La investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia francesa: "Las víctimas, en el centro"

"Me alegro de que el Parlamento haya encargado al Defensor del Pueblo poner en marcha una comisión de la verdad y también de que ¡por fin! lo haya hecho la Conferencia Episcopal Española, comprometiéndose a colaborar con la primera"

Fuente:   Religión Digital

Jesús Martínez Gordo teólogo

24/04/2022

Informe Sauvé

 

El maltrato y abuso sexual a menores es una tragedia para quienes lo han padecido y un escándalo para la sociedad y, de manera particular, para quienes somos seguidores de Jesús en la Iglesia católica. Reconozco que es un drama que, muchas veces, me deja sin palabras.

Pero, intentando superar tal limitación personal, me alegro de que el Parlamento haya encargado al Defensor del Pueblo poner en marcha una comisión de la verdad y también de que ¡por fin! lo haya hecho la Conferencia Episcopal Española, comprometiéndose a colaborar con la primera.

Bienvenida sea, por ello, la luz de la verdad y de la reparación, al menos, hasta donde sea posible. Y, con ella, bienvenidos los taquígrafos, representados —en esta ocasión— por dichas comisiones o por otras que puedan ser necesarias en el futuro.

Llegados a este punto, quizá sea procedente —me he dicho— ofrecer algunos datos y consideraciones sobre los modelos de la investigación, a la luz de lo ya transitado en Francia y Alemania sobre la pederastia en la Iglesia. Y más, cuando nos encontramos, como se puede escuchar entre nosotros, con quienes entienden que este delito, al ser “un problema de la sociedad” (de los casos registrados, solo el 0,2 % es imputado a clérigos) (mons. Jose Angel Saiz Meneses), debe ser investigada por una “comisión global”, por respeto a “todas las víctimas” (Alberto Núñez Feijoo).

No es de recibo, apuntan, erigir a la Iglesia como un chivo expiatorio con el que ocultar la perversión social de la pederastia. O cuando también nos encontramos con quienes proclaman que ésta es una iniciativa política solo comprensible en el marco de una ofensiva antieclesial —otra más— por parte de comunistas, marxistas y masones (mons. Jesus Sanz Montes).

Atentos a tales críticas, creo que es capital que estas —y otras venideras Comisiones de investigación— hagan bien su trabajo, no dejando abiertas sospechas de veracidad y credibilidad de ningún tipo que carguen el argumentario de quienes van a leer sus correspondientes Informes no solo con lupa sino, sobre todo, con miradas en las antípodas a las de los menores abusados en la Iglesia y fuera de ella. Entiendo que una investigación, buena por su rigor veritativo, además de cuestionar tales miradas, tendría la virtud de propiciar su consecuente reparación, acompañamiento e indemnización, así como una petición de perdón que, además de solicitado a los abusados, tendría que pasar, para ser creíble, por una reforma, a fondo en el caso de la Iglesia, y entiendo que, de igual o parecido calado, en otros colectivos.

Me centro en el modelo de investigación primado en la iglesia de Francia. Lo hago por su cercanía geográfica, cultural y eclesial. Y, sobre todo, porque se ha procedido —como también las realizadas en Alemania, Australia, Irlanda, Canadá o EE.UU— con una indudable empatía con todas las víctimas y, a la vez, con una firme voluntad de alcanzar la verdad; una pretensión que, además de imposible en su totalidad, viene envuelta en la polémica, según el método que se aplique: preferentemente sociológico (Francia) o histórico y legal (Alemania).

La Conferencia Episcopal francesa y la Conferencia de religiosos y religiosas de Francia encargan a Jean – Marc Sauvé, vicepresidente de Honor del Consejo de Estado, liderar una investigación que realizará con la ayuda de 22 comisarios y que es conocida, por sus siglas en francés, como CIASE: Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia.

 

1. La Comisión y el Informe

Concretamente, los obispos y superiores religiosos asignan a J. - M. Sauvé clarificar, de la manera que entienda mejor y más procedente, los casos de violencia sexual en el seno de la Iglesia desde 1950; examinar cómo han sido abordados, o no; evaluar las medidas adoptadas para hacerlo frente y ofrecer las recomendaciones que estime necesarias. 

La Comisión CIASE, apunta  J. - M. Sauvé en el prólogo del Informe final, ante todo y sobre todo, ha puesto en el centro de su trabajo a las víctimas. Y lo ha hecho, escuchando a muchas de ellas, pero no como expertos, sino como seres humanos dispuestos a confrontarse personal y colectivamente con una oscura realidad, marcada por el sufrimiento, el aislamiento y, frecuentemente, la vergüenza y la culpabilidad. En el transcurso de esta escucha ha surgido la convicción de que ellas, las víctimas, son poseedoras de un saber único. Por eso, su palabra es el hilo conductor de toda la investigación y del Informe final. Adoptando esta perspectiva —sostiene— las hemos reconocido como tales, es decir, como víctimas; y, a la vez, como testigos y actores de la verdad.

 

1.1.- Clarificar los casos de abuso sexual a menores en la Iglesia

En cumplimiento del primero de los objetivos fijados —clarificar los casos de abuso sexual a menores en la Iglesia— se abrieron tres equipos de información y escucha de las víctimas; así como diferentes investigaciones: una sociológica; otra sociohistórica y archivística y una tercera, socio-antropológica. También se mantuvieron diferentes entrevistas con miembros del clero, condenados por pederastas.

Uno de los primeros pasos fue enviar una encuesta en la que se pedía información detallada, desde 1950 a 2020, sobre el número de sacerdotes y religiosos encausados, de víctimas conocidas e, igualmente, sobre el procedimiento seguido en el tratamiento de cada caso. A esta primera petición respondieron 89 diócesis —de las 115 existentes— y el 90 % de los 350 institutos de vida religiosa.

 

La sombra de los abusos

En un momento posterior, se solicitó a 32 diócesis investigar tanto sus “archivos corrientes como los llamados secretos”, siendo rechazada tal petición por la diócesis de Bayona.

El obispo de esta última, Marc Aillet, informará —unas pocas semanas después de publicarse dicho Informe final— que decidió sumarse a la gran mayoría de las diócesis francesas cuyos archivos no habían sido explorados por los expertos enviados por la CIASE. Y que lo hizo para proteger los datos personales de todos los sacerdotes (210), tal y como le obliga el Reglamento vigente, y a pesar de que J. - M. Sauvé le garantizara que la indagación, realizada por un bufete de abogados especializados, no se daría conocer. Por ello, prosiguió el obispo de Bayona, comuniqué al Presidente de la CIASE que no estaba autorizado, en cumplimiento de la legislación vigente, a facilitar tales datos e informaciones sin el permiso de los interesados. Y que, en cambio, sí estaba obligado a protegerlos.

Ello no quiere decir, prosiguió, que haya habido una falta de transparencia en la comunicación del número de sacerdotes denunciados por agresiones sexuales a menores o sobre su posterior sanción: en los archivos diocesanos hay dossiers sobre 7, acusados desde 1950, así como sobre otros 5, ya fallecidos y denunciados, a partir de la puesta en funcionamiento de la “Unidad de escucha a las víctimas” por la diócesis de Bayona en 2016. De todo ello, concluye, se informó  detalladamente a la Comisión en la primera de las encuestas.

Después de 30 meses de trabajo voluntario y 26.000 horas, J. - M. Sauvé presenta el 5 de octubre de 2021 el Informe de la investigación, tanto al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa como a la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia: 485 páginas y más de 2.500 en anexos. En ellas se notifica que la cifra de niños abusados sexualmente en la Iglesia francesa por clérigos y religiosos, desde 1950 hasta 2020, asciende —a partir de una encuesta sociológica— a 216.000 y que el de los sacerdotes y religiosos abusadores oscila entre 2.900 – 3.200, es decir, entre el 2,5 % y el 2,8 % del total de los 115.000 sacerdotes y religiosos con los que ha contado la Iglesia francesa desde la segunda mitad del siglo XX.

En el resumen de cincuenta páginas, facilitado por la Comisión, se lee que, si a esta cifra se suman las victimas provocadas por laicos al servicio de la Iglesia, su número asciende a 330.000, es decir, en torno al 6 % de los 5.500.000 de niños franceses que habrían sido víctimas, durante los últimos 70 años, de violencia sexual, principalmente en el entorno familiar, pero también en el círculo de amigos, en la escuela pública, en las colonias y campamentos de vacaciones, en los clubs deportivos y en asociaciones para actividades culturales.

 

1.2.- Evaluar la gestión de la Iglesia

Atendiendo al segundo y tercero de los objetivos, en el Informe se reconoce que la actitud de la Iglesia católica ante los abusos sexuales a menores ha evolucionado en los últimos años. Sin embargo, prosigue, durante mucho tiempo “ha procurado, sobre todo, defenderse como institución, mostrando, por ello, una indiferencia completa —e incluso cruel— ante las personas que habían sufrido estas agresiones”.

 

1.3.- Recomendaciones

Finalmente, la Comisión formula 45 recomendaciones sobre la acogida y escucha de las víctimas; la reforma del código de derecho canónico; el reconocimiento de las infracciones cometidas, estén legalmente prescritas o no; la reparación del mal causado; la ayuda necesaria para la rehabilitación; la formación de los clérigos y, sobre todo, la prevención de los abusos.

A estas suceden otras referidas a tesis teológicas, eclesiológicas y de moral sexual por entender que algunas interpretaciones de las mismas han favorecido los abusos y comportamientos análogos.

Desde el primer momento, llamaron la atención las referidas al secreto de confesión y a la obligatoriedad del celibato y, de manera particular, la número 24, en la que se sostiene que el mal de los abusos sexuales a menores es “sistémico”, sobre todo, antes del año 2000: a la luz de los hechos aportados, se argumenta, no se puede decir que esta violencia haya sido organizada o admitida por la institución, sino, más bien, que la Iglesia no ha sabido cómo prevenirla, detectarla y, menos todavía, tratarla con la determinación requerida.

 

2.- Reacciones

Retengo tres, de entre las muchas reacciones provocadas por la publicación de este Informe: la de la Conferencia Episcopal Francesa; la de ocho miembros de la Academia Católica de Francia y la del Papa Francisco con la Curia vaticana y, a título personal, la del padre Federico Lombardi, SJ, portavoz de la Santa Sede durante 10 años.

 

2.1.- La Conferencia Episcopal Francesa

El 6 de noviembre de 2021, los obispos franceses, acompañados por un centenar de laicos —y también por las víctimas invitadas al encuentro de la Conferencia Episcopal que se está celebrando en Lourdes— piden perdón, arrodillados ante la cruz que se encuentra frente a la basílica de Nuestra Señora del Rosario.

La petición de perdón viene acompañada por la creación y puesta en marcha de dos nuevas entidades. La primera de ellas, denominada Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR), tiene la misión de escuchar y acompañar a las víctimas, determinar las indemnizaciones a las que tengan derecho y remitirlas al Fondo de Ayuda y de Lucha contra los Abusos de Menores, el segundo de los organismos,  igualmente creado por la Conferencia Episcopal Francesa, y dotado, a finales de enero de 2022, con 20 millones de euros para afrontar las oportunas compensaciones.

El 24 de febrero de 2022, Marie Derain de Vaucresson, presidenta del INIRR, informaba que, hasta el momento, ascendía a 180 el número de víctimas que habían contactado con dicha Comisión y solicitado la correspondiente reparación. Y, seguidamente, indicaba que, para la mitad de quienes se habían acercado, el dinero no estaba siendo la prioridad. Incluso, señaló, se da el caso de personas abusadas que han solicitado, de manera simbólica, 1 €. Lo que mayoritariamente se busca, apuntó, es hablar sobre lo sufrido y escuchar, a la vez, el arrepentimiento de los victimarios o confrontarse con los responsables religiosos que, en su momento, no quisieron o no supieron escucharlos.

Finalmente, conviene indicar que se han constituido 9 grupos de trabajo temáticos que, coordinados por  Hervé Balladur, tendrán que presentar, para la primavera de 2023, su informe y valoración sobre las recomendaciones de la CIASE, así como sobre lo que estimen oportuno, en colaboración con los religiosos y religiosas y el conjunto de las fuerzas vivas de la Iglesia en Francia.

Es evidente que el objetivo primero de los obispos franceses ha sido el de la escucha, acompañamiento y reparación de las víctimas. Supongo que, una vez culminada esta primera etapa, llegará el tiempo en el que se pida perdón; algo que, para ser creíble, tendría que llevar a una reforma a fondo —cuando no, a una auténtica revolución— de la Iglesia. Pero insisto, es lo que supongo; sin más consistencia que la que pueda presentar algo que aprecio como razonable, en particular, después de haberse constituido estos nueve últimos equipos de trabajo a los que me acabo de referir.

 

2.2.- Ocho miembros de la Academia Católica de Francia

La segunda de las reacciones es la de ocho miembros de la Academia Católica de Francia denunciando, el 25 de noviembre de 2021, las “debilidades metodológicas” del Informe CIASE.

En concreto, critican que la estimación de 330.000 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia francesa resulta de proyectar o “extrapolar”, en los últimos setenta años, los 171 casos de personas abusadas que arroja una encuesta de opinión a 27.808 personas mediante un cuestionario de Internet y cuya veracidad no ha sido comprobada o auditada por otros medios. Procediendo de esta manera y resaltando tal cifra, apuntan, el Informe ha focalizado el interés de los medios de comunicación en dichas 330.000 supuestas víctimas y ha descuidado los 2.738 testimonios recibidos y, al parecer, validados.

Igualmente denuncian que el énfasis puesto en tales cifras, fruto de una “evaluación desproporcionada de esta lacra, alimenta el discurso” de un cambio “sistémico”, tanto pastoral como doctrinal, en la Iglesia católica. Y esto es algo, concluyen, que no es de recibo.

 

El 9 de febrero de 2022, en la web de CIASE se replica a estos ocho miembros de la Academia Católica de Francia acusándolos de “no escuchar los gritos de las víctimas”, de sucumbir “a la trampa del clericalismo”, así como de renunciar a que “algo cambie en la Iglesia”. Y adentrándose en la cuestión más técnica del Informe, J. – M. Sauvé sostiene que las críticas al mismo son infundadas, aportando dos estudios de especialistas en encuestas; uno de ellos, firmado por François Héran, ex director del INED (Instituto Nacional de Estudios Demográficos).

De su lectura, llaman la atención las cautelas sobre las cifras estimadas por la Comisión Independiente de las que se dice que, “aunque frágiles”, “parecen plausibles”. Y, en lo referente a la proyección empleada se sostiene que “para hacer que las estimaciones sean más confiables, sería deseable que, en el futuro, estos resultados sean confirmados por otras encuestas realizando muestras aleatorias” en las que, además, habría que cubrir “toda la población sobre la que se supone que se refieren las estimaciones”. Mientras no se proceda de esa manera, se puede leer igualmente, “no podemos asegurar que no haya un sesgo significativo que afecte a estas estimaciones”, resultando imposible “garantizar” que el método y la selección de los encuestados no presenten “una estructura desequilibrada”.

Persiste, si no me equivoco, una objeción que, metodológica (por el método online empleado), afecta a la credibilidad de la investigación sociológica y a los porcentajes y resultados: el 0,42 de sacerdotes y religiosos abusadores, según los resultados de la encuesta, apuntan los críticos, lleva a reconocer que serían 7 las personas abusadas por cada depredador y a 24.000 las víctimas totales en los últimos 70 años, no a 63 los niños abusados por cada victimario ni, mucho menos, a las 216.000 víctimas menores de edad, la cifra hipotetizada en el Informe de la CIASE.

 

2.3.-El Papa Francisco y la Curia vaticana

La tercera de las reacciones son las procedentes, por un lado, del Papa y de la curia vaticana y, por otra, del padre F. Lombardi, SJ.

 

La respuesta del Papa Francisco, al día siguiente de la publicación del llamado Informe Sauvé, fue expresar su “vergüenza”. Y, con ella, manifestar su disponibilidad para recibir a los miembros de la Comisión investigadora, acompañados por los responsables de la Conferencia Episcopal Francesa y de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia. La fecha de tal audiencia quedaba fijada para la mañana del 9 diciembre. Sin embargo, una vez conocida la crítica de los ocho miembros de la Academia Católica de Francia, la Curia vaticana pospuso tal encuentro, aduciendo para ello que la agenda del Papa debía ser reorganizada tras la finalización, el 6 de diciembre, de su viaje a Chipre y Grecia y no anunciando una nueva fecha.

 

Papa y obispos franceses

Diferente ha sido la reacción del jesuita F. Lombardi, portavoz de la Santa Sede de 2006 a 2016, publicada el 19 de febrero de 2022 en “La Civiltà Cattolica”. No se muestra, en primer lugar, partidario del método de encuesta utilizado por el equipo de investigadores que —dirigido por Nathalie Bajos— admite un margen de error del 5%. Ello quiere decir, observa, que las 216.000 víctimas “oficiales” atribuidas a sacerdotes y religiosos podrían oscilar entre 165.000 y 270.000. A esta preocupante oscilación hay que añadir otras limitaciones e incertidumbres asociadas a cifras, obtenidas a través de encuestas por Internet, múltiples muestras y extrapolaciones significativas a las que me he referido más arriba.

Pero, seguidamente, señala que estas limitaciones no anulan la existencia de una realidad de abuso, tanto en la Iglesia como en la sociedad, que ha sido subestimada hasta ahora y que es mucho más numerosa y grave de lo que normalmente se puede saber por las denuncias. No queda más remedio que sacarla a la luz. Por ello, alaba el “gran coraje” de los obispos franceses “al crear esta comisión, al abrir sus archivos y tomar nota de su trabajo”.

Y refiriéndose a las recomendaciones, señala que hay que tomarlas todas en serio, pero también que se han de evaluar, no aplicándolas de manera indiscriminada. En concreto, manifiesta su conformidad con las que invitan a establecer un mecanismo que brinde justicia restaurativa a las víctimas, independientemente del plazo de prescripción del delito o de la muerte del presunto autor, pero se muestra más crítico con las referidas al secreto de confesión.