Fuente: La Vanguardia
03/03/2023
La Iglesia católica portuguesa no va a apartar por ahora a los sacerdotes que siguen en activo sospechosos de haber abusado sexualmente de menores y pondrá sus nombres a disposición de las diócesis para que estudien los casos y actúen según las "normas civiles y canónicas".
"No podemos apartar de un ministerio a alguien sólo porque viene una persona diciendo que es un abusador", dijo hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, en una rueda de prensa en Fátima tras la asamblea que reunió a los obispos para estudiar medidas, en la que también descartó indemnizaciones para las víctimas.
"Hubo una cultura de la ocultación" de los abusos por parte de la Iglesia Católica portuguesa, sostuvo el exministro luso Alvaro Laborinho, uno de los expertos de la comisión.
"Hubo inequívocamente ocultación", insistió el exministro de Justicia, miembro de la comisión independiente que ha investigado durante un año los abusos ocurridos en el seno de la Iglesia Católica lusa desde 1950.
La comisión de expertos divulgó su informe final en febrero, en el que estima que al menos hay 4.800 víctimas, y entregó a los obispos una lista con cien sospechosos de abusos que siguen en activo.
Ornelas prometió que esa lista tendrá su "debido seguimiento" por parte de los obispos de cada diócesis, pero insistió en que es necesario estudiar cada caso y que el documento es sólo "una lista de nombres", lo que dificulta las investigaciones.
"Sin saber quién denunció y por qué denunció, es muy difícil", dijo Ornelas, que aun así prometió que se analizará "nombre a nombre": "Si hubiese otros documentos que nos lleguen para identificar a la persona y lo que hizo mal, evidentemente tomaremos medidas", afirmó.
Más de 200 ciudadanos e instituciones católicas han solicitado a la CEP que los obispos que encubrieron casos de abusos sexuales a menores se retiren de sus funciones en los próximos 60 días y que los sospechosos de abusos en activo sean suspendidos "con carácter preventivo".
Cuestionado sobre estas peticiones, Ornelas insistió en que "nadie es culpable antes de ser juzgado" y que hay que "encontrar esos casos y ver la verdad de los hechos".
El presidente de la CEP también descartó indemnizaciones a las víctimas por parte de la Iglesia, como se ha hecho en otros países: "Si alguien ha actuado mal, ese alguien es el responsable".
Los obispos reunidos en la asamblea acordaron crear una nueva comisión dentro de la Iglesia para recibir testimonios de víctimas, en la que también habrá miembros de fuera de la institución.
"Nuestro objetivo es que tenga credibilidad ante las víctimas", dijo el presidente de la CEP, que también les dará apoyo "espiritual, psicológico y psiquiátrico".
Además, se revisarán las directrices y los planes de formación de los seminarios y otras instituciones y se dará "preparación a todos los agentes pastorales" sobre la cuestión de los abusos.
Durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa el próximo agosto, se construirá un memorial para las víctimas, que será después "perpetuado" en un espacio exterior de la Conferencia Episcopal.
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