martes, 20 de diciembre de 2022

Jaime Tapia: «Hay presos de ETA que estarían dispuestos a esclarecer la verdad de algunos atentados»

Asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria

Asegura que el proceso que realizan los reclusos de la banda para acceder al tercer grado es «sincero y cumple con la legalidad»

Fuente:    Diario Vasco

GONZÁLEZ EGAÑA

19/12/2022


Jaime Tapia, en Lakua, en su despacho de asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria. / BLANCA SAENZ DE CASTILLO

Jaime Tapia cumplirá el próximo mes de marzo dos años como asesor del Gobierno Vasco en asuntos penitenciarios. Decidió en aquel momento cambiar la presidencia de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava por la tarea de asesor de Prisiones y hoy, ya adaptado a una nueva organización, reconoce que le costó «un esfuerzo personal». «Sabía que debía involucrarme en esta tarea de servicio a las personas privadas de libertad y también lo hice desde la fe», comparte el magistrado mientras asegura que el proceso que realizan los presos de ETA que acceden al tercer grado «realmente es sincero» y cumple la legalidad.

 

–¿Cuáles son los puntos negros detectados en el año y dos meses transcurridos desde que el Gobierno Vasco asumió Prisiones?

–Las infraestructuras que tenemos. Una cárcel más o menos moderna, del año 2012, y otras dos, de 1948 y del 1960, con muchas deficiencias. A esto hay que sumar la falta de personal.

 

–¿Tiene solución?

–Sí. En el año y medio que queda de legislatura espero que estén resueltos los dos problemas.

 

¿Después de los seis últimos traslados de presos de ETA anunciados el pasado viernes, se puede afirmar que llegará la decena que faltan antes de fin de año?

–Es bastante improbable que de aquí a final de año puedan venir todos. Aunque vista la trayectoria, se puede decir que no será mucho más tarde.

 

Cárceles vascas

«Hay una situación de ocupación que no es la óptima, pero no es hacinamiento ni mucho menos»

–¿Cuando ocurra quedaría zanjada una reivindicación histórica de asociaciones y familias de presos?

–Si vienen en enero, se podría decir que finalmente habrá terminado la dispersión como tal.

 

–¿Por qué se han denegado 222 traslados a las prisiones vascas, ocho de ellos de presos de ETA?

–Paulatinamente llegará un momento en que todas estas personas ingresen en los centros penitenciarios del País Vasco. Esta es nuestra intención. La herencia es la que es, pero creo que fue una apuesta y que no se podía hacer de otra manera, porque no puedes esperar a que el Estado te arregle todo. Es lo mismo que ocurrió con otras transferencias, como la de Justicia en los 90, que yo viví más de cerca. Teníamos aquí personas que no son propiamente del País Vasco, pero tampoco las puedes echar a otros centros penitenciarios, no puedes decirles con tres, cinco o diez años aquí, a usted le saco porque quiero traer a los vascos.

 

–¿No quieren ir más cerca de sus hogares?

–No quieren, frente a lo que a veces se pueda decir en ciertos ámbitos, estos centros del País Vasco siempre han estado relativamente bien considerados porque hay actividades, funcionan con entidades del tercer sector y desde que hemos cogido la competencia se está notando más. Es verdad que tenemos personas fuera y poco a poco tenemos que ir asumiéndolas. Se hará, sin duda, cuando tengamos el centro penitenciario de Zubieta y unas plantillas más acordes a lo que es ya una administración penitenciaria que va a tener que ser autosuficiente.

Antes de fin de legislatura

 

«Cuando tengamos abierto Zubieta y una plantilla más acorde podremos asumir los traslados rechazados»

–¿Pero cuáles son los motivos para rechazar traslados?

–Es verdad que de todos los rechazados hay personas que no tenían arraigo en el País Vasco. Tenemos un problema básico que es que no hay una legislación que te diga cuándo una persona tiene o no arraigo suficiente. Tienes que decidir en base a unos condicionamientos de tipo personal, familiar, o social, que hagan más adecuada la resocialización. Como anécdota puedo decir que entre los rechazados hay personas cuyo arraigo era, simplemente, tener un amigo, un primo o un tío aquí.

 

–¿Entre los presos en general se ha extendido la creencia de que ser trasladado a Euskadi es una ventaja porque aquí se logran mejores oportunidad para obtener el tercer grado?

–Las condiciones de los centros penitenciarios del País Vasco hacen que algunas personas puedan tener esa pretensión de cumplir las condenas aquí porque efectivamente estamos haciendo actividades, programas, promoviendo los regímenes de semilibertad, pero en un contexto. No se hacen a lo loco. Y, claro, las personas que cumplen sus penas lo escuchan y es verdad que puede haber una pretensión, comprensible humanamente, pero nosotros tenemos que dar un servicio a la ciudadanía vasca. Ojalá pudiéramos atender a todos los que quisieran venir.

 

–¿Cuando esté abierta Zubieta vendrán todos los que lo piden?

–Poco a poco, estamos en un periodo de transición. Los que tienen arraigo creo que en esta legislatura van a poder venir aquí.

 

–¿La falta de personal también hace que se acaben rechazando esos traslados? ¿Cuando estén en marcha los 60 puestos de la bolsa de empleo se podrá abrir algún modulo más?

–Podríamos tener una mayor posibilidad de abrir algún módulo fundamentalmente en Araba. De hecho, no decimos a todo el mundo que no, seguimos aceptando personas. Esto tiene que ser algo dinámico. Esta bolsa nos va a dar un cierto respiro e igual el año que viene puede hacerse otra, en función de cómo se desarrolle la situación que también es novedosa.

 

–¿Las decisiones de la Fiscalía de revocar 23 de los 32 terceros grados concedidos tienen más sesgo político que técnico?

–Fundamentalmente el motivo del recurso es el documento escrito que tiene que ver con el posicionamiento hacia el delito, el reconocimiento del año causado. El fiscal entiende que esos documentos no son acordes con la realidad. Pero nosotros tenemos una constatación por parte de los equipos técnicos y juntas de tratamiento, que son los que están todos los días con estas personas y ven cómo se comportan. Son quienes avalan esos documentos que luego también constatamos que realmente son sinceros, ciertos y ajustados a la realidad. Ellos son nuestros ojos y nuestros oídos, y nos dan pie a que hagamos una comprobación de que realmente cumplen los requisitos legales. Además, han cumplido de media veintitantos años, salvo algún caso muy excepcional.

 

–¿Cómo se puede detectar que lo que están diciendo es verdad?

–Ahora estamos pidiendo escritos relativamente largos, identifican a las víctimas, unos son más expresivos que otros, pero lo importante está en los informes de quienes trabajan todos los días con ellos y por ellos sabemos que lo que escriben es cierto.

 

–¿Sabe si alguno de ellos ha ayudado en el esclarecimiento de algún atentado?

–Sabemos que hay personas que han manifestado en alguno de estos escritos que estarían dispuestas a hacerlo y sería bueno que eso se hiciera por el reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas. Dicen que estarían dispuestos a ser llamados a un tribunal para dar cuenta de aquello que pidieran conocer, siempre que se les ofrezcan unas mínimas garantías de que esto se va a hacer respetando sus derechos constitucionales. Tengo la intuición de que algunas personas sí que estarían en el futuro dispuestas a colaborar en un derecho a la verdad. Hay quien dice que se podría resolver con una justicia transicional como se ha hecho en Colombia o en Sudáfrica. Yo quiero ser optimista y esas vías se puedan explorar.

 

–¿Qué puede decir de la crítica de asociaciones que les afean «manga ancha» con los presos de ETA?

–No es verdad. Colaboramos a través de la viceconsejería de Rodríguez Ranz, con una sensibilidad especial en este terreno, estamos informando a las víctimas de los traslados, nos reunimos con ellas, les damos explicaciones de los terceros grados... Somos transparentes, actuamos conforme a la legalidad y desde luego ni hay privilegios ni tenemos manga ancha. Estas personas, según nosotros, cumplen los requisitos legales para disfrutar del régimen de semilibertad. Estas decisiones se adoptan, y se lo he dicho a ellas, desde una perspectiva criminológica. Realmente, esas personas que acceden al tercer grado han hecho una evolución en una clave victimológica.

 

–La resocialización con futuros encuentros restaurativos es la tarea que se emprende ahora. ¿Avanza a buen ritmo?

–Se ha puesto en marcha hace un mes y, a diferencia de otros procesos, se ha hecho simultáneamente con víctimas y victimarios.

 

–¿Están llenas las cárceles o casi llenas como se dejó caer hace unas semanas?

–Las cárceles no están llenas. De hecho siguen viniendo más personas. Entran unos y salen otros, sin problema. Lo que queremos es dar es un servicio adecuado, por eso estamos ahora trabajando con esa idea de ir decidiendo transitoriamente a quienes atendemos y a quienes no. Es verdad que tener más personal y la cárcel de Zubieta en marcha, esta primavera, va a dar otras posibilidades. Pasaremos de 200 a 500 plazas en Gipuzkoa. Ahora tenemos una situación que no es la óptima, pero no es hacinamiento ni mucho menos.

 

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