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Origen: france24
24/09/2020
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Miembros de organizaciones sociales que buscan la aprobación de la ley de reparación integral para víctimas de conflictos armados, se manifiestan contra el bloqueo militar a la investigación de la masacre de El Mozote, el 23 de septiembre de 2020 en San Salvador MARVIN RECINOS AFP
La decisión de los militares de El Salvador de impedir que un juez revisara archivos sobre la masacre de El Mozote de 1981 que dejó casi 1.000 muertos en el marco de la guerra civil (1980-1992), desató una ola de indignación entre familiares de las víctimas y organismos humanitarios.
"Estamos indignados con esa situación" de obstrucción al trabajo del juez, declaró a la AFP el vicepresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, José Vigil, de 66 años, quien perdió a dos hermanos, primos y tíos en la masacre.
El juez Jorge Guzmán, del tribunal de la ciudad oriental de San Francisco Gotera, fue impedido de acceder el lunes pasado a los archivos del Estado Mayor castrense para buscar información relacionada con la masacre, la más sangrienta de las últimas décadas en América Latina.
"No queremos más impunidad. La verdad es que nos han tratado de borrar del mapa", lamentó Vigil.
La negativa de los militares a colaborar con la investigación "fue un golpe para mí y para todas las víctimas", comentó a la AFP Dorila Márquez, de 64 años, quien perdió a sus padres, dos hermanos y a casi un centenar de parientes en la masacre.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil del país centroamericano, y ordenó medidas de reparación.
Este miércoles, el ministro de la Defensa, contraalmirante Francisco Merino, aseguró a una radio local que "nosotros no hemos negado la información".
"Cada vez que se nos requiere información referente a ese caso (El Mozote) nosotros ordenamos a las instancias correspondientes que busquen la información que exista (...) y se la entregamos bajo una certificación", dijo.
Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, criticó al presidente Nayib Bukele, quien se había comprometido a colaborar con las investigaciones sobre la matanza, pero "evidenció que no hay voluntad para que la población conozca la verdad".
- Sobre la Constitución -
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), sacerdote José María Tojeira, destacó que "la Fuerza Armada se considera a sí misma como una institución por encima de la Constitución del país".
En se sentido, dijo, "no es raro" que el mando militar "rechace la orden de un juez, que es legítima teniendo en cuenta la Constitución".
"El ejército demostró institucionalmente lo que veíamos en el día a día: que prefieren la impunidad y la negación de la verdad frente a cualquier intento de caminar hacia la justicia", reflexionó Tojeira.
Para el coordinador de la oenegé Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, bajo el gobierno de Bukele las fuerzas armadas han ganado poder, por eso "se burlan del juez, del sistema de justicia y de las víctimas".
A las voces críticas se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó "la obstrucción del Ministerio de Defensa de El Salvador a la inspección ordenada por el juzgado".
La guerra civil salvadoreña dejó más 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
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