Abusos de poder y conciencia en la Iglesia católica (y III)

Una reparación integral que pasa por la memoria

Fuente:   Cristianisme i Justícia

Por   Manuel Sánchez-Moreno

10/07/2026

 

Para buscar una reparación no meramente económica sino integral, resulta especialmente útil acudir al marco de la justicia transicional, como veíamos en el artículo anterior y tal como ha sido propuesto en los últimos años por autores como David Smolin para el análisis de los abusos cometidos en contextos católicos.

En sus trabajos sobre justicia transicional y abusos en contextos católicos, defendidos ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, Smolin sostiene que la Iglesia debería adoptar explícitamente un marco de justicia transicional para responder a los abusos, precisamente porque estos han generado daños masivos, prolongados y vinculados a fallos institucionales. La propia Comisión Pontificia reconoció en 2023 la relación entre las categorías de justicia transicional y la doctrina social de la Iglesia en materia de justicia, reparación y prevención.

Pero lo que sigue escapando a todos estos trabajos y declaraciones es el nuevo pilar de la justicia transicional para abordar la problemática en su conjunto y dar una reparación integral: la memoria. 

Durante mucho tiempo, la Iglesia ha tendido a pedir perdón de forma general, pero sin construir una memoria concreta de las víctimas. Y sin memoria, la institución puede volver a hablar de «errores del pasado» sin nombrar responsables, lugares, prácticas, discursos y omisiones. El informe de Naciones Unidas sobre memorialización como quinto pilar de la justicia transicional insiste en que las políticas de memoria no son un añadido ornamental, sino una obligación vinculada a la prevención de nuevas violencias y a la dignificación de las víctimas.

En España, esta dimensión es todavía débil. No existe una política eclesial y pública suficientemente articulada de memoria sobre los abusos sexuales, espirituales y de conciencia cometidos en instituciones católicas. Hay actos, informes, oficinas, protocolos y declaraciones, pero no una memoria institucional robusta. ¿Dónde están los memoriales? ¿Dónde están los archivos accesibles? ¿Dónde están los actos de reconocimiento diseñados con las víctimas y no simplemente ofrecidos a las víctimas? ¿Dónde están los nombres de colegios, internados, seminarios, reformatorios, parroquias, centros de acogida o congregaciones que deben revisar su propia historia?

El caso del Patronato de Protección a la Mujer muestra hasta qué punto esta memoria no puede separarse de la historia del nacionalcatolicismo. Creado en 1941 como dispositivo franquista y activo hasta bien entrada la democracia en 1985, el Patronato funcionó como un mecanismo de control moral, disciplinamiento sexual y represión de adolescentes y jóvenes que no encajaban en el modelo de mujer impuesto por la dictadura. Algunas congregaciones religiosas participaron en la gestión de centros donde mujeres y menores fueron privadas de libertad, sometidas a códigos morales estrictos y, en muchos casos, a humillaciones, trabajos forzados, castigos y violencias. El acto de petición pública de perdón impulsado por CONFER en junio de 2025 fue relevante, pero también mostró la distancia entre el gesto institucional y la demanda de muchas supervivientes: verdad, justicia y reparación, no solo perdón.

En este sentido, el acto de la CONFER constituye un ejemplo particularmente significativo de los límites de una reparación planteada desde arriba y no desde las víctimas. El gesto pudo tener valor como reconocimiento inicial, pero resultó insuficiente, e incluso fallido, en la medida en que no asumió toda la amplitud histórica de los daños vinculados a instituciones religiosas durante el franquismo y la transición. Ni siquiera quiso nombrar expresamente realidades como la de los bebés robados, pese a su estrecha conexión con dispositivos de control moral, tutela institucional, apropiación de cuerpos y ruptura de vínculos familiares en contextos atravesados por el nacionalcatolicismo. 

El problema de fondo es que el camino no se inicia con el perdón, sino con la verdad. En clave de justicia transicional, el perdón no puede anteceder al reconocimiento pleno, a la escucha de las víctimas, al esclarecimiento de responsabilidades, a la reparación y a las garantías de no repetición. Es más, un verdadero perdón se demuestra con todo esto, con hechos. Y, en clave eclesial y teológica, una auténtica memoria passionis (memoria del sufrimiento injusto de las víctimas), siguiendo a Metz, no puede reducirse a un acto litúrgico o institucional de contrición, sino que exige dejarse afectar por el dolor causado, asumir la propia responsabilidad histórica y convertir esa memoria en criterio de justicia. Algo así ya se expresó en el documento de la Comisión Teológica Internacional Memoria y Reconciliación (1999). 

El Patronato obliga a ampliar la mirada y nos evidencia un continuum de violencias, en prácticas e ideología, que pasó del régimen franquista nacionalcatólico a la democracia, al no haberse aplicado mecanismos de justicia transicional como la depuración. 

Y no fue solo en el Patronato y contra las mujeres. Tampoco los abusos en la Iglesia pueden limitarse a los abusos sexuales a menores varones o a la pederastia clerical en sentido estricto. Hay que incorporar a mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas empobrecidas, personas LGTBIQ+, internas en instituciones religiosas o civiles gestionadas por congregaciones, y adultos sometidos a dependencia espiritual o material, hospitales públicos y privados, instituciones educativas y de tutela. Es decir, hay que reconocer que la violencia sexual y de conciencia no se produce en abstracto, sino en estructuras concretas de género, clase, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y autoridad religiosa, en una fuerte continuidad entre el pasado y el presente.

Si, como vemos, la memoria es un elemento básico, la perspectiva de género no es un mero añadido ideológico, sino una exigencia metodológica. El informe del Relator Especial sobre justicia transicional y género subraya que los procesos de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memorialización deben responder adecuadamente a mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales y trans víctimas de violaciones graves de derechos humanos, garantizando además su participación efectiva.

Esto es decisivo porque muchas formas de violencia en contextos católicos se han sostenido sobre una moral sexual desigual. Es decir, estamos ante crímenes que no se entienden sin su dimensión de género. El cuerpo de las mujeres fue vigilado; la sexualidad no normativa fue condenada; la obediencia religiosa fue sacralizada; la autoridad masculina fue revestida de superioridad espiritual; y la denuncia fue percibida muchas veces como escándalo, pecado o traición a la Iglesia. En ese marco, el abuso de poder y conciencia opera como una forma de dominación que no siempre deja las mismas huellas que la violencia física, pero que puede destruir la autonomía moral de la persona.

El informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de 2021, dedicado a la violación como vulneración grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, recuerda precisamente que la violencia sexual no puede analizarse solo como acto individual, sino como manifestación de una cultura de impunidad, estigmatización de las víctimas y fallos estatales en la prevención, persecución y reparación. Aunque el informe se centre especialmente en mujeres y niñas, su enfoque permite iluminar cómo la cultura de la violación funciona también en espacios religiosos cuando desplaza la vergüenza hacia la víctima y protege al agresor mediante autoridad, silencio y descrédito.

La reparación integral exige, además, una revisión teológica, como apunta Zollner. No basta con crear mecanismos administrativos si no se revisan las imágenes de autoridad, obediencia, pecado, perdón, sacrificio y escándalo que permitieron neutralizar durante décadas la voz de las víctimas. En demasiadas ocasiones, el lenguaje religioso fue usado para pedir silencio, paciencia, perdón o resignación. Pero el perdón no puede imponerse; la reconciliación no puede decretarse; y la misericordia no puede convertirse en coartada para la impunidad. Una Iglesia que quiera reparar debe escuchar y actuar antes de absolverse a sí misma. Y, además, esta revisión teológica debe pasar por las teologías feministas. 

Por eso, el acuerdo Iglesia-Estado de 2026 debe leerse como un avance, pero no como una meta final. Es positivo que exista una vía pública para víctimas sin recorrido judicial. Es positivo que el Defensor del Pueblo tenga un papel central. Es positivo que la Iglesia asuma el pago. Es positivo que las compensaciones puedan ser simbólicas, restaurativas, espirituales y económicas. Pero sigue habiendo límites importantes: el mecanismo es temporal; se dirige principalmente a menores y personas con discapacidad; deja fuera otras formas de abuso de conciencia o poder si no se traducen en abuso sexual reconocido; y no resuelve por sí mismo la cuestión de la verdad histórica, la justicia institucional ni la memoria pública.

La reparación integral debe evitar dos riesgos. El primero es la privatización del daño: convertir cada caso en un expediente individual, sin reconocer el patrón colectivo. El segundo es la clausura prematura: pagar, pedir perdón y dar por cerrado el problema. Ambos riesgos serían graves. Porque el daño fue individual, sí, pero también fue social, institucional, espiritual y cultural. Y porque las víctimas no reclaman únicamente compensación, sino reconocimiento de una verdad que durante años se les negó.

En última instancia, la justicia transicional permite formular una exigencia sencilla pero profunda: no se repara lo que no se nombra, no se transforma lo que no se investiga y no se garantiza la no repetición si la institución conserva intactas las lógicas que hicieron posible el abuso. La Iglesia católica en España ha empezado a moverse, empujada por las víctimas, por el periodismo, por las instituciones públicas y por una sensibilidad social que ya no tolera el silencio como forma de gobierno. Pero moverse no es todavía transformarse.

Una reparación verdaderamente integral debería articular, al menos, cinco compromisos: una verdad completa y documentada; una justicia que no se agote en la prescripción penal; una reparación económica, psicológica, espiritual y simbólica centrada en las víctimas; una memoria pública que incorpore también a mujeres, menores tuteladas, personas vulnerabilizadas y supervivientes de instituciones como el Patronato; y unas garantías de no repetición capaces de desmontar el clericalismo, la opacidad y la sacralización de la autoridad. En línea, por cierto, con los aires de sinodalidad iniciados por Francisco y continuados por León XIV. 

Solo así la Iglesia podrá pasar de la gestión del escándalo a la conversión institucional. Y solo así la sociedad española podrá mirar este fenómeno no como una suma de casos dolorosos, sino como una deuda democrática, eclesial y humana con quienes durante décadas fueron agredidos, silenciados o abandonados en nombre de una autoridad que debía cuidarles. Reparar, en este contexto, no es cerrar una herida. Es impedir que la herida siga organizando el presente.

 

[Imagen de Rudy and Peter Skitterians en Pixabay]