Christine Delphy y Raphaël Liogier[1]
“En 1905, la laicidad consistía
en la separación entre el Estado y los diferentes cultos. Hoy, es una frontera
entre lo que afecta a lo íntimo (que debe
ser protegido) y lo que pertenece a la esfera pública (que debe ser preservada)”.
Con estas palabras, François Hollande marcaba el “itinerario” del Observatorio
de la Laicidad,
erigido el 5 abril con el objetivo de asesorar en la elaboración de
futuras leyes. Al proponer semejante concepción, alteraba sustancialmente el
principio de laicidad, recurriendo a una noción ambigua, desconocida tanto en
los textos legales franceses como en los internacionales: el de “intimidad”.
Diríase que se limitaba
a seguir una determinada sensibilidad actual para la que las convicciones
religiosas sólo pueden expresarse libremente en el ámbito “privado” y, mejor
todavía, en la esfera “ultra-privada” de “lo íntimo”. La persona religiosa
tendría que ser confinada al espacio de lo íntimo, al ámbito de lo oculto, que acabaría
yuxtaponiéndose al conjunto de los “espacios públicos”: las empresas, las asociaciones,
los almacenes, las calles…
Asumiendo los dos
sentidos del término “público” (servicio del Estado o espacio de todos), se ha
buscado, durante estos últimos años, exigir a los ciudadanos de a pie una
neutralidad que sólo es exigible a los agentes del Estado (en esto consiste la
aportación francesa a la concepción de la laicidad). ¡Si las opiniones no
pueden expresarse en público, habrá que cerrar las salas de reunión, los
lugares de culto, prohibir las reuniones en los cafés, los mítines!
Son estas libertades
fundamentales las que los gobiernos de Chirac a Hollande, pasando por el de Sarkozy,
han atacado y siguen atacando, con guante blanco, pero con un punto de mira
claro: los musulmanes y, sobre todo, las musulmanas, cuya vestimenta habría que
controlar en las instituciones públicas, en las empresas particulares y, dentro
de muy poco, en sus mismas casas. Que las tales estupideces filosóficas y
jurídicas pasen desapercibidas, es algo que sólo puede explicarse por la
existencia una crisis social de mucho mayor calado en la que los gobernantes
prefieren apoyarse, sin molestarse en comprender sus resortes.
Por ello, se recurre a
la necesidad de “clarificar la laicidad”, como si los textos fueran “difíciles
de interpretar”. Después del affaire Baby-Loup, existiría, se dice, un “vacío
jurídico”. Sin embargo, el artículo 9 de la Convención Europea
de Protección de los Derechos Humanos es meridianamente claro: “toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como
la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las
prácticas y la observancia de los ritos”.
Permitir la libertad de
conciencia y de expresión sólo en privado equivale a abolirla. Es en público donde
necesita ser protegida, porque en “la intimidad”, ante usted mismo ¿quién puede
impedirle expresar sus creencias? Asistimos a una deriva autoritaria, a una
especie de totalitarismo que se está colando suave y silenciosamente por la
puerta trasera.
Es así como los políticos
“surfean” sobre esta “mayoría” de franceses agobiada por las dificultades
económicas y que parecen responsabilizar a los musulmanes de la pérdida de su
identidad “nacional”, incluso racial. Pero ¿cuáles serán las consecuencias de
esta nueva vuelta de tuerca contra poblaciones discriminadas, diariamente, por
leyes liberticidas desde 2004? Nadie quiere tener en cuenta su exasperación
creciente, como si se tratara de simples daños colaterales.
Se dice defender la
cohesión social, cuando, en realidad, se la está debilitando. Y la verdad es
que nada parece capaz de parar esta deriva demagógica que los poderes públicos
están desplegando en el marco de una atmósfera de crisis económica e identitaria.
Y, justamente, cuando el aparato del Estado parece tratar de imponer un orden
moral bajo el pretexto de nueva laicidad, son las empresas privadas las que afrontan
las cuestiones (religiosas o no) respetando el espíritu y la letra de 1905. ¡Qué
ironía que sean ellas, precisamente ellas, las que están dando esta lección de
respeto a los principios republicanos!
[1] Christine Delphy es
directora de Investigaciones Sociológicas, CNRS. Raphaël Liogier es profesor en
Sciences-Po Aix-en-Provenza. Su último libro es “Le Mythe de l’islamisation
(Seuil, 2012). A primeros de septiembre de 2013 se pondrá a la venta “Le
populisme qui vient”, en Éditions Textuel.
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