Las nuevas normas fiscales de la UE no son adecuadas para el futuro y dejan atrás a las personas trabajadoras y a la ciudadanía

Carta abierta de los sindicatos belgas, franceses, italianos y españoles a los miembros del parlamento europeo ante la votación de las reglas fiscales.

Fuente:       Noticias Obreras

Por   Unai Sordo y Pepe Álvarez

22/04/2024

FOTO | Pietro Naj-Oleari, vía Parlamento Europeo (flickr.com)

El martes 23 de abril, el Parlamento Europeo se dispone a ratificar el acuerdo alcanzado entre las instituciones europeas sobre la revisión de la gobernanza económica europea. Este acuerdo, forzado por el enfoque de austeridad de algunas capitales europeas, exigirá a los Estados miembro que reduzcan su deuda rápidamente y de forma insostenible desde el punto de vista económico y social: esto marcará el regreso a la austeridad. Al mismo tiempo, las nuevas normas desincentivarán la inversión en los objetivos sociales y climáticos acordados por los Estados miembros, al limitar el margen de maniobra del déficit público. Como ha demostrado recientemente la Confederación Europea de Sindicatos (CES), solo tres países pueden hacer frente a las inversiones sociales y climáticas necesarias con las nuevas normas fiscales (Suecia, Irlanda y Dinamarca).

Este acuerdo se presenta a menudo como mejor que las normas fiscales obsoletas, en particular para nuestros cuatro países (Bélgica, España, Italia y Francia), ya que ahora, con las nuevas normas, solo tendríamos que reducir nuestra relación deuda/PIB en torno a un 1% cada año. Las nuevas normas no son mejores, sobre todo si tenemos en cuenta los procesos de gran transformación que está experimentando nuestra economía y el panorama internacional, bastante inestable. Según nuestros cálculos recientes, las nuevas normas incluso deteriorarían la capacidad de la UE para responder a los retos actuales, ya que imponen 72.900 millones de euros al año en recortes presupuestarios o nuevos impuestos solo en nuestros cuatro países, el equivalente a alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo de profesores o cuidadores o fuerzan reformas restrictivas de las pensiones durante los primeros años de aplicación de las nuevas normas.

Tenemos razones para creer que las nuevas normas anularán en breve los beneficios económicos de las inversiones financiadas por los planes de recuperación y resiliencia. Está claro que estos recortes provocarán una ralentización económica en nuestros países, y no solo en Bélgica, España, Francia e Italia, que representaron el 41% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 2022. En cualquier caso, que representaron el 41% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 2022. En cualquier caso, paralizar nuestras economías tendrá consecuencias para toda la UE. Por tanto, estas nuevas normas no son más aceptables que las antiguas.

Nosotros, las organizaciones sindicales belgas, españolas, francesas e italianas, pedimos a los eurodiputados que rechacen el acuerdo y renegocien uno nuevo después de las elecciones europeas, que no nos obligue a elegir entre la financiación de escuelas, hospitales, bomberos o guarderías y los programas de renovación energética de edificios, el apoyo al mundo agrícola o a la descarbonización de las industrias, sino que contribuya a la creación de empleo de calidad y a unos servicios públicos de calidad que son fundamentales para una economía europea inclusiva y sostenible.

Otras normas son posibles. Reglas que permitan la inversión social, la inversión verde, la financiación de los servicios públicos y de los sistemas de protección social, y el apoyo público a la transición justa y a la descarbonización de nuestras industrias. Un nuevo acuerdo también debería ir acompañado de medidas capaces de recaudar nuevos recursos para financiar un instrumento de inversión permanente de la UE. Entre las diferentes ideas: un Plan de Recuperación de la UE (RRF) renovado, mejorado y aumentado, una fiscalidad europea justa (fiscalidad de los más ricos, impuesto sobre las transacciones financieras, lucha contra la evasión fiscal), todo ello con fuertes condiciones sociales y medioambientales.

Por ello, en vísperas de las elecciones europeas, pedimos a los eurodiputados y a las eurodiputadas que rechacen este acuerdo, que haría en gran medida inviable su programa electoral. Un proyecto así no convencerá a la ciudadanía ni a las personas trabajadoras de que nadie se quedará atrás.

 

Firmantes de la carta

Miranda ULENS, secretaria general de ABVV-FGTB (Bélgica). Olivier VALENTIN, secretario nacional de ACLVB-CGSLB (Bélgica). Marie-Hélène SKA, secretaria general de ACV-CSC (Bélgica). Marylise LEON, secretaria general de CFDT (Francia). Sophie BINET, secretaria general de la CGT (Francia). Frédéric SOUILLOT, secretario general de Force Ouvrière (Francia). Laurent ESCURE, secretario general de la UNSA (Francia). Maurizio LANDINI, secretario general de la CGIL (Italia). Luigi SBARRA, secretario general de CISL (Italia). Pierpaolo BOMBARDIERI, secretario general de UIL (Italia).Unai SORDO, secretario general de CCOO (España). Pepe ÁLVAREZ, secretario general de UGT (España) y vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (ES)