El Defensor del Pueblo suma otros 95 casos a su informe de abusos en la Iglesia

Ángel Gabilondo recuerda que aún está pendiente la presentación del estudio ante la sede parlamentaria y que los diputados tomen una decisión sobre sus recomendaciones

Fuente:   Vida Nueva Digital

Por   Elena Magariños

22/03/2024

 

Desde que el Defensor del Pueblo presentase ante el Congreso de los Diputados, el pasado mes de octubre, su informe sobre abusos sexuales en la Iglesia, ha registrado y validado 95 nuevas denuncias de víctimas. Estas, sumadas a las 517 recogidas en el informe, hacen un total de 612.

“Hasta donde hemos visto esos 95 testimonios nuevos no alteran las conclusiones del informe que entregamos al Congreso, en todo caso acentúan algunas de ellas”, ha señalado Ángel Gabilondo al presentar este viernes el informe de actuaciones de 2023 de la oficina del Defensor del Pueblo.

Asimismo, ha subrayado que en el pasado año recibió 35.603 quejas de la ciudadanía, un 13,2% más que en 2022. La mayoría son referentes a la administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad. Por regiones, un año más la Comunidad de Madrid lidera el listado de más quejas emitidas (con 8.470), seguida de Andalucía (4.186), Comunitat Valenciana (3.973) y Cataluña (3.208).

 

Acto de reparación

Ángel Gabilondo entregaba el pasado 27 de octubre en el Congreso de los Diputados el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’, en el que se reclama un fondo de compensación económica a las víctimas, celebrar un acto público de reconocimiento –en el que espera que le acompañe el Gobierno y la Iglesia–, al tiempo que busca dar respuesta a “una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.

Ya entonces Gabilondo subrayaba que “pudieron hacer más para evitarlo”, aunque reconoce que “es cierto que no todos lo sabían, pero sí es cierto que muchos lo sabían”. Por eso, considera que “la compensación económica no tiene que estar sujeta a la discrecionalidad”, de ahí la idea de crear un fondo estatal para el pago de compensaciones en favor de las víctimas, que se trataría de un órgano especial de carácter temporal en el que se trabajaría mano a mano con la Iglesia como responsable subsidiario.