La importancia de los derechos laborales tras el caso Glovo

El anuncio reciente de Glovo, parte de la multinacional Delivery Hero, de cambiar su modelo de negocio en España para reconocer a sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena marca un hito en la lucha por los derechos laborales.

Fuente:   Noticias Obreras

Por   Antonio Baylos

23/01/2025

Foto | Shashank Verma, vía unsplash

Este cambio de política coincidió con la comparecencia de Óscar Pierre, fundador de la plataforma, ante un juzgado como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Aunque pueda parecer una victoria sencilla, este giro refleja un complejo proceso de resistencia por parte de la empresa a cumplir con las leyes laborales. Durante años, Glovo y otras plataformas similares han insistido en clasificar a sus repartidores como «trabajadores autónomos», a pesar de la dependencia de la empresa, para negarle así derechos básicos como el salario mínimo, las vacaciones pagadas y la seguridad social.

Precisamente, la Ley 12/2021, conocida como la ley rider, fue aprobada en España con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales.

La norma era una respuesta directa a las constantes denuncias de precariedad en el sector. Sin embargo, Glovo desafió tanto esta ley como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya había determinado que sus repartidores eran trabajadores por cuenta ajena.

La empresa argumentaba que su modelo de negocio se basaba en contratos mercantiles, aunque las inspecciones de trabajo y los tribunales desmintieran esta afirmación repetidamente.

Esta negativa sistemática a acatar las leyes laborales no solo provocó múltiples sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, sino que también impulsó la reforma del Código Penal en España.

Ahora, el artículo 311 incluye un apartado específico que sanciona a las empresas que imponen condiciones ilegales contratando bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, incluso tras ser sancionadas por las autoridades.

 

El papel de la lucha sindical y la ley penal

El caso de Glovo es un ejemplo claro de cómo las grandes corporaciones pueden considerar las multas como un simple coste operativo. Durante años, la empresa acumuló millones de euros en sanciones, pero su modelo de negocio basado en falsos autónomos le permitía ahorrar tanto en costes laborales que las multas parecían insignificantes en comparación.

Sin embargo, la introducción de sanciones penales cambió las reglas del juego. Ahora, los directivos pueden enfrentarse a consecuencias personales, incluyendo penas de cárcel, lo que ha demostrado ser un elemento disuasorio más eficaz. En este contexto, la imputación de Óscar Pierre ha sido un catalizador para el cambio en la estrategia de Glovo.

La lucha sindical también ha sido crucial. Los sindicatos han jugado un papel determinante al visibilizar las condiciones precarias de los repartidores, presionando para que se adoptaran leyes como la ley rider y denunciando las prácticas ilegales de la empresa ante los tribunales y la opinión pública.

Con el anuncio de Glovo de reconocer a sus repartidores como empleados, se espera que 60.000 personas pasen a tener un contrato laboral. Esto representa una transformación masiva, descrita por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como «el movimiento afiliativo más importante de la historia de España». Además, este cambio podría generar ingresos significativos para el sistema de seguridad social, estimados en 267 millones de euros, junto con multas e intereses que podrían alcanzar los 500 millones.

El reconocimiento como trabajadores implica que los repartidores tendrán acceso a derechos fundamentales: vacaciones pagadas, bajas por enfermedad, seguridad social y la posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones laborales. Más allá de los beneficios económicos, este cambio representa un avance en la dignidad laboral y en la lucha contra la precariedad.

El caso de Glovo deja varias enseñanzas importantes. Primero, demuestra que la resistencia de las empresas a cumplir con las leyes laborales puede ser doblegada a través de un marco legal sólido y sanciones efectivas. La combinación de inspecciones, multas administrativas y la amenaza de sanciones penales ha resultado ser una estrategia efectiva.

Segundo, resalta la importancia de la acción sindical y de la opinión pública. Las denuncias constantes de los sindicatos y las historias de los repartidores en los medios de comunicación ayudaron a generar la presión necesaria para que las instituciones tomaran medidas.

Tercero, subraya la relevancia de la cooperación internacional en la regulación de las plataformas digitales. La Directiva Europea 2024/2831, aprobada en octubre de este año, busca mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales a nivel continental. Aunque Glovo intentó influir en su contenido, la directiva finalmente refuerza los derechos laborales en este sector.

El cambio de modelo anunciado por Glovo plantea nuevos desafíos. La empresa tendrá que asumir el pago de cotizaciones atrasadas y adaptar su estructura de costos para incluir salarios y beneficios. Sin embargo, también podría ser una oportunidad para demostrar que es posible operar de manera rentable respetando los derechos laborales.

Además, este caso sienta un precedente para otras plataformas digitales. El reconocimiento de los repartidores como trabajadores por cuenta ajena podría extenderse a otros países y sectores, especialmente en el contexto de la transposición de la Directiva Europea. Esto abre un nuevo capítulo en la regulación del trabajo en la economía digital, que deberá equilibrar la innovación con la justicia laboral.

Por último, el caso subraya la importancia de seguir fortaleciendo las instituciones que garantizan el cumplimiento de las leyes laborales. Desde los organismos de inspección hasta los tribunales, pasando por los sindicatos, todos tienen un papel clave en la construcción de un mercado laboral más justo y sostenible.

El anuncio de Glovo es una victoria para los derechos laborales y un recordatorio de que la lucha por la justicia en el trabajo requiere constancia y colaboración. Aunque queda mucho por hacer, este caso demuestra que es posible desafiar y cambiar las prácticas de las grandes corporaciones cuando las leyes, los sindicatos y la sociedad civil trabajan juntos.

En un momento en que la economía de plataformas plantea nuevos retos, la experiencia de los repartidores de Glovo es un ejemplo de cómo combatir la precarización laboral inducida por grandes empresas que se aprovechan su tamaño y posición para aumentar sus beneficios.