Ley Trans y nueva inquisición

Queremos debatir el proyecto de norma en el Congreso porque es necesario arrojar luz sobre aquellos aspectos más controvertidos

Fuente:   Diario Vasco

MAITE BERROCAL

30/10/2022

Josemari Alemán Amundarain

Una nueva religión recorre el mundo. La religión 'queer', cuyo dogma principal es «yo soy quien soy», independientemente de lo que la materia y el conocimiento científico demuestren, una religión cuyo objetivo es dar un marco legal a creencias y sentimientos, consolidando deseos personales como derechos ('lo quiero, puedo pagarlo y, por tanto, tengo derecho a ello'), abriendo nuevos e ingentes espacios de negocio para satisfacer dichos deseos.

En octubre de 1553, el médico Miguel Servet, pensador que se atrevió a declarar que «ninguna autoridad eclesiástica o civil tiene derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de cada uno a tener y exponer las propias», fue quemado por herejía al negar repetidamente la Santísima Trinidad y reclamar que el bautismo se realizara en edad adulta.

Si algo caracterizó al régimen religioso que creó y sustentó la Santa Inquisición fue su rechazo absoluto de la ciencia, el conocimiento científico y la razón y su enorme interés en acallar las voces que cuestionaban las supuestas verdades absolutas de la religión, utilizando el miedo e incluso la hoguera.

Si osas decir que a algunas mujeres que parimos no nos gusta que nos digan 'persona uteroportante', prepárate a rectificar

Están siendo muchas las cuestiones del proyecto de Ley Trans, hija de la religión 'queer', que vamos conociendo a cuentagotas, pero hay una que está pasando especialmente desapercibida pese a su importancia. Me refiero al Régimen Sancionador que ocupa íntegramente uno de los cuatro capítulos de la Ley Trans, en trámite en la Comisión de Igualdad del Congreso y que podría tener un enorme impacto para la ciencia, la libertad de expresión y la democracia.

No deja de ser curioso que uno de los espacios políticos que se ha erigido en abanderado contra la llamada Ley Mordaza (Podemos y sus derivados) manifieste en este tema de la libre autodeterminación de sexo un interés extremo por acallar voces, silenciar argumentos, evitar cualquier tipo de debate y, para aquellos casos más reticentes, contar en el futuro con un instrumento que amedrente a las infieles a la nueva fe.

Cualquiera que se atreva a expresar públicamente, no ya una opinión sino una evidencia científica, podrá ser tachada de tránsfoba (o su equivalente 'terfa', el nuevo palabro para señalar a las 'herejes'), y ser castigada con las sanciones que se proponen en el proyecto de ley y que pueden alcanzar cuantías de 150.000 euros (artículo 76.3).

Todo ello, aplicando algo de extrema importancia como es «la inversión de la carga de la prueba», que traducido viene a significar que si alguien te acusa de transfobia (herejía), deberás ser tú quien demuestre que no eres eso, ante supuestos tribunales administrativos del propio 'ministerio de la verdad', promotor de la ley, sin procedimiento y careciendo totalmente de garantías jurídicas. (Artículo 73.2: «El procedimiento se iniciará siempre de oficio, correspondiendo la instrucción a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, y el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular del Ministerio de Igualdad»).

Así que si, por ejemplo, osas decir públicamente que algunas mujeres que parimos no queremos que se nos llame «progenitores gestantes» o «personas uteroportantes», o que jugar con muñecas no convierte a alguien en 'mujer' porque conocemos a niños que lo hacen y niñas que no, o cualquier otra cuestión susceptible de ser considerada herejía por la 'queer inquisición', vete preparándote para rectificar cual Galileo moderna y renegar de la evidencia de que la Tierra gira alrededor del Sol, o te verás abocada a todos los males del infierno, en su formato contemporáneo.

En esta situación, es lógico que sociedades científicas, colegios y asociaciones profesionales de la sanidad, la justicia y la educación, periodistas, entre otros, se estén apresurando a publicar declaraciones y reflexiones sobre el impacto que tendría esta ley, no vaya a ser que, en breve, no puedan asumir el coste profesional, personal y económico de hacerlo.

Una ley que aspira a modificar toda la arquitectura legal de la que nos hemos dotado en nuestra democracia no puede pasar el trámite de aprobación en una comisión en la que no están representados todos los grupos políticos, a oscuras y a toda prisa, por 'procedimiento de urgencia', sin comparecencias de expertas y expertos, de asociaciones feministas de madres y padres, o de juristas y profesionales de la sanidad, la educación...

Es por ello que, desde múltiples ámbitos, estamos reclamando que se activen las comparecencias en la Comisión de Igualdad. Queremos debatir la Ley Trans en el Congreso, ya que consideramos absolutamente necesario contrastar argumentos y poner luz en aquellos aspectos más tenebrosos y controvertidos de este proyecto de ley. Y es que, pese a quien pese, 'Eppur si muove'.

MAITE BERROCAL

Miembro de Femes (Asociación de Feministas Socialistas) y secretaria de igualdad del PSE-EE