Ultimátum al Gobierno: CCOO y UGT no firmarán más acuerdos que no se conviertan en derechos

Los sindicatos exigen al Ejecutivo que antes del 31 de julio apruebe los compromisos pendientes sobre registro horario, salario mínimo y prevención de riesgos laborales. Advierten de que dejarán de suscribir acuerdos que después no tengan reflejo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y reprochan al Gobierno haber marginado el diálogo social en decisiones recientes sobre inflación y vivienda

Fuente:   Noticias Obreras

Por  Abraham Canales

01/07/2026

FOTO | @inclusiongob

La presentación del nuevo fondo de solidaridad para reforzar la negociación colectiva estuvo acompañada de un serio aviso al Gobierno. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon el turno de preguntas para expresar su creciente malestar por el incumplimiento de varios acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social y fijaron el 31 de julio como fecha límite para que el Ejecutivo dé cumplimiento a los compromisos pendientes.

El principal ultimátum se refiere a la aprobación de un sistema efectivo de registro horario mediante un real decreto, una de las medidas que quedó fuera de la ley de reducción de la jornada laboral tras su bloqueo parlamentario, pero que ambos sindicatos consideran que puede desarrollarse sin necesidad de una nueva tramitación legislativa.

También reclaman la regulación comprometida para impedir que determinados complementos salariales puedan absorber las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), así como avances en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“La paciencia ha desbordado el vaso, el cubilete y el cubo”, afirmó Sordo al anunciar el plazo fijado por ambas organizaciones. “O está esto encima de la mesa o que se olviden de nosotros para llegar a este tipo de acuerdos que luego no se concretan en nada”, advirtió.

Para el dirigente de CCOO, el problema ya no es únicamente el retraso en determinadas normas, sino el deterioro de la confianza que provoca negociar acuerdos que posteriormente no llegan a convertirse en legislación.

En esa misma línea, Sordo aseguró que ambos sindicatos no volverán a suscribir acuerdos con el Gobierno que después no tengan traducción normativa. “Si lo que negociamos y acordamos no ve la luz, nosotros no jugamos a ese juego”, señaló.

A su juicio, cuando un acuerdo firmado no se materializa en el BOE “se pierde la confianza en la contraparte”, un elemento imprescindible para que el diálogo social siga siendo una herramienta eficaz.

Pepe Álvarez respaldó ese planteamiento y reclamó al Ejecutivo que asuma una responsabilidad colegiada en el cumplimiento de los compromisos. “El Gobierno tiene que cumplir lo que firma”, afirmó, con independencia del ministerio que haya negociado cada medida.

El dirigente de UGT insistió en que no es aceptable que acuerdos firmados hace meses continúen pendientes de desarrollo mientras se invoca constantemente el diálogo social como una de las fortalezas institucionales del país.

 

Críticas al funcionamiento del diálogo social

Los dos dirigentes sindicales expresaron también su malestar por la forma en que el Gobierno ha gestionado la prórroga de las medidas anticrisis y las iniciativas sobre vivienda. Ambos denunciaron que, tras una primera reunión con los agentes sociales, el Ejecutivo no volvió a convocarlos para concretar las decisiones finalmente aprobadas.

Sordo cuestionó que el Gobierno haya optado por negociar directamente con “los sectores” sin mantener un verdadero proceso de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales. A su juicio, esta forma de actuar desvirtúa el propio diálogo social y reduce la participación de los interlocutores sociales a una consulta inicial sin continuidad.

Álvarez coincidió en esa crítica y recordó que las organizaciones sindicales conocieron las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía. “El diálogo social está muy bien como concepto, pero hay que practicarlo”, afirmó, reclamando al Gobierno una implicación real de sindicatos y patronal durante todo el proceso de elaboración de las decisiones económicas y sociales.

 

La patronal, también en el punto de mira

Ambos dirigentes insistieron en que el otro gran obstáculo para mejorar los salarios sigue siendo el bloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Unai Sordo acusó a la CEOE de estar “desaparecida en combate” y de negarse a impulsar un marco que oriente subidas salariales en todos los sectores, pese al buen momento económico.

El secretario general de CCOO defendió que “no hay una razón económica para que los salarios no suban en todos los sectores” y sostuvo que las organizaciones empresariales recurren a “excusas de mal pagador” para retrasar tanto las mejoras salariales como la implantación de un registro horario efectivo.

A su juicio, una parte del empresariado sigue resistiéndose a mecanismos de control que permitan aflorar las horas extraordinarias no remuneradas y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

 

Registro horario y prevención de riesgos

UGT puso el acento en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Álvarez lamentó la lentitud de su tramitación y recordó que “cuando nos hemos levantado, tres personas no volverán a casa porque morirán en un accidente de trabajo”, una realidad que, a su juicio, obliga a acelerar la actualización de la normativa y a reforzar la prevención de la siniestralidad laboral.

Para ambos sindicatos, la aprobación del registro horario resulta especialmente urgente ante el incremento de la actividad durante los meses de verano en sectores como la hostelería y el turismo, donde consideran que persisten numerosos incumplimientos de la jornada laboral y de las horas extraordinarias.

En su opinión, un sistema efectivo de control horario constituye una herramienta esencial para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y proteger los derechos de las personas trabajadoras.

Aunque ambos dirigentes aseguraron que seguirán apostando por el diálogo social, advirtieron de que la continuidad de ese modelo exige que los acuerdos firmados se traduzcan en derechos efectivos. De lo contrario, la confianza que ha sustentado durante los últimos años el diálogo social en España quedará seriamente erosionada y será mucho más difícil alcanzar nuevos acuerdos.