Denunciar la verdad de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Fuente:   Cristianisme i Justícia

Por   Josetxo Ordóñez Echeverría

06/09/2024

 

Es sabido que uno de los precios que tuvo que pagar el Gobierno español para ingresar en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 fue el de regular la extranjería por vez primera según las directrices de Bruselas. Y fue en la Ley Orgánica de Extranjería de 1985 donde se incorporaron originalmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los CIE son, pues, una importación europea.

Si bien son dispositivos habituales en la Unión Europea y se pueden considerar legales porque están previstos en las leyes, las líneas que vienen a continuación se escriben a partir de la convicción profunda de que los CIE son feroces expresiones de las pésimas respuestas legales a la presencia de personas migradas: la expulsión y el internamiento, y que esta ferocidad («sadismo legislativo y burocrático», la denomina el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli) los convierte en lugares ilegítimos a eliminar de nuestros países, de nuestros ordenamientos jurídicos.

Estas líneas, además, se escriben con la autoridad que confieren más de 13 años de presencia activa y profética en diversos CIE de España (Barcelona, Madrid, Valencia y Algeciras) por parte de equipos de visitantes voluntarias del Servicio Jesuita a Migrantes.

Desde 1985 y, sobre todo, en los últimos 13 años, los equipos constatamos que se han convertido en un elemento más —no siempre el más importante, pero sí uno de los más aflictivos y represivos­— de la política migratoria europea y española. Las alternativas a la privación de libertad que conlleva el internamiento no solo no son implementadas en la práctica por las autoridades, sino que además se hace un uso desproporcionado del internamiento. A través del acompañamiento a las personas internadas, sabemos que los CIE presentan un déficit recurrente e irresuelto en el estado de sus instalaciones, en la precariedad de los servicios (asistencia social, sanitaria y jurídica) y en las constantes situaciones de violencia que se viven en ellos. Son lugares que provocan una continua vulneración de los derechos fundamentales de quienes se ven privados de libertad, sufriendo un trato hostil de la administración.

Esta hostilidad también se refleja en la falta de transparencia e información disponible sobre la gestión de estos espacios, lo que permite la impunidad de determinadas actuaciones muy controvertidas que afectan a los derechos humanos. Los sucesivos informes anuales sobre la situación de los CIE que visita el Servicio Jesuita a Migrantes, las reiteradas recomendaciones y visitas de inspección que realiza el Defensor del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención de la tortura, e incluso las memorias de actuación de la Fiscalía General del Estado o la jurisprudencia menor de los jueces de instrucción en funciones de control de estos centros, manifiestan elocuentemente todos estos elementos polémicos y cuestionables y que son, en el fondo, tan característicos de los CIE y de su funcionamiento.

Todo esto nos habla de un fracaso que cuestiona la legitimidad, la proporcionalidad, la idoneidad y la eficacia del internamiento y de la expulsión como respuestas de la política de extranjería a la llegada y la permanencia de personas migradas.

Además, el papel de los partidos políticos y de los órganos representativos y legislativos, de los organismos públicos de protección de las personas, del control judicial del internamiento y la expulsión, de la incidencia política y social de las organizaciones sociales ha variado en los últimos años. Constatamos hoy, más que en el pasado reciente, un mayor desinterés e indiferencia social, política y mediática sobre la expulsión y el internamiento.

Aunque pensamos en la supresión definitiva de todos los CIE, tanto los actuales, como los reformados o de nueva construcción, y aunque estamos en contra de cualquier modelo de privación de libertad en el contexto migratorio, sabemos que el presente y el futuro próximo no nos llevan en esa dirección.

Hasta ahora, hemos tratado con un modelo de internamiento migratorio de tipo ejecutivo: privaciones cautelares de libertad con plazo máximo de 60 días, con el fin de ejecutar expulsiones o devoluciones ya decididas. Hemos cuestionado el CIE hasta ahora como esa medida a posteriori, como el final del proyecto migratorio de muchas personas con largas historias de arraigo en España: vínculos familiares, redes comunitarias, explotación laboral tolerada por el mercado.

Sin embargo, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo y la batería de reformas de reglamentos comunitarios que el pacto ha comportado nos obligan a un nuevo ejercicio de realidad, de consciencia ciudadana y de rearme social frente al uso indiscriminado, extensivo y preventivo del internamiento, de la expulsión, del rechazo en frontera, de la prohibición de entrada, del asilo simplificado y desnaturalizado. Todo ello, con la coartada del concepto de crisis y del de excepcionalidad migratoria.

La privación de libertad migratoria se diseña como un elemento de criba en frontera, a priori, previo al ingreso en el territorio español o europeo. En ese espacio, se debe decidir si hay razones para otorgar asilo o no, si concurren razones humanitarias para permitir el paso de la frontera. Este proceso puede durar 7 días. Las personas rechazadas como solicitantes de asilo continuarán privadas de libertad hasta 12 semanas más mientras se prepara su expulsión, su retorno forzoso. Si en ese plazo no ha sido verificada la deportación, es posible el internamiento durante 6 meses más. Este modelo utiliza el CIE como inicio del camino, como primera (y quizá, la última) parada del proyecto migratorio de las personas en nuestro territorio.

En este contexto nuevo, los CIE únicamente son un eslabón menor en la cadena. Hoy constatamos la necesidad de abrir el foco, de seguir acompañando el sufrimiento en el internamiento, pero a sabiendas de que los CIE forman parte de una política mucho más deshumanizadora y de una estrategia mayor y total contra las personas migradas.

En conclusión, la experiencia y pericia acumuladas en los últimos lustros nos deben servir de mucho para encarar, en red, los desafíos a los que se enfrentan y nos enfrentamos las personas migradas y racializadas. Una experiencia acumulada para acompañar, servir y defender personas y procesos en los lugares en que se exacerbarán las fronteras hostiles y los controles férreos: aeropuertos, puertos, comisarías, juzgados y tribunales, transportes y servicios públicos, mercado laboral y de mano de obra, mercado financiero y económico. Y, también y todavía, los CIE.