Una autofinanciación muy discutible

Xabier Larramendi, en NdG

Somos miembros de nuestra Iglesia diocesana, pero resulta descorazonador comprobar que quienes gobiernan nuestra Diócesis cuentan realmente poco con nosotros, hombres y mujeres de base, sin otro cargo ni interés que tratar de vivir el Evangelio, colaborar en la vida de nuestras comunidades cristianas y participar en diversas iniciativas sociales. Lo decimos ante las noticias que nos llegan acerca de la transformación en edificios hoteleros tanto del Obispado, ubicado en el barrio donostiarra de Gros, como de la hasta ahora residencia de los obispos y sacerdotes jubilados y de la librería diocesana Idatz, en Urdaneta 10. Por lo que se ve, solo en el Obispado va a construirse un aparthotel con 26 habitaciones. Junto a esto, el obispo José Ignacio Munilla y su equipo de colaboradores están procediendo a la venta de diferentes pisos en Donostia y en otros lugares de la Diócesis, suprimiendo parroquias en las cuales se pretende hacer operaciones inmobiliarias. En Teledonosti, donde Munilla colabora con un espacio mensual, adelantaba el pasado 15 de noviembre que han vendido ya, por ejemplo, dos “pisos importantes” en las calles Legazpi y Marina, hasta ahora destinados al servicio de Misiones. También se ha publicado que hay un proyecto de demolición de la parroquia de Todos los Santos de Intxaurrondo para construir una residencia para mayores cuyo presupuesto es superior a 4 millones de euros. Ello no deja de suscitar serios interrogantes. ¿Cuántas operaciones inmobiliarias más habrá en marcha? ¿Por qué no hemos sabido nada hasta ahora, cuando está todo “cocinado”, de ellas y de otras posibles? ¿Quiénes son los constructores que van a participar en su ejecución? Se dice que en el proyecto de la residencia de Intxaurrondo, Munilla cuenta con un inversor privado pero, ¿de quién se trata en realidad? ¿Para cuántos años se van a hipotecar estos edificios emblemáticos de nuestra Diócesis? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Estará de acuerdo el próximo obispo con todo esto? Somos personas de a pie pero no tan ingenuos como para tranquilizarnos con la indicación de que para cualquier duda ahí tenemos el “portal de transparencia abierto dentro de nuestra web”, la web del Obispado. El vicario Juan Mª Olaetxea sabe que las webs, como el papel, lo aguantan todo. Y, además, poca “transparencia” se puede deducir de ella.

Por otro lado, es curioso observar los conceptos que tanto el obispo como su vicario y estrecho colaborador —como se concluye de su artículo Autofinanciación sostenible de la Diócesis— utilizan para justificar todas estas operaciones que afectan seriamente al patrimonio diocesano. Desde luego, la palabra más usada por ambos es “rentar”, una palabra que apenas ha sido empleada en nuestro lenguaje eclesial y diocesano hasta ahora. Y junto a “rentar”, expresiones como “reestructuración patrimonial”, “autofinanciación” o asegurar unos “ingresos sostenibles”. Merece la pena hacer una atenta lectura de texto.

Los conceptos mencionados son apuntalados con una serie de razones. Según ellos, se trata de “vender un patrimonio eclesial que ha quedado en desuso”, que actualmente no necesitamos o que está infrautilizado; es cuestión de “concentrar nuestros recursos y organizarnos de una manera más austera”; de “obtener unos ingresos sostenibles con los cuales podamos seguir manteniendo todo el patrimonio artístico y religioso de Gipuzkoa”, dado que ha habido un “fuerte descenso de la ayuda institucional” —la de la Diputación, sobre todo— para patrimonio; es cosa de “cumplir con el mandato que nos dieron las personas que con sus legados y aportaciones pusieron ese patrimonio en nuestras manos”; que los beneficiados serán “las pequeñas parroquias de Gipuzkoa que no tienen medios para sostenerse”. Creemos que todas estas ideas forman parte de la retórica justificativa destinada a blanquear sus proyectos inmobiliario-hoteleros ante la Iglesia y sociedad guipuzcoana. Y para avalar todas estas operaciones presentan la postura favorable del Consejo Presbiteral. Lo que no dicen es que convocaron una reunión extraordinaria de este Consejo en pleno verano, estando una parte importante de vacaciones, logrando solamente la adhesión de diez sacerdotes, ya que los otros cinco se abstuvieron. ¿Puede acometerse una reestructuración patrimonial de esta naturaleza contando solamente con el apoyo de diez sacerdotes adeptos que giran en la órbita de Munilla? ¿Y las laicas y laicos y el llamado Pueblo de Dios? Fuera de juego, como ocurre frecuentemente. Mientras, no tienen empacho en pedir nuestra colaboración porque “somos una gran familia contigo”. Buen número de laicos y cristianos de Gipuzkoa tenemos la firme convicción de que el obispo Munilla, el vicario Olaetxea y otros vicarios subalternos viven en una “burbuja” y esta, concretamente, puede explotarles en sus manos.

Asimismo, creen, según dijo Munilla en Teledonosti justamente al día siguiente de ser publicado el escrito mencionado del vicario Olaetxea, que todo esto, “bien explicado” no solo es “asumible” sino “deseable”. Como si una estrategia comunicativa hiciera bueno algo injustificable a la luz de Evangelio. Después de estos casi nueve años de episcopado, parece que nos toman por crédulos, inmaduros y hasta faltos de vergüenza y de sentido crítico. No nos conocen. Es incomprensible cómo pueden sentirse tan dueños y señores del patrimonio diocesano y que en sus bocas no aparezca ninguna razón de tipo pastoral y evangélico. ¿Dónde queda aquel “no sea así entre vosotros” de Jesús? ¿Algún creyente se imagina a Jesús organizando la rentabilidad de su grupo con estas operaciones financieras? Resulta escandaloso. ¿Y cómo pueden hacer todo esto si va frontalmente en contra de lo que está planteando el actual Papa Francisco? Precisamente, recientemente ha tenido lugar en Roma un congreso sobre la cesión de las iglesias, su reutilización eclesial y la gestión de los bienes culturales, donde Francisco ha ofrecido una serie de criterios de gran interés, que Munilla y los suyos parece que quieren ignorar.

El Papa ha querido dar una expresión social al patrimonio y a los bienes eclesiales que, siendo parte del culto cristiano, instrumentos de evangelización y testigos de la fe de la comunidad que los ha producido a lo largo de los siglos, son, a la vez, destinables a las actividades caritativas de la comunidad eclesial. Pone como ejemplo ilustrativo e inspirador la pasión del diácono mártir romano Lorenzo, que habiendo recibido la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, llevó ante el juez a los pobres que habían alimentado y vestido con los bienes recibidos en limosnas. Francisco dice: “Esto constituye una enseñanza eclesial constante que, si bien inculca el deber de protección y conservación de los bienes de la Iglesia, y en particular de los bienes culturales, declara que en caso de necesidad deben servir al mayor bien del ser humano y especialmente al servicio de los pobres”. Y no tiene desperdicio lo que afirma al final de su mensaje: “Las decisiones concretas y últimas tocan a los obispos, pero a ellos recomiendo encarecidamente que cada decisión sea el resultado de una reflexión coral llevada a cabo dentro de la comunidad cristiana y en diálogo con la comunidad civil.” Y concluye que “la cesión jamás debe llevarse a cabo con escándalo de los fieles” y “debería ir precedida de una información adecuada y ser lo más posible compartida”. Ciertamente, nada más lejos de lo que viene ocurriendo en nuestra Diócesis.

La actuación del obispo Munilla y de su equipo está en las antípodas del Papa Francisco que propone una orientación social de los bienes eclesiales que podría beneficiar a tantas personas solas, sin hogar, sin papeles, refugiados e inmigrantes que buscando un futuro mejor en Europa, se encuentran con una frontera cerrada para ellos y se verán obligadas a comenzar una nueva vida entre nosotros. Esto, al contrario que el afán de buscar dinero a tiempo y a destiempo, sí sería evangélico y nos haría más pobres y austeros.