiza una estimación a partir de indicios indirectos.
Teniendo en cuenta el número de hectáreas en explotación y la necesidad de entre tres y cinco trabajadores por hectárea se podría estimar que, solo en la provincia de Almería, hay más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos laborales.
En el caso de Huelva, el cálculo se basa en el déficit de trabajadores que realizan las propias empresas en cada campaña, entre 8.000 y 10.000 personas, a pesar de que cada temporada llegan alrededor de 14.000 personas contratadas bajo la orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) suscrita con países como Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, Ucrania, Honduras, República Dominicana y Guatemala.
Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del Informe Frontera Sur 2025, ha detallado que al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva viven en “infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets”.
Estas personas se enfrentan a “la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes extutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.
Empresarios, según se desprende de los testimonios recabados, se siguen valiendo de trabajadores que viven en los asentamientos chabolistas. “Vienen a la plaza temprano. Dicen tú, tú y tú. Vamos y trabajamos, y cambian porque no tengo papeles”, decía un trabajador de Mali, de 44 años, del asentamiento La Sevillana, en Lucena del Puerto.
“Aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”, ha señalado la investigadora, quien matiza que el número de personas trabajadoras sin contrato, ni protección podría ser mayor que la población de los asentamientos.
El informe advierte que la presencia de asentamientos en estas zonas no está ligada a la superficie o cantidad de explotaciones, sino a su tipología. “Almería y Huelva se sitúan a la cabeza en explotaciones bajo plástico, acumulando casi el 90% del total de la superficie dedicada a las explotaciones de este tipo en Andalucía”.
Almería representa el 63,9% y Huelva el 25,3%, ambas muy por delante de Granada que reúne al 7% de estas explotaciones. Las dos provincias andaluzas con más invernaderos presentan grandes diferencias en cuanto a los cultivos, la mano de obra empleada y la temporalidad.
En Huelva el cultivo de frutos rojos se plantea con una notable estacionalidad, mientras que en Almería el cultivo bajo plásticos es intensivo y requiere de mano de obra durante todo el año.
La APDHA reclama “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.
Casi 2.500 vidas perdidas
La coordinadora del Informe Frontera Sur, Ana Mª Rosado, ha presentado el balance migratorio, “que sitúan 2024 como el segundo año de toda la serie histórica con más llegadas a la frontera sur española, con un total de 64.048 personas que llegaron tanto por vía marítima como terrestre, habiendo accedido a territorio español hasta un 75% a través de la ruta canaria”.
Rosado ha explicado que “en 2024, de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.
La coordinadora del informe ha relatado que “durante 2024 se han registrado al menos 2.465 personas que han perdido la vida o han desaparecido para siempre intentando acceder al territorio del Estado español”, precisando que “más del 75% de esas personas fallecidas lo han hecho mientras transitaban por la ruta canaria, la más mortífera y que se ha convertido casi en la única posible para las personas procedentes de África occidental”.
“El incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”.
Rosado ha destacado que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.
En los últimos cinco años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 registradas desde APDHA en los últimos 37 años, lo que ha llevado a la investigadora a denunciar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”.
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