Los obispos, contra la decisión de PP y Vox de prohibir el Ramadán en Jumilla (Murcia)

El Gobierno investigará por posibles “discursos de odio” la decisión del Ayuntamiento de eliminar las celebraciones más importantes del islam en la vía pública

Fuente:   Vida Nueva Digital

Por   Elena Magariños

07/08/2025

 

“En relación a la decisión del ayuntamiento de Jumilla nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España”. Así se ha posicionado la Conferencia Episcopal Española, en un escueto comunicado emitido este jueves, ante la decisión del PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de vetar los actos religiosos islámicos en instalaciones públicas.

Y es que el Ayuntamiento de Jumilla, municipio de unos 27 .000 habitantes, ha aprobado una polémica enmienda en la que impide celebrar en espacios públicos como polideportivos las dos grandes festividades musulmanas: el fin del Ramadán (Eid al‑Fitr) y la Fiesta del Cordero (Eid al‑Adha).

Aunque formalmente no se alude explícitamente al islam, la propuesta se formula en defensa de una “identidad cultural española”, lo que ha generado amplias críticas por su carácter discriminatorio. La comunidad musulmana local —de unos 1 500 miembros— asegura estar “en shock” y califica la decisión como una falta de respeto a su cultura y fe, que hasta ahora se habían convivido sin problemas en ese municipio.

“Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución”, subrayan los obispos, que añaden que “la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar”.

 

Contra los derechos fundamentales

En este sentido, desde la CEE piden que se valore de forma objetiva y con especialistas, “con criterios técnicos”, si dichos actos suponen una alteración del orden público. “Para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica”, añaden los obispos, que considera que si se imponen restricciones a los actos religiosos se deben aplicar también “a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos”.

Para los obispos, esta medida “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano”. “La limitación de estos derechos, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, afirman, concluyendo que “hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.

 

Reacción del Gobierno

La medida no ha pasado desapercibida a nivel estatal. Y es que, en una línea similar a la de los obispos, el Gobierno central ha anunciado que investigará la situación a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que “vigilará muy de cerca” los discursos de odio que puedan derivarse de iniciativas como esta.

El Ministerio de Justicia, en un comunicado, también recuerda que la Constitución protege la libertad religiosa, la cual está reconocida como un derecho fundamental. Asimismo, añade que “la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa”.

Asimismo, tal como recoge Europa Press, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, han subrayado que “en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución”. En este sentido, lo consideran “un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”.

“Han prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias”, subrayan las citadas fuentes.

En este escenario, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños recuerdan que, “en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución” y que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.

“Además, la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa”, sostienen las fuentes de Justicia.