El 19 del
pasado diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Durango ha aprobado una moción
del Partido Socialista de Euskadi, en la que su portavoz Pilar Ríos solicita
que se cambie de nombre al Instituto Público de Enseñanza Media denominado Fray
Juan de Zumarraga “en desagravio a las
mujeres perseguidas y a las fundadas sospechas que hay de que Zumarraga atentó
contra la cultura y las costumbres indígenas”. La portavoz socialista ha recordado
que Zumarraga fue “un inquisidor activo
en la caza de brujas, una denominación que se suele utilizar para ‘aquellas
mujeres sabias y liberadas que se atreven a desafiar a las convenciones”. Este
cambio de nombre del Instituto supondría, además, “un acto de desagravio
necesario y obligado hacia las mujeres perseguidas en todas las épocas”. La
moción fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos (PNV,
EH Bildu, Herriaren Eskubidea (SQ-2D) y PSE), excepto el PP que se abstuvo.
Reducir la importante
contribución de Fray Juan de Zumárraga a la promoción social, cultural y religiosa
a su actividad, relativamente corta, de inquisidor me parece una reducción que
distorsiona la realidad (y más si la juzgamos a casi 500 años de distancia): por
una parte, el inquisidor, ahíto de sangre y fuego, y por otra “las mujeres sabias y liberadas” (las
brujas), representantes de “las mujeres
perseguidas en todas las épocas”.
Fray Juan
fue nombrado inquisidor de las brujas vascas por el emperador Carlos V, en el
año 1527, y detentó dicho cargo durante unos pocos meses en los que, según los
historiadores, “hizo su oficio con mucha
rectitud y madurez”. Al finalizar su misión sin castigo alguno de hoguera, Fray
Juan recomendó al emperador que el mejor camino para combatir la brujería era que
enviara a Euskal Herria más predicadores, “que
sepan y entiendan la lengua vascongada”,
que inquisidores.
En la moción
del ayuntamiento de Durango, no se mencionan los siete años que, entre 1536-1543,
Fray Juan, contra su voluntad, detentó el cargo de Inquisidor en México.
Durante este periodo, Fray Juan, tras concederle, sin resultados positivos, dos
prórrogas para que aportara pruebas en su defensa, hubo de firmar la entrega ‘al
brazo secular’ de un reo que sería ejecutado por ésta, pese a que Fray Juan “rogó y encargó a la misma que se haya
benignamente”. Por lo que se deduce, Fray Juan, no hizo sino aplicar con
rigor una ley rigurosa que trató de eludir: “Fuéle dicho e apercibido (al reo) que si dijese la verdad, confesando
sus culpas enteramente, que se habrían con él benignamente y se recibiría a
misericordia conforme a derecho”. Para
evitar situaciones legales tan engorrosas, Fray Juan de Zumárraga dio
instrucciones a sus delegados en el Concilio de Trento para que solicitaran una
Inquisición para México independiente de la de España “porque acerca de esta materia hay duda de si convendrá castigar con
todas las penas, que el derecho pone, a estos naturales cuando les acaeciere
delinquir, por ser nuevos en la fe y no se les haber persuadido en las partes
de allá”.
