lunes, 28 de noviembre de 2022

CEI-abusos: dar a las cosas el nombre correcto

Parece que la parábola de décadas de abuso sexual en la Iglesia Católica está regresando como una especie de punto cero.

Fuente:   settimananews

Por: Marcello Neri

25/11/2022


Si los informes del Boston Globe habían abierto un agujero en el silencio sistémico y cómplice de la institución eclesial y en la asombrosa incredulidad de la sociedad civil, en los años siguientes, más constreñida que por la laboriosidad virtuosa, toda una serie de Iglesias locales se habían encargado de arrojar luz y abrir investigaciones sobre el abuso sexual de menores y personas vulnerables dentro de ellas. Entendiendo que, para hacer esto, no podrían hacerlo ellos mismos.

Primero colaborando con comisiones públicas ad hoc (como la Comisión Real en Australia), luego confiando a comisiones externas, equipadas con la experiencia adecuada en el campo, una excavación específica en este oscuro abismo de la vida eclesial (como en Alemania y Francia, solo por mencionar los casos más cercanos a nosotros).

 

Déjate decir la verdad

Por supuesto, no era una parábola lineal: muchas vacilaciones, insuficiencias y siempre una fuerte tentación de hacer todo en casa, protegido de miradas externas, considerado inapropiado, si no francamente dañino.

Excepto entonces para darse cuenta de que una interlocución y colaboración con el mundo extraeclesial era decisiva. Aunque solo fuera porque, careciendo de esto, el Estado comenzó a moverse de forma autónoma para hacerse cargo de lo que también pertenecía a la Iglesia (como en España).

A pesar de esto, una mirada diacrónica puede captar un desarrollo que va desde la revelación brutal hasta hacerse cargo de las responsabilidades de uno, abriendo los archivos y espacios a otra mirada sin prejuicios.

Fue una salida del secreto eclesial que rodeaba y protegía los delitos de abuso sexual de menores y personas vulnerables, validado por el hecho de que se colocó en manos diferentes a la autoridad que había ejercido, y continúa ejerciendo, la posibilidad de tal secreto. Iglesias locales, estas, que poco a poco aprendieron que el mundo podía abrirles vislumbres y procesos evangélicos que de otro modo habrían permanecido inaccesibles.

 

El estilo italiano

La posición de la CEI sobre el asunto representa una ruptura con esta historia: tomar la decisión de mantener firmemente en manos de los obispos la barra de balsa que se mueve en la tormenta de abuso sexual que ha sucedido y sigue sucediendo también en nuestra Iglesia italiana.

Ejercer un poder selectivo episcopal, sin verificación externa, respecto a la documentación a la que puedan acceder los colaboradores llamados a realizar este tipo de encuestas internas. El cacareado informe de los casos italianos que han llegado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe responde también a este principio de exclusividad episcopal.

Al estructurar el llamado "camino italiano", se ha prestado poca atención a quienes trabajan acompañando a las personas abusadas en y por la Iglesia, y aún menos se ha escuchado la palabra rota de vidas marcadas para siempre por la violencia sufrida a manos del personal eclesial (sacerdotes o laicos).

Voces y palabras que podrían haber sugerido un enfoque diferente, con el que al menos era necesario confrontar y dar cuenta públicamente de las elecciones que no las seguían. Es inevitable crear un ambiente general donde solo resuene el eco cacofónico de un monólogo, en el que uno cree escuchar una voz diferente que, sin embargo, es solo el lejano retorno de la propia.

No se necesita ningún retroceso, y mucho menos una traición a la naturaleza secular de nuestro tiempo, para llegar a esta conclusión.

De hecho, las palabras del "Primer informe del CEI sobre la red territorial para la protección de menores y personas vulnerables" lo ponen en blanco y negro: "El objetivo de la encuesta era verificar el estado de la cuestión en el período de dos años 2020-2021 con respecto a la activación del Servicio Diocesano o Interdiocesano para la protección de menores, de los Centros de Escucha y del Servicio Regional para la protección de menores en las diócesis italianas. La presente encuesta pretende ofrecer una herramienta cognitiva a la Conferencia Episcopal Italiana para implementar acciones para la protección de menores y personas vulnerables en las diócesis italianas" (p. 4).

El cliente y el destinatario del Informe coinciden perfectamente entre sí, una indicación de un círculo vicioso que corre el riesgo de mantener bajo control incluso los esfuerzos más sinceros de nuestros obispos.

Que esto pueda ser admitido con tanta franqueza en un texto que debería ser la piedra angular del "camino italiano" al hacerse cargo del abuso sexual de menores en nuestra Iglesia, revela un "punto ciego" estructural del episcopado italiano sobre el tema.

A esto se añade un rechazo polémico de los caminos tomados por otras Iglesias locales: "No constituiremos una sola comisión nacional compuesta por personas que no saben nada sobre la vida de la Iglesia y que se definen como objetivas solo porque no son obispos, sacerdotes o creyentes (...). Este método ha producido daños en otros lugares y no debe ser imitado" (Mons. L. Ghizzoni).

Aparte del hecho de que esto es también una caricatura de la propia Comisión francesa Ciase, ¿realmente no hay nada que aprender de las experiencias anteriores llevadas a cabo por las Iglesias en otros países? Y luego: ¿cuáles son los daños creados que la Iglesia italiana quiere evitar? ¿Y no debería la preocupación por estos posibles daños que una Iglesia puede sufrir pasar a un segundo plano frente al daño irreparable que ha causado a los cuerpos y almas de las víctimas de abusos?

Hace unos meses, de nuevo el jefe del Servicio Nacional del CEI para la protección de menores había dicho, en una entrevista con La Croix, que "las cifras nos interesan poco, si no para hacer prevención. Queremos un análisis cualitativo y no cuantitativo, para conocer nuestras fortalezas y debilidades".

 

El primer Informe CEI

Por el momento, esta perspectiva sigue siendo un deseo, dado que el Primer Informe es sustancialmente una recopilación de datos estadísticos, de los cuales, por supuesto, podemos deducir fortalezas y debilidades del sistema eclesial italiano de prevención y protección, pero que permanecen en este momento exactamente en ese nivel cuantitativo que se afirma que es secundario.

Si entre las fortalezas podemos encontrar el compromiso con la formación, especialmente en las áreas pastorales, y el de sensibilización sobre el tema del abuso infantil, como las habilidades profesionales de los referentes y equipos diocesanos, entre las debilidades debe notarse sobre todo la falta a nivel de "relaciones con asociaciones no católicas, autoridades locales, asociaciones y otros representantes de la sociedad civil, tanto desde el punto de vista de la comunicación como de la organización" (p. 25).

En resumen, poco trabajo se hace e interactúa con el espacio público y sus instituciones, casi como si la autorreferencialidad de los líderes episcopales recayera inevitablemente en las mismas prácticas en el campo.

También a nivel cuantitativo, el Informe muestra igualmente una falta de diálogo y colaboración de los diversos sectores diocesanos de protección de menores con los movimientos y asociaciones católicas, por un lado, y con la vida religiosa, por otro.

Especialmente en lo que se refiere a una planificación común y formas de intervención compartidas entre la dimensión diocesana y la vida religiosa, la Iglesia italiana tendría mucho que aprender de otras experiencias en el extranjero, en primer lugar de esa Francia que, con su Comisión Ciase, es vista como humo y espejos por la CEI.

Si los servicios diocesanos e interdiocesanos activados cubren todo el territorio eclesiástico nacional, todavía hay 90 Centros de Escucha, que son el lugar de encuentro con las víctimas y de posible recogida de cualquier queja a la autoridad eclesiástica.

A diferencia de los Servicios, la sede de la mayoría de los Centros (74,4%) no está en la Curia diocesana y la figura del responsable está cubierta por un laico (70 centros de 90, de los cuales 60 son mujeres) – con habilidades prevalentes en los campos psicológico, educativo y jurídico. El 83,3% de los Centros de Escucha son asistidos por un equipo con diversas habilidades profesionales relacionadas con el tema del abuso y su prevención.

"En el período de dos años bajo revisión, el número total de contactos registrados por los Centros de Escucha ascendió a 86, de los cuales 38 contactos en 2020 y 48 en 2021" (p. 30). La mayoría de los primeros contactos se realizan por teléfono (55,2%) y por correo electrónico (28,1%) -sobre esto hay que tener en cuenta que fue un periodo aún marcado por las restricciones debido a la pandemia-.

Las principales razones de estos contactos fueron: queja a la autoridad eclesiástica (51 casos); solicitud de información (20 casos) y asesoramiento (15 casos); sospechosos (10 casos). El número de "presuntas víctimas" (cf. pp. 32-33) para el período de dos años 2020-2021 es de 89 personas (73 entre 5 y 18 años, 16 mayores).

En cuanto al "tipo de presunto delito de abuso denunciado" (p. 32), se denuncian conductas y lenguaje inapropiados (30,4%), tocamientos (26,6%), acoso sexual (16,5%), relaciones sexuales (11,4%). "Los presuntos delitos denunciados se refieren principalmente a casos recientes y/o actuales (52,8%) y, por la diferencia, a casos pasados (47,2%)". De estos últimos, que siguen siendo casi la mitad de los informes, no se da ninguna indicación temporal con respecto al momento en que se habría producido el abuso.

En cuanto al "perfil de los presuntos delincuentes [son] sujetos con edades comprendidas entre 40 y 60 años, en más de la mitad de los casos" (p. 33), una segunda cohorte de cierta importancia es la que oscila entre los 18 y los 40 años (27,9%). En general, la mayoría está compuesta por clérigos (44,1% de los casos), seguidos por laicos (33,8%) y religiosos (22,1%). Tampoco en este caso es posible rastrear información sobre casos de abuso que ocurrieron en el pasado.

De cierta importancia es el porcentaje de laicos involucrados, aparentemente más alto que el encuestado en otros países (un hecho debido, probablemente, tanto a la particularidad italiana de la amplitud del servicio de los laicos en las actividades pastorales, como al hecho de que se trata de actividades voluntarias y, por lo tanto, los temas involucrados no entran en la categoría genérica de "personal eclesial" utilizado en otras relaciones).

En cuanto al acompañamiento de las víctimas, los Centros de Escucha, "a partir de las necesidades expresadas por ellas" (p. 35), ofrecieron las siguientes posibilidades: información y actualizaciones sobre el procedimiento del caso (43,9% de los casos); reunión con el Ordinario (24,6%); vía de apoyo psicoterapéutico (14%); acompañamiento espiritual (12,3%).

"También se han ofrecido servicios de acompañamiento especializados a los autores de presuntos delitos de abuso, a partir de la inclusión en la comunidad de acogida (7 casos de 21) y de una vía de acompañamiento psicoterapéutico (8 casos)" (p. 36) – nada se dice sobre los 6 casos restantes.

Por muy necesario que sea este servicio de apoyo para los abusadores, sorprende el paralelismo de la oferta de acompañamiento que une a víctimas y depredadores –y la falta de cualquier indicio de contacto con las autoridades judiciales–.

 

Lo que falta

Es con estos datos cuantitativos y estadísticos que el Primer Informe del CEI cierra sustancialmente. La honestidad de su título (que tiene por objeto la red territorial para la protección de menores y personas vulnerables), no corresponde a una transmisión mediática pública y eclesial que pretendía en cambio hacerla pasar como un Informe sobre el abuso en la Iglesia italiana. Esto se compara especialmente con lo que han producido hasta ahora otras Iglesias locales en Europa y en el mundo.

Hay demasiadas deficiencias para hacer de este texto un verdadero informe. En primer lugar, falta la voz y la experiencia de las víctimas. Un informe sobre el abuso sexual en la Iglesia italiana no puede construirse solo sobre "hechos reales" (Ghizzoni), sino que debe incluir, como estructura narrativa básica, también las experiencias de las personas afectadas por la violencia del abuso en la Iglesia y la de la Iglesia en su gestión de ellos hasta hoy.

Lo que falta, entonces, es la historia – toda aplastada como está en el presente, considerada casi como la única piedra angular en vista de las buenas prácticas de prevención – y por lo tanto cualquier posibilidad de periodización del fenómeno del abuso sexual en la Iglesia italiana.

En ausencia de historia, no hay lectura de las causas estructurales, de las mentalidades congénitas, de las prácticas eclesiásticas, que hicieron posible los abusos, su ocultamiento, la complicidad de la institución con actos que son crímenes y, por lo tanto, no pueden limitarse únicamente a la jurisdicción eclesiástica.

Es difícil imaginar una prevención eficaz sin esta inteligencia de la propia historia de culpabilidad (incluida la criminal), sin alguien que la ponga ante la CEI y toda la Iglesia italiana.

Quienes acompañan a las víctimas de abusos, y más aún quienes los han experimentado en la Iglesia Católica, conocen muy bien los mecanismos engorrosos y de autoprotección que protegen a la institución, hasta el punto de legitimarla en la creación de la nada de lo falso como afirmación de la verdad. El riesgo de la Iglesia italiana es contarse a sí misma una hermosa historia de asunción de responsabilidad, que sin embargo tiene poco o nada que ver con las experiencias de las víctimas.

También hay una falta de percepción de las consecuencias para las víctimas cuando una Iglesia local no da el nombre correcto a las cosas: es decir, sufre una violencia adicional y más dramática. Exactamente porque no fueron escuchados en la construcción de la arquitectura de la "manera italiana" para abusar en la Iglesia.

Que un informe pueda definirse como insatisfactorio o insuficiente es parte del juego de las cosas, que puede utilizarse para mejorar los procedimientos y las prácticas. Pero cuando las víctimas sienten que un informe es una violencia repetida, estamos en el umbral de un punto de no retorno.

Ante todo esto, la ausencia del presidente del CEI en la presentación de un informe cuyo destinatario es el propio CEI, no fue más que una contradicción reveladora de un camino que comenzó demasiado tarde y que, por el momento, parece aferrarse a los números que decir de la singularidad del caso italiano frente a las otras Iglesias que se han embarcado en este camino.

Todo lo que queda es esperar algo que realmente merece el nombre de "análisis cualitativo", posible solo a partir de la narración de las experiencias de las víctimas y de una seria investigación histórica, jurídica y teológica.

 

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